La Generalitat Valenciana ha enviado una carta a los ayuntamientos para que colaboren e indiquen si disponen de infraestructuras, espacios o recursos disponibles en sus municipios, en los que se pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados. En la misiva el ejecutivo de Carlos Mazón denuncia que actualmente los centros quegestiona la Generalitat estan “al 160% de ocupación, con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados”.
La carta apunta que pese a los recursos de inconstitucionalidad presentados por las diferentes comunidades (entre ellas la valenciana), el decreto del Gobierno establece el traslado de 571 menores no acompañados a la Comunidad Valenciana, “asignando un crédito de 7.451.550€, que exclusivamente cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses”.
La Generalitat defiende que pese a que se viene realizando un “esfuerzo considerable” y que se ha aumentado en 122 el número de plazas disponibles, no cuentan con más recursos para su atención. Por ello, esperan la respuesta de los consistorios y la colaboración de los mismos.
Fuentes de la Generalitat apuntan que con la carta enviada se busca abrir “una vía de diálogo con los municipios” para “conocer su disponibilidad de recursos”. “Al contrario que el Gobierno, que nos impone a las comunidades autónomas repartos invadiendo nuestras competencias, nosotros buscamos colaboración, sin imposición, mostrando la preocupación por el daño que una llegada masiva puede hacer a un sistema de protección consolidado”, señalan las mismas fuentes.
El Consell subraya que solo quiere saber la disposición de los ayuntamientos, pero que no se les traslada nunguna responsabilidad
”No estamos trasladando ninguna responsabilidad, dado que es responsabilidad de Gobierno, sino que estamos pidiendo información. Si los alcaldes ni siquiera quieren decir qué recursos tienen disponibles y entienden que eso es un abuso, es su posición ante la actuación de su Gobierno central”, apuntan desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales.