Confirmado por la DGT: así persigue la venta ilegal de puntos del carnet de conducir por internet, y estas son las consecuencias si te pilla
Lucha contra el fraude
Las plataformas de compra-venta se han convertido en un refugio para quienes trafican con puntos del carnet
El multazo (y pena de cárcel) que te pueden poner por identificar a tu abuelo o madre como conductor en una infracción de tráfico tuya
Para poder seguir conduciendo, algunos conductores no duda en comprar puntos en internet usando a terceros para asumir la sanción
El anuncio de Marc C. en Wallapop no deja lugar a dudas. “Pensado para la gente que no pueda hacer el curso del RACC y necesite los puntos urgentes. Precio según cantidad. Multa económica a cargo del usuario, yo solo me identifico como conductor. Solo gente seria que sabe de qué va el tema”. Por 100 euros (o más, según la cantidad), este vendedor ofrece asumir la responsabilidad de una multa de tráfico con pérdida de puntos, sin importar la gravedad de la infracción.
Un negocio arriesgado que pone en evidencia la existencia de un mercado negro de puntos del carnet, una práctica totalmente ilegal que puede acarrear graves consecuencias legales para quienes participen en ella.
Un ejemplo similar, aunque más camuflado, se puede encontrar en Milanuncios, donde un usuario recurre a un reclamo aparentemente inocente para vender sus puntos. “Llantas para coche. Si tienes carnet de conducir están disponibles. Tengo 10 llantas”.
A simple vista, parece una oferta legítima de llantas, pero en realidad es un anuncio encubierto de venta de puntos. Muy en la línea de anuncios que, para burlar la normativa sobre la reventa, ofrecen un bolígrafo Bic por 500 euros y regalan una entrada para un concierto o un partido de fútbol.
La venta ilegal de puntos del carnet es delito y puede conllevar penas de prisión de hasta seis años
“En las redes sociales se pueden encontrar muchísimos anuncios de este tipo”, asegura Paloma García, responsable jurídica de transportes de Dvuelta, empresa especializada en la gestión de recursos de multas. Se trata de personas que ofrecen asumir la responsabilidad de multas y la pérdida de puntos a cambio de dinero.
Aunque en la mayoría de los casos lo más frecuente es recurrir a personas cercanas -un abuelo, una madre…- que tienen el carnet, pero rara vez conducen, también ha aumentado este tipo de ofertas en plataformas de compra-venta. “Este tipo de fraude pone en peligro la seguridad vial y el sistema de sanciones, y lo que es peor, se está normalizando entre los usuarios”, sentencia García.
La astucia de muchos infractores que recurren a este tipo de fraude se basa en una de las normas más complejas de la Ley de Tráfico: la identificación del conductor. Si una infracción es captada por un radar, el responsable de la falta es inicialmente el propietario del vehículo, pero este tiene la posibilidad de identificar al conductor al recibir la notificación.
La DGT utiliza alertas informáticas para detectar fraudes en este tipo de transacciones
En algunos casos, cuando el dueño no es la misma persona que iba al volante, se recurre a un tercero para que asuma la responsabilidad. Una argucia que propicia el mercadeo de puntos del carnet y pone en entredicho la eficacia del sistema sancionador.
Más allá de poner en jaque la normativa, la venta de puntos también conlleva consecuencias graves a nivel legal. Aunque muchos conductores, sobre todo aquellos que dependen del carnet para trabajar, recurren a estas transacciones ilegales para evitar la pérdida de puntos y seguir conduciendo, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) advierten que este tipo de fraude puede acarrear penas de cárcel.
Una portavoz de Tráfico subraya que “la usurpación de identidad y la falsedad documental son delitos graves” y añade que quienes se ven involucrados en este tipo de prácticas ilegales “pueden enfrentarse a penas de prisión de tres a seis años”. Así lo establece el artículo 390 del Código Penal, que recoge estas conductas delictivas y las penas que se derivan de ello, las cuales también incluyen multas económicas de 6 a 24 meses y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de dos a seis años, en caso de que el infractor sea una autoridad o funcionario.
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En cuanto a la detección de estos fraudes, la DGT utiliza “alertas informáticas” que permiten identificar posibles irregularidades, aunque los detalles específicos no pueden ser divulgados por cuestiones de privacidad. Además, este tipo de fraude se investiga tanto de oficio como a raíz de denuncias. “Cuando las jefaturas de Tráfico detectan alguna anomalía, actúan en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) para investigar a fondo”, explican desde la DGT.
Por lo que respecta al protocolo que sigue la DGT cuando una infracción implica retirada de puntos, “se refuerza la investigación para identificar al conductor responsable”, con el objetivo de garantizar que las sanciones se apliquen correctamente. Si se detecta que se han proporcionado datos falsos sobre el conductor, el caso se remite al GIAT o a la Fiscalía para investigar posibles delitos de falsedad documental o usurpación de identidad.