¿Renovables? sí; ahora, en todas partes, respetuosas y fiables

A nuestro sistema eléctrico se le acumulan los retos. Por un lado, los palpables y preocupantes efectos de la crisis climática en nuestro entorno, con los constantes récords de temperatura y los fenómenos meteorológicos extremos que se derivan, nos urgen a producir la energía que consumimos sin emitir CO2. Por otro, el apagón general del 28 de abril nos empuja a hacer esta transición hacia la energía limpia, garantizando un suministro eléctrico robusto que requerirá ponernos las pilas (o, mejor aún, las baterías).

Catalunya debe atender este desafío global. El Parlament fue pionero en 2017 con la aprobación de la Ley de Canvi Climàtic. Desgraciadamente, hasta ahora no hemos pasado de las intenciones a los hechos. En 2030 habría que generar 35 TWh de energía limpia para cubrir la mitad de la demanda anual, y hoy apenas estamos en unos escasos 6 TWh.

 La realidad es que, a diferencia de otras comunidades y países de nuestro entorno, construir parques solares y eólicos en Catalunya se ha convertido en un viacrucis administrativo que ha disuadido a muchos desarrolladores de renovables. 

Lejos de quienes recriminaban una supuesta barra libre, si de algo no se puede acusar a la Administración catalana, es de no ser extremadamente garantista a la hora de velar por la adecuación medioambiental y urbanística de las instalaciones renovables. Hoy por hoy, en Catalunya el trámite de autorización de un parque eólico terrestre tarda 1.045 días de media y el de un parque solar fotovoltaico sobre terreno, 805 días.

El trámite de autorización de un parque eólico terrestre tarda 1.045 días de media y el de un parque solar fotovoltaico sobre terreno, 805 días.

Como respuesta de emergencia a la anomalía que vivió la península Ibérica con el indeseable apagón generalizado, el Govern de la Generalitat impulsó el mes pasado el decreto ley 12/2025, para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Catalunya, con el objetivo de regular por primera vez las baterías, complemento indispensable de las renovables para poder consumir la energía que generan a cualquier hora, independientemente del sol y el viento. 

Si se quiere que el modelo energético catalán sea seguro y eminentemente renovable hay que acumular en baterías la electricidad de origen solar y eólico, que se genera de manera variable.

Por ello, el decreto aclara el recorrido administrativo y los requisitos que deben cumplir estas instalaciones, que hasta ahora podía suscitar dudas a las administraciones involucradas.

El otro objetivo del decreto ley es agilizar algunos cuellos de botella burocráticos que frenan la implantación de parques en nuestro país. Así, se reconoce el carácter de interés público superior de las plantas renovables, en aplicación de la Directiva Europea sobre Fuentes de Energía Renovables. 

El decreto ley que llega al Parlament persigue superar algunos cuellos de botella burocráticos que frenan la implantación 

Conviene remarcar que esta figura pretende realzar la prioridad de la transición energética a la hora de ponderar entre intereses concurrentes, pero en ningún caso tiene el efecto jurídico todopoderoso de funcionar como una carta blanca para ocupar y expropiar terrenos o ahorrarse impuestos. 

Los espacios de protección medioambiental, como la red Natura 2000, y el planeamiento urbanístico y los tributos municipales siguen siendo vinculantes y efectivos a la hora de autorizar y explotar los proyectos renovables. Nada los amenaza ni los pone en riesgo.

El decreto ley contiene otras medidas fruto de la experiencia, que ha demostrado que la regulación en este ámbito se podía mejorar. En un contexto de precios de la energía bajos o negativos y de la consecuente ralentización del sector, ha habido promotores que han dejado caer proyectos renovables en fase de tramitación avanzada (a veces, incluso ya autorizados), disuadidos por la larga espera y las limitadas perspectivas de rentabilidad económica. 

Ha habido promotores que han dejado caer proyectos renovables en fase de tramitación avanzada

Al menos 45 proyectos fotovoltaicos y 21 eólicos se han retirado estos últimos años por desistimiento del promotor, según datos del Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña.

 Esto justifica el cambio normativo que permite traspasar los permisos de estos proyectos a algún otro desarrollador, público o privado, con expectativas de rendimientos más moderadas, que los pueda rescatar. 

La motivación de este cambio no es ayudar al promotor, sino salvar los proyectos.

La experiencia también demuestra que el cruce entre el mecanismo de protección del suelo y la ubicación de los terrenos está impidiendo que en determinados espacios se realice ningún tipo de actividad. 

Por ejemplo, existen terrenos antropizados próximos a polígonos industriales o a carreteras, donde es inviable hacer ninguna explotación agrícola, pero al mismo tiempo están calificados de alto valor agrológico, lo que imposibilita otro uso. Del mismo modo, parcelas de pocos miles de metros cuadrados también reciben la máxima protección únicamente por tener poca pendiente, aunque sean simples pastos. 

¿Alguien conoce un suelo que realmente sea de alto valor y que nuestros agricultores no aprovechen? Es en estos casos puntuales de espacios que ni se han cultivado ni se cultivarán nunca, donde el cálculo y la realidad difieren, que el decreto abre la puerta a permitir su aprovechamiento energético y sólo para proyectos renovables de tamaño reducido (hasta 5 MW de potencia).

Resulta engañoso plantear un debate dicotómico que confronte la soberanía energética y la soberanía alimentaria

Resulta engañoso plantear un debate dicotómico que confronte la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Las renovables no pueden pagar los platos rotos de la problemática que afecta al sector primario. 

Catalunya ha perdido un 10% de explotaciones agrícolas en los últimos veinte años, y no ha sido por causa de las renovables, porque Catalunya les ha dado la espalda, hasta ahora. 

La superficie que ocupan los 135,3 MW de parques solares sobre terreno que hay hoy en servicio en el país no llega a 300 hectáreas; es decir, muchísimas menos que las 102.316 hectáreas de superficie de cultivos perdida entre los años 2000 y 2023, según el Departament d'Agricultura. 

La Prospectiva Energètica de Catalunya elaborada por la Generalitat estima que, para alcanzar la neutralidad climática en 2050 con la tecnología actual, habrá que destinar un total de 80.000 hectáreas a las renovables en el próximo cuarto de siglo; y harán falta 12.000 para alcanzar la meta intermedia de 2030.

 Estas necesidades de espacio son claramente inferiores al terreno agrario que ya se ha perdido en las últimas décadas. Sería bueno, pues, ensanchar la perspectiva para darse cuenta de que las renovables no son las enemigas de la agricultura, sino aliadas para combatir el cambio climático, que es la verdadera amenaza a la actividad agraria porque con sus efectos está perjudicando las cosechas. 

Sería decepcionante que partidos de tradición europeísta lanzaran a Europa el mensaje de que se desentienden de la emergencia climática

Ambas actividades viven del mismo recurso y las sinergias entre ambas pueden apuntalar el sector agrícola si el sector primario sabe aprovechar lo que le puede ofrecer de nuevo.

Por todo ello, creemos que el Parlamento debe afianzar el compromiso climático que trazó en 2017 convalidando este decreto ley que favorece la transición energética. De lo contrario, sería profundamente decepcionante que partidos de larga tradición europeísta lanzaran a Europa el mensaje de que Catalunya se relaja una vez más y no hace todos los esfuerzos posibles para garantizar el principio comunitario de desarrollo sostenible, que se concreta en la lucha contra la emergencia climática. 

Solicitamos a las fuerzas parlamentarias que tengan altura de miras para convalidar la norma

Sería igualmente contradictorio que representantes políticos que defienden las máximas cotas de soberanía para Catalunya renunciaran a la soberanía energética del país poniendo palos en las ruedas a las energías renovables y confiando, desde luego, el suministro eléctrico a la dependencia de Aragón y de Francia, con el correspondiente peaje de construir nuevas interconexiones con líneas eléctricas de muy alta tensión.

Es por ello que solicitamos a las fuerzas parlamentarias que tengan altura de miras para convalidar la norma y que, lejos de ser la última, la sigan otros decretos y leyes que, con el apoyo mayoritario de la cámara, resuelvan los muchos obstáculos que aún amenazan el despliegue renovable en nuestro país.

Basta de procrastinar con la transición energética. Es la hora de poner el consenso por el país y el futuro por delante del partidismo y la mirada corta para sacar a Catalunya de la cola de Europa en el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Salvador Salat i Mardaras es ingeniero industrial, autor del Diccionari de la transición energètica

Jaume Morron i Estradé, consultor en comunicación de proyectos de energías renovables y coautor de Energia sobirana y Renovables: l’energia de la llibertat