La carta que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, envía desde ayer a las familias de niños y niñas escolarizados en el sistema público de la Comunidad Valenciana no ha sido “bien recibida” por ciertos sectores de la comunidad educativa. De esta manera lo califica en un escrito la Confederación Gonzalo Anaya, formada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante y un total de 1.106 asociaciones de madres y padres (AMPA)/ asociaciones de familias (AFA), que ha pedido asesoramiento legal por “el malestar comunicado por varios progenitores” por el que consideran “posible mal uso de los datos personales de las familias”.
Piden que se estudie si, además, hay un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. “Como mínimo, tanto la carta como el cauce de comunicación del conseller es más que cuestionable con la misma norma que regula la consulta”, apunta la Confederació. Consideran que es una carta “sesgada, ideológica, incompleta y con juicios de valor” y que puede estar incumpliendo el artículo 4 donde ya se detalla cómo se tiene que informar a las familias desde los centros sobre el proceso de consulta y la disposición primera dónde regula el asesoramiento en el proceso.
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Del texto de la misma se hacía eco este viernes Guyana Guardian, una carta enviada a los correos electrónicos de los tutores legales de alumnos y alumnas en la que Rovira explica que la “ley de libertad educativa”, que salió adelante con los votos de PP y Vox para derogar el plurilingüismo del Botànic, es “respetuosa con las dos lenguas oficiales de nuestra Comunitat” y en la que recomienda que “se vote en libertad”.
Carta del conseller Rovira a las familias de niños y niñas de la Comunidad Valenciana
Asimismo, en la misiva, que está escrita tanto en castellano como en valenciano, Rovira defiende que “una de las motivaciones de la Ley de Libertad Educativa fue la preocupación por el descenso del uso del valenciano, un hecho que pretendemos revertir con un cambio de paradigma: de la imposición a la promoción”.
Rovira habla de “preocupación por el descenso del uso del valenciano” y apunta a un cambio de paradigma: “de la imposición a la promoción”
“Queda firmemente demostrada la voluntad de defender que somos una Comunitat bilingüe con un legado cultural incuestionable”, concluye la idea el conseller de Educación, a quien ahora la Confederació Gonzalo Anaya acusa de usar la base de datos de Ítaca para comunicarse con las familias, lo que en “ningún caso” contempla la norma.
Para la Confederación Gonzalo Anaya, enviar esta carta es un “intento de manipulación” y que opinan “denota la debilidad de una consulta” que, recuerdan, acumula ya tres recursos pendientes de resolver por los tribunales y que cuenta con el rechazo de la Plataforma en defensa de la Enseñanza Pública y de Consejos Escolares Municipales.
Las críticas también se han producido desde el PSPV, que ha exigido hoy al president Carlos Mazón y al conseller Rovira que “dejen de mentir y de amenazas al profesorado y a las familias valencianas” y han denunciado que el Partido Popular “están utilizando el dinero público para promocionar posicionamientos políticos”. Según el secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, la carta es un intento de “seguir manipulando a la comunidad educativa con mentiras constantes para defender una consulta absurda que lo único que pretende es acabar con el valenciano”.
Críticas a Rovira por los accidentes in itinere de la dana
Compromís denuncia este viernes que durante octubre del 2024 en la provincia de València se produjeron 13 accidentes mortales, 1 muy grave y otros 7 graves todos ellos in itinere, aquellos que tienen lugar yendo o volviendo del trabajo, y también tienen consideración de accidente laboral. En contraste, en todo el año 2023 se produjeron en la provincia de València 5 muertos en accidentes laborales in itinere. Son datos que Compromís ha recibido después de reiterar una pregunta parlamentaria donde el Consell previamente había afirmado que no se había producido ningún accidente grave, muy grave ni mortal durante octubre del 2024. “Todas estas muertes eran evitables, y hay que depurar responsabilidades de los máximos responsables, y Rovira, Conseller de Educación, Universidades y Empleo, no movió un dedo para evitar la muerte de las personas trabajadoras, no se dieron instrucciones a los centros de trabajos, no se facilitó información a las personas trabajadoras de sus derechos y tampoco se envió la alarma hasta que la jornada laboral mayoritariamente ya acababa. Eso sí, Rovira a la una del medio día se iba a su casa mientras 13 personas trabajadoras, que tengamos constancia, no han vuelto a sus casas”, han denunciado.
