Mar Aguilera advierte sobre la fragilidad democrática mundial.

Mar Aguilera Vaqués ejerce como profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y acumula treinta años analizando comicios en diversos rincones del planeta en calidad de analista y experta jurídica. Tras completar estudios e investigaciones en centros como Columbia University y Harvard Law School, y habiendo trabajado en contextos de inestabilidad democrática, su perspectiva integra el rigor constitucional con una certeza fundamental: los procesos electorales pierden su esencia cuando imperan la exclusión, la censura o el temor. 

En esta reunión del especial Mujeres y democracia, situada en los 50 años de democracia que festeja el Gobierno de España, Joana Bonet, periodista y jefa del Magazine de Guyana Guardian, le propone una cuestión que guía todo el diálogo: qué lecciones quedan tras presenciar de cerca cómo se extinguen —a veces de forma súbita— los principios democráticos. Aguilera replica con una advertencia inicial: “hoy, la democracia está temblorosa en todo el mundo”. Y, a pesar de ello, defiende una herencia europea: “Tenemos que estar orgullosos de las democracias que se han ido construyendo en Europa”.

Bonet rememora la última estancia de Aguilera en calidad de supervisora de comicios en Kirguistán, además de un conjunto de naciones que ha recorrido: Irak, Sudán, Haití, Zimbabue, Zambia, Venezuela, Timor Este o regiones de la antigua Yugoslavia. El interrogante es frontal: ¿qué transformaciones ha percibido en sitios donde el sistema democrático resulta vulnerable? 

Aguilera expone una contradicción: por una parte, “hay unos estándares que todo el mundo tiene muy claros”; en cambio, identifica una “desdemocratización” en diversos ámbitos. Hasta la misma proyección exterior se torna más compleja: “Hace tres años estuve en Zimbabue y fuimos la última misión de observación electoral porque están cerrando las puertas”.

En ese punto plantea un conflicto fundamental que, de acuerdo con su relato, surge frecuentemente en el seno de las delegaciones: al mencionar el arresto de reporteros, el hostigamiento a opositores o la mínima presencia femenina y de grupos minoritarios en ciertas regiones, los expertos técnicos le señalan que su labor se limita al ámbito comicial y no al de los derechos humanos. No obstante, su réplica trasciende lo meramente formal: al tratar sobre comicios, afirma, es imprescindible abordar los conceptos de inclusión y equidad. En consecuencia, “al final es una gran plataforma para hablar de derechos humanos”, asegura.

Bonet le consulta si ha experimentado momentos de riesgo o coacción durante el ejercicio de sus funciones. Aguilera no lo exagera, aunque se muestra contundente: “Siempre hay mucha presión”. Conforme relata, las comitivas internacionales arriban a una nación con una orden autónoma para efectuar sus labores de evaluación, al tiempo que las embajadas y delegaciones administran asuntos diplomáticos o financieros. El objetivo del grupo de observación consiste en inspeccionar todos los detalles y requiere presentar evidencias continuas que respalden cada declaración.

La crónica de Aguilera se sumerge en las vivencias específicas de la experta: actuar con prudencia, corroborar toda información “a todos los niveles” y persistir en señalar lo que otros intentan ocultar: minorías segregadas, grupos que “no pueden votar”, detractores en cautiverio. Además expone una tendencia: desconocer la realidad de las minorías hasta que una búsqueda elemental revela comunidades excluidas, sin ejercicio efectivo de derechos o sin opción al voto. La democracia, plantea, no se fractura solo por una acción: también se corroe al desplazar a integrantes de la sociedad fuera del ámbito público.

Si existe un término que surge reiteradamente durante la charla es la inclusión. Comenta que recientemente se ha otorgado mayor relevancia a la integración de mujeres, jóvenes y colectivos LGTBI+, aunque recalca la restricción evidente: “Si es un delito tener relaciones con personas del mismo sexo, ¿cómo va a participar esa comunidad en unas elecciones?”.

Aguilera asimismo advierte sobre el peligro de tomar acciones gestuales por transformaciones efectivas. Dentro de su labor, las delegaciones no se limitan a la observación: concluyen mediante un reporte y una serie de sugerencias. Si en alguna nación se percibe, por citar un caso, una carencia en la integración y autonomía femenina, esto se documenta y se plantea un plan de acción. 

El inconveniente surge cuando, transcurrido el plazo, al momento de analizar lo ejecutado, ciertas administraciones exponen acciones irreales como si fueran logros: “Hicimos unas fiestas para las mujeres, unos seminarios…”. No obstante, el resultado auténtico permanece inalterado: “¿Cuántas mujeres hay ahora? Ninguna”. Debido a esto, recalca la necesidad de “cambios estructurales”, en lugar de intervenciones aisladas. En ese punto ubica la discusión sobre los cupos: tras el fracaso de la formación, los estímulos y las estrategias anteriores, “ponemos cuotas” surge como una herramienta drástica para franquear definitivamente el acceso al mando.

El diálogo se adentra en uno de sus ejes teóricos tomando como base unas palabras de Rosa Luxemburgo, teórica marxista y activista: “La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente”. Luxemburgo relacionó la autonomía política con el resguardo de la discrepancia: si no existe la facultad de disentir, la libertad pierde su esencia. Bajo esta premisa, Mar Aguilera advierte que en las discusiones colectivas se apela frecuentemente a la libertad, aunque no siempre se ampara a quienes se hallan en condiciones más desfavorables. “No se respeta, sobre todo, la libertad del débil”, afirma; refiriéndose a quienes atraviesan contextos de fragilidad y, en consecuencia, poseen una capacidad de elección efectiva más limitada.

Con el fin de ilustrarlo, utiliza un caso clásico: concebir la libertad simplemente como una opción teórica —“yo ofrezco, tú aceptas”— puede servir de pretexto si existe disparidad económica. Aguilera evoca un famoso proceso legal de Estados Unidos, Lochner vs. New York (1905), en el cual se debatió justamente dicho concepto: un patrón sostenía su “libertad” al establecer turnos agotadores y la “libertad” del empleado al admitirlos. El inconveniente, recalca, reside en que si un bando posee el mando y el otro carece de opciones, tal libertad resulta más ficticia que verdadera. De ahí que su deducción sea básica: la libertad únicamente es efectiva si hay una base de equidad situacional. Y retorna al término que domina toda la charla: autonomía. “Si la gente no tiene una autonomía económica y una autonomía de pensamiento y de movimiento, no hay libertad”.

Al momento en que Bonet le expone la disparidad de sueldos o la limitada participación de mujeres en los ámbitos de mando, Aguilera contesta instando a fundamentar el debate en cifras: “Vamos a ver los números. ¿Cuáles son las cifras? Enciende la televisión: ¿cuántos expertos hay? ¿Cuántas expertas hay?”. Su razonamiento no sugiere que el progreso haya resultado “demasiado lejos”, sino todo lo opuesto: de no existir medidas concretas, la equidad permanece únicamente como un propósito teórico. “Sin unas políticas activas que garanticen esta inclusividad y esta implementación”, afirma, la falta de representación no se soluciona de forma espontánea. 

Llegado a ese instante, expande el enfoque para que no se interprete como una disputa parcial. No alude a minorías bajo criterios estadísticos, sino a grupos con derechos, representación y autoridad restringidos. Por tal motivo, junto a las mujeres, nombra a “la minoría más importante que hay en España, que es la comunidad gitana”, planteando la interrogante sobre “no sale por ninguna parte”. Su caso ilustrativo se encamina al centro de su planteamiento: el sistema democrático se califica también por los individuos que omite en su historia y en sus organismos.

Aguilera lo plantea como un resultado de la historia: por mucho tiempo “les han dicho que eran menos” —a ciertos individuos por formar parte de una comunidad acosada, a otras tantas por su condición femenina— y tal deslegitimación deriva en una falta de representación social. Por ello, su deducción es que si ha existido “una planificación de neutralizar la autonomía” de ciertos grupos sociales, la reacción no debe ser indiferente. Debe poseer un carácter sistémico: mecanismos, ejecución y medidas que transformen la equidad teórica en una realidad tangible.

Al concluir la conversación, Aguilera advierte sobre un peligro vinculado al contexto presente: “La democracia no es gratuita”. Desde su perspectiva, los que se oponen a la inclusión y a la paridad real operan “de forma muy concreta y determinante”. Asimismo, considera que existe un distanciamiento —sobre todo entre los jóvenes— impulsado por carencias económicas. Menciona un caso que para 2026 ya es un problema sistémico: el acceso al hogar. “¿Cómo no es un derecho fundamental el derecho a una vivienda digna?”, se cuestiona, proyectando un mañana donde resulte intolerable aquello que actualmente se considera habitual. 

Bajo ese contexto, vincula tres derechos sociales que, según su criterio, tendrían que poseer la mayor protección: salud, educación y vivienda. Y previene sobre la privatización y el “desmantelamiento” de garantías que constituyeron, por varios decenios, una de las promesas más palpables de la democracia.

No obstante, no se limita a esa visión sombría. Aclara que no toda la juventud está desilusionada: percibe “muchos jóvenes preocupados por el medioambiente” y asimismo comprometidos “chicos y chicas, con el feminismo”. La clave, recalca, es no ceder el triunfo inicial a quienes pretenden otra narrativa: lograr que un sector social piense que no tiene influencia alguna. 

Para este reportaje sobre los 50 años de democracia, Mar Aguilera finaliza el diálogo con una premisa de carácter jurídico y político: la libertad no debe solo enunciarse, sino protegerse con derechos tangibles, entidades integradoras y una población decidida a involucrarse antes de que resulte demasiado tarde.