El alcalde de Camarles pasa de investigado a testigo en el caso de pagos irregulares a proveedores
Ayuntamiento
Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona cuantificó el fraude en 700.000 euros
Fachada principal de los juzgados de Tortosa.
El juzgado de instrucción número 2 de Tortosa ha retirado la condición de investigado al alcalde de Camarles, en el Baix Ebre (Tarragona), Joan Curto, en la investigación del caso de los presuntos pagos irregulares a proveedores del consistorio y le ha citado como testigo.
El Ayuntamiento que presentó la querella, Curto era uno de los tres investigados, junto a la secretaria municipal y el tesorero, que declararon ante la magistrada este miércoles.
Según fuentes del caso, el antiguo tesorero ha reconocido sólo algunas de las operaciones que se investigan y la interventora ha defendido los salarios cobrados.
El informe del Servicio de Asistencia Municipal (SAM) de la Diputación de Tarragona había cuantificado el fraude en 700.000 euros.
La interventora y el tesorero del Ayuntamiento de Camarles comparecieron ante la magistrada este miércoles como los dos únicos investigados por la querella que ha presentado el consistorio por los delitos de malversación, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios. Ambos contestaron a todas las partes en esta declaración de las diligencia previas del caso.
Los supuestos pagos irregulares fueron detectados a finales de 2024. El Ayuntamiento solicitó un informe al Servicio de Asistencia Municipal (SAM) de la Diputación de Tarragona que cuantificó en 700.000 euros las operaciones ilícitas. Se están investigando facturas cobradas indebidamente con cheques al portador y excesos salariales, o la externalización del servicio de nóminas a una gestoría vinculada al entorno familiar del tesorero.
El tesorero, que ya admitió “verbalmente los hechos”, reconoció algunas de estas operaciones irregulares, pero la interventora se desvinculó de las irregularidades detectadas por la Diputación. Defendió que los importes cobrados se ajustaban a la normativa y estaban en conocimiento de los concejales.