Recurso tras recurso, el Ayuntamiento de Benidorm va agotando sus balas. El rechazo del Tribunal Constitucional a un recurso de amparo que buscaba evitar el cumplimiento de una condena que lo obliga a compensar con una cifra cercana a los 350 millones de euros a una empresa constructora es un escalón más hacia una delicada situación para el municipio.
El asunto viene de lejos y se basa en la obligación de compensar a los propietarios de unos terrenos ubicados en Serra Gelada, un espacio convertido en Parque Natural y, por tanto, protegido. Los tribunales han venido dando la razón a los denunciantes, en su argumentación de que el consistorio incumplía los convenios firmados en su momento. En un proces muy complejo, lo más reciente ha sido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no aceptó el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento y ahora el Constitucional tampoco admite el recurso de amparo.
El asunto viene de lejos y se basa en la obligación de compensar a los propietarios de unos terrenos ubicados en Serra Gelada
Buscaba el Ayuntamiento revocar una providencia dictada el pasado 2 de abril por el Tribunal Supremo que desestimaba el recurso de casación que presentó el consistorio el verano anterior frente a la sentencia dictada el 23 de mayo de 2024 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que establecía que debía pagar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a los dueños de dichos terrenos.
En concreto, el auto del TSJCV señalaba que el Ayuntamiento debía indemnizar a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.
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Hoy, en una rueda de prensa convocada por la Diputación que él mismo preside para hablar de Fitur, el alcalde Toni Pérez ha señalado que, como no puede ser de otro modo, acatará la decisión del Constitucional, pero que no supone “ni intervención ni ruina” para el consistorio. Pérez asegura que la batalla legal no ha terminado y que, en todo caso, el municipio será capaz de gestionar el coste de los 350 millones si al final no queda otro remedio.
Mientras tanto, el PSPV-PSOE de Benidorm ha exigido la dimisión del alcalde al considerarlo responsable de la posible quiebra técnica municipal por “la mayor condena económica a un ayuntamiento de España”.
Pérez ha informado hoy de que los técnicos económicos y jurídicos municipales estudian en estos momentos cómo actuar y si se presenta el recurso de casación ante “un revés brutal que habrá que gestionar”.
“Vamos a hacer todo lo que podamos para atender ese compromiso y resolverlo de la mejor manera para las partes”, dice el alcalde
“Vamos a hacer todo lo que podamos para atender ese compromiso y resolverlo de la mejor manera para las partes” en el sentido de que se actuará “en la manera de lo posible sin tocar los tipos impositivos y creciendo en los servicios municipales como hemos hecho hasta ahora”, ha dicho Pérez.
El alcalde ha recordado que este asunto data de hace dos décadas a raíz de un convenio de aprovechamientos urbanísticos que, con el paso de los años, se ha convertido en una reclamación dineraria “imposible de atender”. Y ha explicado que fueron los técnicos quienes indicaron que la reclamación de los promotores “no se correspondía con la naturaleza de los hechos”, lo que inició el largo litigio actual.
El alcalde ha insistido en que “Benidorm tiene capacidad política” para “abordar una solución que no es menor” y ha lamentado que haya “agoreros de la quiebra y la ruina” que hablen “de lo que cada vecino debe” por esta indemnización ya que “es gente que no ha gestionado nunca nada”.