La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT), personada como acusación popular en la causa de la dana, ha presentado un informe ante el juzgado que, según explica en un comunicado, “incorpora pruebas documentales y técnicas que sitúan a la Generalitat Valenciana con conocimiento efectivo del desbordamiento de barrancos clave varias horas antes de que se emitieran alertas eficaces a la población”.
Según esta acusación, el informe acreditaría que desde las 15.15 horas numerosas carreteras de titularidad autonómica, provincial y estatal “ya estaban oficialmente cortadas por inundaciones en zonas directamente vinculadas a los barrancos del Poyo, Pozalet, Gayo y Chiva”. Esta información, procedente de registros internos de gestión de infraestructuras, “evidencia que la gravedad de la situación era conocida mientras no se activaban medidas de protección civil acordes al riesgo existente”, según FETAP-CGT.
El informe dice que “que la gravedad de la situación era conocida mientras no se activaban medidas de protección civil”
El informe cruza estos datos con la localización de víctimas recogidas por la Guardia Civil, que pone de manifiesto la existencia de personas sorprendidas por las riadas en desplazamientos, en fincas agrícolas, en bajos y garajes, o en vías ya afectadas por inundaciones, sin control de accesos ni avisos preventivos efectivos. En varios casos, las víctimas se encontraban a escasos cientos de metros de puntos cerrados por inundación horas antes.
“Especial relevancia adquiere el análisis de la localidad de Chiva”, según esta acusación, “cabecera de varios de estos cauces, donde se registraron más de 160 llamadas al 112 a lo largo del día y más de un centenar durante el periodo en que el CECOPI ya estaba constituido. Pese a ello, no se activaron de forma efectiva los puntos de vigilancia previstos en los planes de emergencia ni se adoptaron medidas de alejamiento preventivo de la población”.
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El informe señala, añade el comunicado, “incumplimientos graves y generalizados del Plan Especial de Inundaciones, entre ellos la ausencia de puestos de mando avanzados, la falta de llamadas de alerta a las alcaldías, el retraso en la coordinación operativa y la emisión de mensajes genéricos a la población cuando el peligro era ya inminente. Todo ello se produjo pese a la abundante información disponible procedente de avisos meteorológicos, llamadas de emergencia y cortes de carreteras”.
FETAP-CGT señala que su actuación como acusación popular “responde a la defensa del interés general y a la obligación de exigir responsabilidades cuando la inacción, la descoordinación o las decisiones erróneas de las administraciones públicas pueden haber contribuido a la pérdida de vidas humanas, muchas de ellas vinculadas al trabajo o a desplazamientos laborales”.