Han pasado ya más de diez meses desde que la dana del 29 de octubre tiñó de luto Valencia y dejó una huella indeleble con esos 228 muertos. Diez meses son tiempo suficiente para exigir que las instituciones democráticas cumplan con el deber de depurar responsabilidades políticas. Y, sin embargo, lo que encontramos hoy es un panorama inquietante: dos de las comisiones de investigación creadas, una en Les Corts Valencianes y otra en el Congreso de los Diputados, parecen haber quedado frenadas. El contraste no puede ser mayor con la investigación judicial, que avanza a un ritmo firme bajo la instrucción de una jueza de Catarroja. La justicia, con sus plazos siempre criticados por su lentitud, camina más rápido que la política, mucho más.
Reunión de la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre
El caso de Les Corts es especialmente doloroso. La comisión está presidida por Vox, partido que, junto al PP, puso ya en su momento todas las trabas posibles para que las víctimas y sus familias tuvieran voz. Era entonces una obstrucción velada; hoy se convierte en un bloqueo evidente. Empezado el mes de septiembre, todavía no hay un calendario de cuándo se reanudará la comisión ni se otea en el horizonte cuando podrán acudir las víctimas. Cuando otras comisiones sí que han sido convocadas, la de investigación todavía no tiene fecha, pese a la insistencia de la izquierda El mensaje implícito es claro: no hay prisa, no hay voluntad, quizá ni siquiera hay interés en que la comisión llegue a ninguna conclusión. Y eso constituye una falta de respeto intolerable hacia quienes perdieron a sus seres queridos y hacia la memoria de los fallecidos.
Una comisión parlamentaria no sustituye a un juzgado. No se trata de imputar delitos ni de dictar sentencias. Se trata de hacer política con mayúsculas: de analizar si hubo errores de gestión, de señalar qué decisiones se tomaron tarde, de detectar qué mecanismos fallaron y, sobre todo, de garantizar que no se repita una tragedia semejante. Negar ese debate es, en el fondo, negarse a aprender de la tragedia. Y esa negativa, por acción u omisión, pesa directamente sobre PP y Vox.
El panorama no mejora si miramos a Madrid. Allí, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de su propia comisión de investigación, presidida por la diputada valenciana Carmen Martínez, del PSOE. Pero el inicio de las comparecencias sigue en el limbo. El debate político previo al verano, con las tensiones internas de la izquierda —ERC y Més Compromís reclamando la presencia de Pedro Sánchez, frente a la resistencia del PSOE, Sumar e Iniciativa— ha terminado por paralizar la agenda. El resultado práctico es el mismo: una comisión que, a pesar de tener un margen mayor de pluralidad política, sigue sin ofrecer una mirada alternativa a la gestión de la tragedia. O, más sencillo: no arranca.
Resulta sorprendente, y hasta escandaloso, que una jueza de Catarroja haya logrado imprimir mayor ritmo a la investigación judicial que dos parlamentos a la investigación política. Porque no olvidemos que el terreno judicial y el político son complementarios, no excluyentes. Los jueces podrán dirimir responsabilidades penales, pero solo la política puede examinar con lupa la cadena de decisiones administrativas, la previsión de recursos, los planes de emergencia o la respuesta institucional ante una catástrofe climática de estas dimensiones. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Eso es lo que merecen las víctimas.
Resulta sorprendente, y hasta escandaloso, que una jueza de Catarroja haya logrado imprimir mayor ritmo a la investigación judicial de la dana que dos parlamentos a la investigación política”
Hay quien sospecha que este retraso obedece más a la estrategia que a la desidia. Se acerca el primer aniversario de la dana, el próximo 29 de octubre, y nadie quiere llegar a esa fecha con un dictamen incómodo sobre la mesa. ¿Unos prefieren pasar de puntillas para evitar el desgaste de la gestión; otros prefieren reservar la pólvora para que el aniversario sirva de altavoz?. En cualquier caso, lo que debería ser un ejercicio de transparencia se está convirtiendo en un juego de tiempos parlamentarios, con las víctimas reducidas a meras fichas en el tablero.
La política española tiene una asignatura pendiente con la memoria de las catástrofes. Lo vimos con el metro de València, con el accidente del Alvia en Santiago, con el Yak-42 y con tantos otros episodios en los que las familias tuvieron que luchar durante años para que se reconociera la verdad y se asumieran las responsabilidades políticas. La dana corre el riesgo de engrosar esa lista negra. Y no será porque no existan instrumentos para esclarecer lo sucedido, sino porque los partidos han decidido mirar hacia otro lado.
El tiempo de las excusas ha terminado. Es hora de que Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados reanuden ya sus comisiones, sin dilaciones estratégicas ni cálculos partidistas. No es un gesto de cortesía hacia las víctimas, es una obligación ética y política. Y si no son capaces de entenderlo, entonces quizá la ciudadanía sí tenga que pedir cuentas, en las urnas, a quienes se empeñan en convertir la memoria de una tragedia en un silencio interesado.
