El Gobierno vasco niega el traslado al módulo de mujeres a un preso trans condenado por intentar matar a su pareja
Cambio en el Registro
Los hechos se remontan a 2022, cuando, antes de registrarse como mujer, roció a su novia y la prendió fuego en presencia de la hija de ella

Entrada del centro penitenciario de Zaballa, en Nanclares de la Oca, Álava.

Un hombre que en abril de 2022 trató de matar a su pareja en Bilbao no será trasladado a un módulo de mujeres, a pesar de que recientemente ha formalizado su cambio de género y de nombre en el Registro Civil. El Gobierno vasco ha denegado este traslado, aludiendo al marco normativo y, especialmente, a la “naturaleza del delito cometido”: el condenado trató de matar a su novia prendiéndole fuego y quemando también la lonja-vivienda en la que residían.
Los hechos se remontan al 30 de abril de 2022. Aquel día, de madrugada y después de una fuerte discusión, el condenado entró en la habitación de su pareja, de 27 años, y, después de separarla de su hija -una niña de dos años fruto de una relación anterior-, la roció con un acelerante en la parte superior del cuerpo. Segundos más tarde, el condenado abandonó la lonja con la hija de su víctima en brazos y con parte de las pertenencias de su pareja, a la que había conocido unos meses atrás. La mujer logró salir de la lonja, aunque después permaneció más de 50 días en coma y ha sufrido importantes secuelas.
El Supremo consideró probado que el condenado intentó asesinar a su pareja
El hombre fue condenado por la Audiencia de Bizkaia a 18 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco y la atenuante de alteración psíquica. Además, se le condenó a 2 años y 4 meses por un delito contra la Administración de Justicia y a 1 año adicional por un delito de descubrimiento de secretos, al acceder a información de la víctima tras apoderarse de su teléfono móvil durante el incendio. Las condenas suman en total más de 21 años.
El Tribunal Supremo ratificó en octubre de 2025 la sentencia dictada por la Audiencia de Bizkaia, que consideró probado que el condenado intentó asesinar a su pareja al provocar de forma intencionada un incendio en la vivienda en la que residían, situada en el barrio bilbaíno de Atxuri.
El condenado ingresó inicialmente en la prisión de Basauri y fue trasladado posteriormente al centro penitenciario de Zaballa, en Álava. Mientras, el cambio de género y de nombre en el Registro Civil se ha producido en los últimos meses, después incluso de que la sentencia fuese firme (desde el pasado octubre). Este elemento ha sido tenido en cuenta en la valoración del caso.
Asimismo, la solicitud para cambiar al módulo de mujeres se produjo nada más registrarse el cambio en el Registro Civil, de manera que también se ha producido en los últimos meses.
El Gobierno vasco ha señalado que desde 2023 cuenta con una instrucción penitenciaria sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas transexuales en el ámbito penitenciario, basada en la normativa vasca de reconoci miento de derechos de este colectivo. “Esta instrucción establece que las personas privadas de libertad deben ser tratadas conforme a su identidad de género y permite solicitar el ingreso en módulos correspondientes al género con el que se identifican, sin exigir requisitos médicos o quirúrgicos”, han indicado.
En la decisión ha pesado que el cambio en el registro tuvo lugar una vez condenado
La propia instrucción, no obstante, contempla límites y excepciones. En concreto, establece que la Junta de Tratamiento debe analizar cada solicitud de forma individual, teniendo en cuenta la actividad delictiva, el historial penal y, especialmente, si la persona ha sido condenada por delitos de violencia de género o delitos sexuales contra mujeres o menores.
Con base a estos criterios y teniendo en cuenta que el cambio de género ha sido posterior al delito, el Departamento vasco de Justicia ha confirmado que la solicitud ha sido rechazada por tratarse de una condena por un delito de extrema violencia contra su pareja, encuadrado dentro de la violencia de género. A través de esta decisión también buscan “garantizar la seguridad y la convivencia en el entorno penitenciario”.

