Cerco a Greenpeace en EE.UU: demanda histórica de 300 millones contra la ONG
Juicio trascendental
Energy Transfer acusa a la ONG de planificar las protestas de los indígenas sioux contra un oleoducto de su empresa que atraviesa su territorio en Dakota del Norte; el juicio se inicia esta semana y durará más de un mes
Manifestación en apoyo de las comunidades sioux de Dakota del Norte en la Plaza del Centro Cívico de San Francisco
Una gran compañía energética estadounidense, Energy Transfer, exige la histórica cifra de 300 millones de dólares a la organización Greenpeace (en Estados Unidos y a nivel mundial) por, presuntamente, haber planificado las protestas lideradas por indígenas sioux contra un oleoducto de esta empresa que atraviesa su territorio. Las protestas de las comunidades afectadas, en la reserva de Standing Rock, se convirtieron en 2016 en un emblema de la lucha indígena norteamericana. La empresa finalmente hizo su oleoducto, pero esto no impide que este lunes empiece un juicio en Dakota del Norte que puede poner en un brete a la organización, que niega las acusaciones.
“Esto es una clara amenaza contra la libertad de protesta y de expresión. Es mucho dinero, pero lo peor es que pretenden silenciarnos mediante un abuso del sistema legal. Afortunadamente tenemos apoyo de organizaciones de todo el mundo, hay manifestaciones en Washington, en Nueva York, en Dallas, donde Energy tiene su sede. Forma parte de nuestros valores la defensa de los pueblos indígenas, pero las protestas que argumentan las dirigieron las organizaciones sioux, no nosotros”, ha asegurado en una rueda de prensa internacional su actual directora en Estados Unidos, Sushma Raman.
Pretenden silenciarnos mediante un abuso del sistema legal (...) Las protestas las dirigieron las organizaciones sioux, no nosotros
Nativos americanos se manifiestan contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que transporta petróleo crudo extraído mediante fracturación hidráulica
El caso se remonta a 2014, cuando Energy Transfer decidió construir un oleoducto de 1.888 kilómetros que enlazara los yacimientos de crudo de Dakota del Norte con Illinois, y desde allí con las refinerías en el Golfo de México. En un principio se pensó que pasara por la ciudad de Bismarck, pero sus habitantes protestaron porque podía afectar al agua potable en caso de accidente y se cambió la ruta por la reserva de Standing Rock. Dado que el problema en esa área, también habitada, era el mismo, hubo muchas críticas porque fuera una decisión con tintes de “racismo ambiental”. Además, los ingenieros y la empresa trataron de acelerar los procesos de obtención de los permisos ambientales, pese a las reticencias de agencias federales, como la de Medio Ambiente.
Dado el riesgo de accidente de un oleoducto que cruza varios cauces importantes y transporta más de un millón de barriles de petróleo al año, a comienzos de 2016 grupos de activistas organizaron campamentos junto a las obras de la infraestructura, que se fueron haciendo con los meses más numerosos, hasta reunir a miles de personas. Greenpeace fue una de las muchas organizaciones que apoyaron a los sioux en su lucha.
Los acampados se encadenaban a la maquinaria e intentaban bloquear los trabajos. En otoño de ese año, fuerzas de seguridad privada y de la policía local los desalojaron con violencia, lo que generó más protestas, hasta el punto que el presidente Obama planteó que se modificara el trazado de la instalación. Finalmente, en 2017, la llegada de Donald Trump al poder echó por tierra los avances legales que habían tenido los indígenas amerindios: firmó un memorándum presidencial que agilizó los trámites y en poco tiempo el oleoducto se puso a funcionar.
Dos años después, en 2019, Energy Transfer demandó a Greenpeace USA y Greenpeace Internacional por lo que considera conducta delictiva, acusándola de recaudar dinero para apoyar actividades ilegales de los manifestantes, aunque sin presentar pruebas de ello. También les acusa de una campaña de desinformación que paralizó la obra cinco meses y les piden por ello esos 300 millones de indemnización, una cantidad jamás reclamada ni a esta ong, bregada en pleitos, ni a ninguna otra. La ley vulnerada, según adujo la empresa en un principio, era una que se aprobó en su día para perseguir a la mafia, si bien luego al ser rechazada cambió de estrategia.
Para Greenpeace, organización con 52 años de historia y presencia en 55 países, que ya se ha enfrentado a cientos de juicios por sus acciones, el que ahora comienza no es un juicio más. Aseguran que es un claro ejemplo de los “litigios judiciales estratégicos” que tratan de disuadir a la sociedad civil de su capacidad de crítica y protesta. Se conocen como SLAPPS, por sus siglas en inglés. Ante el peligro de este tipo de denuncias, el pasado año la UE aprobó una directiva que busca proteger a quienes son denunciados en estas “denuncias mordaza”.
Por ello, la ong ambientalista, cuya sede internacional está en Países Bajos, acaba de presentar en este país su propia demanda contra la empresa americana, alegando que la directiva ‘anti-SLAPPS’ protege fuera de la UE y debería estar incorporada a las leyes holandesas antes de marzo de 2026, cuando esperan una resolución. También han pedido una indemnización. “No es el primer caso de SLAPP que sufrimos, también tuvimos otro con Shell en Reino Unido, por 11 millones que al final se resolvió, pero nunca de este nivel, así que a Energy Transfer vamos a pedir una indemnización diaria de 10.000 dólares, porque los gastos en abogados en Estados Unidos son tremendos”, asegura Kristin Casper, asesora legal de Greenpeace en Amsterdam.
Por su parte, Waniya Locke, portavoz de los sioux de Standing Rock, explica desde su ciudad que en todos estos años de lucha solo buscan “proteger nuestra agua potable de un oleoducto sobre el que no se nos preguntó, que es una amenaza permanente y del que no sabemos nada del plan que tienen si ocurre un accidente”. Asegura que sus protestas siempre fueron y son pacíficas, “aunque nos tuvimos que enfrentar a personas armadas solo por expresar nuestra disconformidad”.
Lo terrible es que estas tácticas legales, si tienen éxito, podrían aplicarse contra manifestantes o cualquiera que critique a una corporación
Raman conoce que una sentencia de 300 millones es más de 10 veces el presupuesto anual de Greenpeace USA, así que podría suponer su cierre en el país. “Lo terrible es que estas peligrosas tácticas legales, si tienen éxito, podrían aplicarse contra manifestantes o cualquiera que critique a una corporación con mucho dinero, sentando un precedente legal, y podría responsabilizar a cualquier grupo que va a una gran protesta por las acciones de otros, incluso de individuos desconocidos”, argumentan. “Sería un primer paso para que otras petroleras trataran de callarnos”, asegura Inés Díaz, del área jurídica en España.
De momento, este lunes 24 de febrero, en una pequeña sala de un condado de Dakota del Norte, sin que ningún dispositivo electrónico pueda registrarlo para su seguimiento, se celebrará la primera vista del juicio, con jurado, que mantiene en vilo a la organización y durará cinco semanas. Y todo ello en un momento en el que, de nuevo, Trump ha vuelto a ocupar la Presidencia del país, reiniciando su cruzada contra el ecologismo y a favor del “drill, baby, drill”. De momento, ha anunciado de nuevo el abandono del Acuerdo de Paris sobre cambio climático, está eliminando todos los fondos para la investigación de este asunto, incluso borrando ambas palabras de todas las webs oficiales.
Respecto a los casos de “demandas mordaza”, según la coalición CASE solo en Europa en 2023 se iniciaron 166 de este tipo, con lo que ya serían 1.049 desde 2010, con un aumento significativo en Italia, Serbia, Rumanía Turquía. Los casos relacionados con medio ambiente son los segundos en el ránking numérico, tras los de corrupción. No hay cifras de casos en Estados Unidos, donde también en diciembre algunos legisladores demócratas presentaron un proyecto de ley ‘anti-SLAPP’ que difícilmente saldrá esta legislatura.