El Consell de Mazón ha aprobado este martes una declaración institucional en la que reclama al Gobierno de España la convocatoria “urgente” de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para aprobar de manera inmediata el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario. La Generalitat argumenta que la Comunitat Valenciana arrastra un “déficit estructural” no por un exceso de gasto, sino por los “menores ingresos” que recibe del sistema de financiación autonómica, lo que la ha convertido en la comunidad más endeudada en relación a su PIB.
En el texto, el Gobierno valenciano exige al Ejecutivo central “compromiso, responsabilidad y lealtad institucional” en el que califica como “el peor momento de su historia reciente”, agravado por los efectos devastadores de la gota fría (dana) del pasado octubre. El FLA extraordinario, subrayan, es “imprescindible y de justicia” para garantizar los servicios públicos esenciales, dar certidumbre a las empresas proveedoras y contribuir a la recuperación económica y social, especialmente en la provincia de Valencia, la más afectada por las inundaciones.
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El Consell recuerda que, el 2 de diciembre de 2024, el Gobierno central decidió excluir la financiación correspondiente a las desviaciones del objetivo de déficit de las autonomías, lo que supuso la no aprobación del FLA extraordinario por primera vez desde la creación de los Mecanismos de Liquidez del Estado en 2012. Una medida que, según la Generalitat, llega en el momento más crítico para los valencianos, ya que la Comunitat es “la peor tratada por el sistema de financiación” y enfrenta la reconstrucción tras “la mayor catástrofe natural de su historia”.
La no concesión de este fondo, insisten, “pone en peligro” servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, además de “asfixiar” a los proveedores de la Generalitat, que carecen de “un horizonte de cobro concreto”. El president Carlos Mazón ya reclamó por escrito el 20 de diciembre al presidente del Gobierno la aprobación urgente del FLA, recibiendo una respuesta el día 30 en la que el Ejecutivo central alegó que su denegación se debía a la no aprobación de la senda de déficit para 2025-2027. No obstante, el Gobierno sugirió que, en abril de 2025, una vez la Intervención General del Estado verificara el cumplimiento de los objetivos de 2024, se analizarían las desviaciones individuales de cada autonomía.
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Sin embargo, a 20 de mayo, el FLA extraordinario sigue sin aprobarse, y la Generalitat denuncia que no ha recibido ninguna notificación al respecto, lo que está generando “graves problemas de liquidez” e impide abonar facturas a proveedores.
La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha arremetido contra el Gobierno central en la rueda de prensa posterior al pleno: “Los valencianos no merecen un Ejecutivo que trate a esta autonomía como una comunidad infrafinanciada y de segunda”. Preguntada por cómo encaja esta petición con la reciente rebaja de impuestos a eléctricas y patrimonio aprobada por la Generalitat, Camarero ha defendido que “no tiene nada que ver” pedir un fondo que se venía recibiendo desde hace 13 años con una política fiscal “dirigida a ayudar a los más vulnerables y a reactivar la economía”.
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La portavoz ha alertado de que no pagar el FLA extraordinario es “dejar tirados a los proveedores” y “romper sin justificación la economía valenciana”. “Ya estamos teniendo problemas: si no pagamos a las empresas de servicios sociales, no podrán atender como merecen a los ciudadanos, y eso afecta a miles de profesionales y familias”, ha subrayado.
Camarero ha tildado de “injustificable” la presión financiera que, a su juicio, el Gobierno central está ejerciendo sobre la Comunitat en su año “más oscuro y difícil”. La declaración institucional cierra con un llamamiento a la “corresponsabilidad” para evitar que la falta de liquidez “lastre aún más” la recuperación de un territorio que, insisten, sigue pagando las consecuencias de un sistema de financiación “injusto” y de una catástrofe natural sin precedentes.
