Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce una de las acusaciones populares en la causa de la dana, ha solicitado a la jueza la celebración de un careo entre el exjefe de gabinete del president de la Generalitat, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, para aclarar las “contradicciones” detectadas en sus declaraciones.
En su escrito, ACPV justifica esta petición en la existencia de “graves inexactitudes” en las dos declaraciones testificales de Cuenca y considera “esencial” la práctica de nuevas diligencias para esclarecer “elementos esenciales” de la gestión de la emergencia provocada por la dana.
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La acusación subraya como “especialmente relevante” la contradicción entre la última declaración de Cuenca, prestada el pasado viernes, y las manifestaciones públicas “tajantes” realizadas por Pradas, quien aseguró que el entonces jefe de gabinete le comunicó que no debía “molestar” al president y que toda la información debía canalizarse a través de él.
ACPV recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la celebración de careos cuando testigos o investigados discrepan sobre hechos relevantes para la causa. En este caso, el careo sería obligatorio para el testigo, pero no para la investigada, por lo que hasta que se acuerde no se sabrá si Pradas aceptará participar.
Además, la acusación popular ha solicitado que se requiera a la Abogacía General de la Generalitat para que informe sobre las “consultas verbales o escritas” realizadas por altos cargos de la entonces Conselleria de Justicia e Interior o de Presidencia en relación con un “hipotético confinamiento” de la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024. En su declaración, Cuenca aludió a contactos con la Abogacía para que estuviera “prevenida” ante la posibilidad de emitir un informe, oral o escrito, sobre esa eventual medida.
En paralelo, ACPV ha pedido a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) de la Generalitat un informe detallado sobre el proceso de sustitución del teléfono móvil de Cuenca, realizado el 15 de junio, tras declarar este que en ese cambio se perdió aproximadamente “un año” de mensajes de watsap, fotografías y documentos.
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La solicitud incluye que se expliquen las razones de la sustitución, se identifique al funcionario que realizó la operación, se valore la verosimilitud de la desaparición de los datos y se informe de si es posible su recuperación, así como de las opciones técnicas para acceder a mensajes no borrados mediante la aplicación web u otros dispositivos.
Junto a ACPV, Compromís —que también ejerce la acusación popular, bajo la dirección letrada de Arman Galán— ha pedido a la jueza que requiera a la Abogacía de la Generalitat para que aclare si el 29 de octubre de 2024 fue consultada por la posibilidad de adoptar medidas como el confinamiento, y que se identifique al técnico que intervino en el terminal móvil del exjefe de gabinete.
El abogado de ACPV, Manolo Mata, sostiene que las diligencias solicitadas son necesarias para despejar las contradicciones existentes entre los mensajes intercambiados entre Pradas, Mazón y Cuenca y las declaraciones prestadas en sede judicial, y para avanzar en el esclarecimiento de la gestión institucional de la emergencia provocada por la dana.
