Un año más, tras un análisis de los aproximadamente 8.000 kilómetros de las costas del Estado español, la organización Ecologistas en Acción ha presentado su informe Banderas negras. Se trata de un estudio que recopila las 48 “distinciones” con las que la organización ecologista señala puntos concretos del litoral español (dos por provincia y dos por cada ciudad autónoma) como malos ejemplos de protección del litoral. De esta forma, se denuncia un caso de contaminación y otro de mala gestión ambiental en cada uno de estos lugares aunque, tal y como afirma la organización, “por desgracia podrían ser muchos más”.
El número de banderas negras otorgadas en función de su naturaleza, son los siguientes: Urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre (13), vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración (12), afecciones a la biodiversidad (9), acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa (5), obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas (4), contaminación química (3), daños al patrimonio histórico y cultural en la zona delimitada como marítimo-terrestre y proyecto de almacenamiento geológico de CO2.
“Apropiación y ocupación”
En esta edición, la organización ecologista ha puesto el foco en lo que denomina “problema de apropiación y ocupación” del espacio público marítimo-terrestre en el litoral del Estado español, una práctica “muy extendida por parte de particulares adinerados y sociedades mercantiles”.
A pesar de tratarse de actuaciones ilegales, muchas veces algunas Administraciones no hacen cumplir la Ley de Costas, denuncia esta entidad. Es el caso, por ejemplo, de la bandera negra a los propietarios de la urbanización privada en la isla de Toralla, en Vigo, “que consideran que toda la isla es de su propiedad y, con el consentimiento institucional, niegan el libre acceso tanto al litoral como al interior de la isla”, según explica el informe.
Una “privatización” encubierta
En otros casos, Ecologistas en Acción denuncia que es el propio Estado quien “privatiza” encubiertamente un espacio público y otorga concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población.
El informe relata varios de los casos de este tipo que se repiten en toda la costa, como por ejemplo: Isla Pancha (Ribadeo), donde además se hace un uso indebido del espacio, ya que este pertenece a la Red Natura 2000; en los aparcamientos que invaden el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada (Cantabria); o con los chiringuitos en Andalucía que, lejos de ser instalaciones temporales, cada vez invaden más el dominio público e incluso se construyen sótanos que suponen una privatización del uso de un espacio que es y debe ser público.
El caso del hotel RIU en Fuerteventura
Por otro lado, la sobreexplotación turística, con sus resorts de lujo e instalaciones de ocio exclusivas, está detrás de muchas de las usurpaciones de espacio público y suele ser constantemente señalado, año tras año, en el informe Banderas negras. Este año repite en las Islas Canarias la denuncia por la construcción del Hotel RIU Palace Tres Islas en las dunas de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura).
La costa andaluza es, asimismo, objeto de apropiación indebida, con ejemplos como; de ahí la bandera negra concedida a la costa de Trafalgar en la provincia de Cádiz; el crecimiento urbanístico en zonas inundables con destrucción de hábitats en el humedal del Salar de los Canos (Almería); o la presión urbanística en la playa tarifeña de Los Lances.
Si hablamos de territorios, Catalunya es donde hay más presión urbanística en el litoral. De hecho, los pocos espacios naturales que quedan son objeto de proyectos mercantiles, como el pinar de la playa de La Farella o la parte final del río Rec d'en Feliu (ambos en Girona) donde el plan del gobierno municipal de Llançà pretende urbanizar estos terrenos, a pesar de ser zona inundable y de alto valor ambiental cerca del Parc Natural de Cap de Creus.
Un año marcado por la dana
Tras un año marcado por la dana, el informe también pone el foco en el crecimiento urbanístico en zonas inundables. Sus páginas abordan el caso de València, donde ya se están publicando banderas azules en prácticamente todas las playas afectadas por los residuos de la dana, solo siete meses después de la tragedia.
Ecologistas en Acción considera que estas banderas azules son una “grave irresponsabilidad, ya que no se han terminado las actuaciones de recuperación y limpieza de las playas valencianas. Además, y sobre todo, no hay resultados analíticos sobre el estado de arenales y lecho marino que han recibido residuos y sustancias contaminantes durante meses”.
Seis en Catalunya
Seis puntos de la costa catalana han recibido una bandera negra en el informe anual de Ecologistas en Acción. La oenegé pone en esta clasificación por “mala gestión” los planes del gobierno de Llançà para urbanizar el Rec d'en Feliu y la playa de la Farella. En Lloret de Mar denuncian el impacto de las embarcaciones privadas sobre el entorno natural, mientras que en Tarragona ponen el acento en las actividades que “hacen peligrar” la vida de los ecosistemas marinos. Así tienen bandera negra el proyecto de almacén submarino de CO2 frente a la costa y la torre de refrigeración de las centrales nucleares de Ascó. En Barcelona tienen bandera negra el delta del Llobregat por “mala gestión” y las playas de Barcelona por contaminación.