Alejandro observa cómo la excavadora derriba otra pared. Tiene veinte años y acaba de comprobar que no pude acceder a su casa, lindante con el edificio que está siendo demolido. “Yo he jugado ahí toda la vida”, dice sin dejar de observar el lento movimiento del brazo articulado. Le preocupa que la operación afecte a la vivienda familiar, que comparte pared con el antiguo restaurante Miramar, cerrado hace muchos años, pero donde aún residían los propietarios.
Alejandro sabe que toda la línea de casitas que quedan a la izquierda, mirando al mar, está condenada a caer a partir del 15 de septiembre. Será el último verano en que él y su numerosa familia puedan disfrutar del pequeño hogar que su abuela heredó de sus mayores. Largos veranos, fines de semana incluso en invierno, a pie de arena, que no se repetirán salvo que la enésima pirueta legal surta efecto. Seguirá viniendo, claro, le gusta hacer surf, aunque ahora no puede porque la tabla se quedó dentro de la casa acordonada por seguridad.
Alejandro sabe que toda la línea de casitas que quedan a la izquierda, mirando al mar, está condenada a caer a partir del 15 de septiembre
Los vecinos son escépticos, pero Manuel López, abogado de la asociación que los agrupa, cree que hay posibilidades. Por un lado, la mínima esperanza, que cifra en un uno por ciento, de que los tribunales europeos resuelvan a su favor: “las posibilidades de que Estrasburgo te haga caso en un asunto como este son ínfimas, pero aún no han fallado”. También está pendiente de pronunciarse en casación el Tribunal Supremo en uno de los casos, y una sentencia en un sentido distinto “podría cambiar la jurisprudencia”. Lo cual parece improbable. De modo que, por si lo inevitable ocurriera, los vecinos han acordado con el servicio territorial de Costas aplicar la piqueta a sus propias casas a partir del 15 de septiembre. Porque si se encarga el Estado, a través de Tragsa, saben que la factura a pagar sería mucho más elevada y deben pagarla de su bolsillo.
Pero queda una última 'bala', explica López. “Babilonia son un conjunto de casas que comenzaron a construirse hace unos cien años y en 1934, de una manera pública, es la administración de entonces, la Segunda República, la que promueve esos asentamientos; en las escrituras originales, se dice claramente que las concesiones tienen una finalidad: embellecer la playa y fijar las arenas protegiendo toda la reforestación que había hecho el ingeniero Mira, de cuyo puño y letra están hechos los planos de las casas”.
Una vecina toma el sol ante las casitas de playa Babilonia, en Guardamar del Segura, el 4 de junio de 2025.
Basados en aquella legitimidad inicial, su singular diseño arquitectónico, el modo de vida y otros factores consideran que el conjunto de casas de playa Babilonia reúne las condiciones para ser catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Con un amplio dossier técnico y una documentación histórica recopilada durante años, la asociación ha solicitado esa calificación. Aunque saben que el tiempo juega en su contra, piensan que al poner en marcha ese expediente, que podría servir para, al amparo de la nueva Ley de la Generalitat de Ordenación y Protección de la Costa Valenciana, ser considerado núcleo histórico protegido, cabría una suspensión cautelar de las demoliciones.
Carmen toma el sol ante su casa mientras su marido lee a la sombra del pequeño porche. Ella ha estado en todas las batallas que hace décadas han planteado ante la administración, desde el intento de conocer quién y qué se pretendía al construir en los años 90 el espigón a cuyo amparo el mar ganó terreno y terminó por destrozar la acera que los protegía, hasta los pleitos en defensa de la propiedad.
Con un amplio dossier técnico y una documentación histórica recopilada durante años, solicitan ser BIC
Apenas una escollera protege las casas de los temporales, una vez que el azote del mar destrozó la antigua acera.
Ella recuerda cuando la playa era mucho más ancha: “Yo tenía cinco años y como quemaba la arena pasaba sobre las barcas de los pescadores para llegar al agua”. Ahora hay casetes que llevan tiempo cerradas, y entre las habitadas las hay en mejor y peor estado, pero todavía es mucha la gente que las utiliza, la mayoría como segunda residencia. Se quejan de que incluso los preparativos del derribo están siendo complejos; una cosa es hacerse cargo de todo, incluso del traslado de los escombros al vertedero adecuado, otra que la administración no aclare las dudas que surgen a la hora de afrontar el proceso. Creen que la catalogación como núcleo histórico protegido está justificada, pero no se hacen demasiadas ilusiones.
En el bar Valentí, el primero de los edificios del paseo que está libre de la piqueta -al menos de momento- lamentan la desaparición del Jaime, el otro edificio derribado, que hasta la semana pasada les hacía una sana competencia. “Es mejor para todos que haya más negocios”, asegura el propietario. Y se pregunta qué plan tienen Costas y el Ayuntamiento para cuando ya no estén las casas. “Como no hagan nada, el mar entrará y quemará la pinada”, afirma. Los curiosos se acumulan en la playa: es un espectáculo ver caer tejados, paredes, vigas. Alejandro se pregunta “a quién le molestan estas casas, que llevan aquí toda la vida”. El problema es que ese “ahí” es dominio público cedido por el Estado y el Estado lo reclama. Como en Nules, Torreblanca o El Pinet y en otros puntos del litoral valenciano, serán en última instancia los tribunales quienes decidan.