Quince meses de la dana
Diario de València
Han transcurrido quince meses desde que el temporal que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 causara un impacto catastrófico: 230 víctimas mortales y miles de personas damnificadas. Quince meses después, la comisión de investigación formada en las Corts Valencianes para clarificar los hechos sigue, en realidad, paralizada. Carece de cronograma, de una planificación precisa y, lo que resulta más serio, de la intervención de quienes poseen más información y precisan ser oídos: los familiares de los fallecidos.
Es complicado justificar que, en este momento, los colectivos de damnificados que ya testificaron en la comisión de investigación del Congreso continúen aguardando un contacto por parte del órgano autonómico. Sigue siendo una incógnita la fecha en que declararán los dos investigados en el proceso judicial de Catarroja —la exconsellera Salomé Pradas y el antiguo secretario autonómico, Emilio Argüeso— así como otros integrantes fundamentales del operativo de emergencias de esa jornada, tales como Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, o José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y responsable técnico del mando durante la dana, actualmente retirado.
Al mismo tiempo, el grupo de trabajo progresa con una lentitud irritante y bajo una inercia inquietante. Por el momento, únicamente han testificado especialistas y el expresident Carlos Mazón, quien optó por presentarse una semana tras su renuncia y previo a su comparecencia en la comisión del Congreso. Un orden de eventos que refuerza la impresión de que el PP y Vox han preferido emplear en este foro una táctica habitual en la esfera pública valenciana: privarla de sustancia y transformarla en una entidad carente de valor práctico. Justo lo sucedido con la mesa que tenía que analizar el siniestro del metro de Valencia de 2006.
Esta situación perjudica claramente al vigente president de la Generalitat, Pérez Llorca, el cual al comenzar su periodo de gobierno se comprometió a priorizar a los damnificados en su gestión institucional. Recientemente declaró de forma abierta que había ordenado a su formación política organizar un encuentro con “lo antes posible” los perjudicados. No obstante, según la información disponible, las agrupaciones más relevantes de víctimas todavía no han recibido comunicación alguna. Nuevamente, las promesas verbales superan a la realidad de las acciones ejecutadas.
A veces, la actividad política resulta un instrumento ineficaz si los organismos públicos fallan incluso en el requerimiento básico de desempeñar la labor para la cual se fundaron. Dicho compromiso se vuelve todavía más riguroso al referirse a entidades tales como las Corts Valencianes, las cuales tendrían que liderar con el testimonio de claridad, compromiso y un deseo genuino de investigar un acontecimiento tan trágico como aquel que provocó el fallecimiento de centenares de individuos.
En este punto, la confianza en el comité de indagación sobre la dana se halla gravemente afectada. Tras quince meses del suceso, resulta obvio que el PP y Vox carecen de premura o disposición para determinar las culpas políticas. Lo más penoso es que, de no existir el procedimiento judicial en curso en Catarroja, que ha empujado a dar explicaciones políticas hasta al propio Carlos Mazón, el pueblo valenciano seguiría, casi año y medio después, sin conocer los relatos esenciales para descifrar los fallos y sus motivos.
Tras quince meses del suceso trágico, los indicios sugieren que el PP y Vox carecen de premura o intención para determinar las culpas políticas dentro de la comisión de la dana de les corts.
Las comisiones de investigación no deben transformarse en herramientas para demorar procesos, desdibujar culpas o resguardar siglas; si tal es el propósito, resultaría preferible no ponerlas en marcha. Su propósito fundamental es precisamente el opuesto: brindar explicaciones, reconocer fallos y subsanar, aunque sea parcialmente, el perjuicio ocasionado. Si esto no sucede, no únicamente se defrauda a los afectados, sino que también se desgasta la credibilidad de la población en los organismos democráticos.
En caso de que Pérez Llorca realmente desee priorizar a los afectados, tal como ha sostenido, su formación política tiene que evidenciarlo mediante acciones concretas en lugar de simples palabras. Esto requiere, con carácter inmediato, citar a los parientes de los fallecidos y a todos los individuos cuya intervención resultó clave para comprender los eventos ocurridos en el transcurso de la dana. Únicamente de este modo el comité logrará recobrar parte de la confianza extraviada y satisfacer, incluso con demora, su responsabilidad ética y gubernamental.
