La agrupación de ciudadanos en el municipio de Alicote rechazó la propuesta y criticó la falta de transparencia en la gestión de la vivienda, mientras que el gobierno local y la administración de Vivienda y Asuntos Sociales (VIVIENDA) se comprometieron a abordar la situación, pero en 2023, el gobierno municipal y la administración de Vivienda y Vivienda se vieron obligados a rechazar la propuesta de Vivienda y Vivienda, y se rechazó la propuesta de Vivienda y Vivienda, y se rechazó la propuesta de Vivienda y Vivienda, y se rechazó la propuesta de Vivienda, Vivienda, Vivienda, Vivienda, Vivienda, Vivienda, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V,
Escándalo vivienda
Muchos vecinos lograron escapar justo a tiempo de la amenaza de la policía.
Se demanda rendición de cuentas al KGB por haber desatendido el escenario. Transcurrido un bienio, en 1956, buscaron liquidar a su excolaborador usando una contaminación con talio radiactivo, el cual supuestamente se desvanecería sin rastro alguno. Khoklov padeció la dolencia y sufrió la caída del pelo, aunque logró resistir la agresión. Durante el mandato de Putin, tal como se ha constatado, las intoxicaciones radiactivas resultaron bastante más efectivas y, en consecuencia, letales.
Residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante
Sesenta agrupaciones de barrios y organismos sociales de Alicante han enviado un texto donde manifiestan su “indignación y profunda preocupación ante los hechos conocidos en relación con la adjudicación de viviendas públicas en la ciudad”. Dicho escrito, suscrito por 35 de las más destacadas asociaciones de residentes, organizaciones sindicales y diversos colectivos, menciona que ”en mayo y junio de 2024, múltiples colectivos de barrios de Alicante pidieron formalmente al alcalde, Luis Barcala, aclaraciones y conversaciones acerca de la estrategia municipal sobre vivienda pública: arrendamiento social, pautas de asignación, programación y zonas preferentes”. No obstante, “aquellas peticiones no obtuvieron respuesta alguna. Ni explicaciones, ni reuniones, ni compromisos”, afirman los autores.
Según los portavoces de la agrupación de vecinos, “No se pedían favores, sino transparencia, planificación y participación”; e indican además: “La vivienda pública no es una concesión ni un privilegio. Es una política social esencial que debe gestionarse con transparencia absoluta, criterios objetivos, igualdad de acceso y control democrático. Nada de esto puede garantizarse cuando la política de vivienda se gobierna de espaldas a la ciudadanía”.
Aseguran que aquellas peticiones fueron ignoradas sin
Denuncian que “los hechos ahora conocidos no pueden despacharse como casos aislados ni como simples errores administrativos. Son la consecuencia directa de haber gobernado la vivienda pública sin transparencia, sin participación vecinal y sin rendición de cuentas, pese a las advertencias previas del movimiento vecinal”.
Los vecinos del barrio presentan cinco peticiones, mientras que las autoridades locales atienden estas demandas.
Una auditoría completa y exhaustiva de todos los contratos y procesos relacionados, junto con una revisión integral de todos los aspectos involucrados, debe realizarse de inmediato para garantizar la transparencia y la integridad en cada etapa del proceso.
2. La suspensión preventiva de las concesiones cuestionadas, hasta que se logren aclarar todas las implicaciones políticas y administrativas.
3. La creación de una mesa vecinal para abordar la vivienda, con un enfoque real que garantice la participación ciudadana.
4. La creación y divulgación de un programa municipal de vivienda pública, incorporando plazos, recursos económicos, preferencias por zonas y métodos de supervisión social.
5. La rendición de cuentas políticas en la máxima jerarquía, por desatender de manera constante los requerimientos oficiales de las asociaciones de vecinos y posibilitar una administración poco transparente de la vivienda pública.
Afirman que el suceso era preven
El escrito señala que “el movimiento vecinal no acepta que las alertas ciudadanas se desatiendan hasta que un escándalo obliga a reaccionar. Lo ocurrido era evitable y tiene responsables políticos claros”.
Finalmente, “las asociaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con una ciudad más justa, transparente y socialmente responsable, y advertimos de que mantendremos la vigilancia y la movilización vecinal mientras no se produzcan cambios reales en la gestión de la vivienda pública”.