La comunidad educativa de la Comunidad Valenciana despertaba ayer con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la orden que regula la consulta a las familias de elección de la lengua base, que finalmente se realizará entre el 25 de febrero y el 4 de marzo. “Nuestro objetivo es que sean las familias quienes decidan la carga de un idioma u otro, y no la Administración”, decía ayer el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.
No lo ven igual los sindicatos, que preparan recursos a la orden con los que esperan se paralice una consulta criticada también por la oposición. CCOO-PV confirmaba ayer que ultima los detalles de un recurso contra la orden por “sus graves impactos negativos que va a ocasionar al sistema educativo valenciano, así como por la vulneración de los derechos lingüísticos y educativos del alumnado”; y pedía a la comunidad educativa que elija el valenciano en la próxima votación.
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De igual manera, preparando recurso judicial, recibía UGT-PV la orden, que considera desautoriza al profesorado y vulnera tanto “el derecho de los alumnos a ser competentes en ambas lenguas como la obligación de los poderes públicos de promover el valenciano, que es la lengua minorizada”.
Al respecto, Rovira explicaba estos días que “la Conselleria es absolutamente neutral en un proceso en el que lo importante es que las familias voten en libertad la lengua que quieran”, al tiempo que recordaba a los centros que “tienen la obligación de guardar imparcialidad ante cualquier proceso”.
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Son muchas las voces estos días que piden votar sí al valenciano en una consulta que desde la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya se observa como un “desprecio al valenciano”. Así lo describió ayer el colectivo que representa a más de un millar de asociaciones de familias valencianas, asegurando que tienen “plena confianza en los equipos docentes y direcciones” que, asegura, “no se doblan ante la persecución lingüística del Conseller Rovira, porque saben que, enseñar en valenciano es también justicia social y oportunidades futuras para todas y todos, sin apartar a ningún alumno por motivos lingüísticos”.
La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya defiende que la consulta es un desprecio al valenciano
Por su parte el sindicato mayoritario STEPV ha convocado esta tarde en València una asamblea para tratar la consulta mientras denuncia públicamente que algunos centros educativos que están movilizados por el valenciano “están recibiendo presiones de la inspección educativa, como la retirada de carteles o el impedimento para realizar actos o consejos escolares para tratar la consulta”.
La plataforma Famílies pel Valencià organiza estas semanas decenas de actos en diversos puntos del territorio para informar a las familias de la consulta, que será telemática y en la que, en caso de no participar, será el centro, en virtud de su autonomía, quien asignará al alumno una u otra lengua base según el resultado obtenido en la misma.
STEPV, que ha convocado esta tarde una asamblea, denuncia que algunos centros educativos movilizados por el valenciano “reciben presiones de inspección educativa"
Mientras los sindicatos advierten con dar la batalla judicial para la paralización de la consulta, la oposición también es crítica con la norma. Compromís, que llevó la ley educativa al Tribunal Constitucional -junto a Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG- asegura que el Consell busca “que no se hable de las responsabilidades de gestión de la dana”, o del incumplimiento de los acuerdos de plantillas docentes. PSPV, por su parte, acusa al gobierno de Carlos Mazón de “aplicar una ideología ultraconservadora y atacar la lengua que identifica al pueblo valenciano”.
Asimismo, este mismo martes Acció Cultural del País Valencià, Families pel Valencià y un colectivo de familias del barrio valenciano de Ruzafa han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que se pide la suspensión de la orden de la Conselleria de Educación que regula la consulta sobre la lengua vehicular, campaña que esta mañana ha presentado el conseller José Antonio Rovira en el Palau de la Generalitat.
