La Unidad de Delincuencia Económica de la Policía investigará el caso de las VPP de Alicante

La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga las adjudicaciones de viviendas públicas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante, ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de la documentación aportada por el Ayuntamiento en respuesta al requerimiento judicial que se le realizó en su día.

Además, también ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de apelación presentado por Manos Limpias contra la decisión de la magistrada de requerirle el pago de una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa.

La magistrada requirió al Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda toda la documentación disponible sobre la promoción desarrollada por la cooperativa Residencial Les Naus, además de solicitar la información disponible a la propia cooperativa. 

Así pues, mientras paralelamente se constituyen las comisiones de investigación aprobadas tanto en las Corts Valencianes como en el consistorio de la capital alicantina, la vía judicial se pone en marcha con una investigación a cargo de la UDEF y la participación de la Fiscalía Anticorrupción. 

La iniciativa de la magistrada se produce en el mismo día en el que se ha celebrado un bronco pleno en el ayuntamiento de Alicante en el cual los votos del PP y Vox han impedido la aprobación de una declaración institucional presentada por el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem para reprobar al alcalde, el popular Luis Barcala, por su responsabilidad en lo sucedido con el reparto de las 140 viviendas de la polémica urbanización de La Condomina.

Entre los datos que ha enviado el ayuntamiento alicantino al juzgado -y a la Conselleria de Vivienda- y que ahora investigarán la Fiscalía y la UDEF destaca el hecho de que son numerosos los casos en los que varios miembros de la misma familia se han adjudicado pisos, que no hay nadie empadronado en 46 de las 140 viviendas, y que entre los beneficiarios hay personas tan jóvenes que debían ser menores de edad cuando se inscribieron en la cooperativa, en el año 2018.

Entre las presuntas irregularidades que el ayuntamiento ha comunicado figuran la presencia de personas que podrían haber participado en el proceso o, al menos, haber dispuesto de información privilegiadas. Cabe recordar que el asunto ha provocado las dimisiones de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, una directora general del Ayuntamiento -que es aún Jefa de Contratación aunque se le ha abierto un expediente-, y un asesor de la conselleria valenciana de Industria, además de la apertura de sendos expedientes a tres funcionarios, dos de ellos arquitectos municipales y otro técnico del departamento territorial de Vivienda en Alicante.