La propiedad de la tierra pasa en España del agricultor familiar a los fondos de inversión
El campo
El fenómeno comporta un acaparamiento de las tierras, las subvenciones y los recursos hídricos, según un informe de Greenpeace
El número de fondos de inversión especializados en agricultura a nivel mundial se multiplica por cuatro
Las operaciones del nuevo agronegocio consisten en el modelo “compro tu tierra y te la dejo en alquiler”
Imagen de un olivar en Martos (Jaén), siempre dependiente de la climatología
La transformación radical y acelerada de la agricultura en España, con la irrupción de fondos de inversión internacionales y grandes capitales, están desplazando el modelo de agricultura familiar. Así lo indica el informe “El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español”, de Greenpeace.
Este trabajo indica que este fenómeno, denominado agronegocio, está concentrando recursos críticos, como el agua y las subvenciones públicas, hasta provocar una pérdida masiva de soberanía, agrobiodiversidad y puestos de trabajo en las zonas rurales.
En solo una década, el número de fondos de inversión especializados en agricultura a nivel mundial ha crecido de 41, en 2015, a una previsión, a falta de datos de confirmación, de más de 1.000 en 2025. En la península ibérica, el agronegocio ha pasado de inyectar inversiones por valor de 800 millones en 2021, hasta casi triplicarse en 2023, con 2.200 millones de euros anuales. Hasta mayo de 2025, se habían cerrado inversiones por otros 400 millones y estaban en negociación 3.000 millones más.
Tndencia a la concentración
La tendencia a concentrar la inversión en la vivienda se está replicando ahora en el campo, dice el informe, todo lo cual comporta concentrar tierra, agua y ayudas públicas, mientras “quedan fuera quienes han trabajado la tierra toda la vida. Explica Helena Moreno, responsable de Agricultura en Greenpeace.
“Además, este modelo se maquilla de eficiencia, pero es concentración y acaparamiento de recursos hídricos, en un contexto de emergencia climática”, añade.
¿Quién sale ganando?
Regadío, clave de la rentabilidad
El acceso al agua se ha convertido en el factor determinante para la rentabilidad de los nuevos modelos superintensivos promovidos por estos grandes grupos, dice el informe. En el caso del olivar, donde el informe ha puesto su foco por ser uno de los productos emblema del país, ese modelo superintensivo en regadío está generando una desigualdad intrínseca en el propio sector.
“Los planes hidrológicos de cuenca se han encargado de beneficiarles, en las dotaciones de agua por hectárea y año, dando mayor volumen de agua al olivar superintensivo respecto al modelo tradicional en regadío, lo que han considerado como un agravio comparativo las organizaciones de pequeños y medianos agricultores”, se señala.
La minoría de este modelo de agronegocio es la que se ve beneficiada. Cuando hay sequía, el olivar tradicional, el mayoritario, produce muy poco (por falta de lluvia o restricciones de riego), lo que reduce la cosecha total y sube los precios. En cambio, el olivar superintensivo mantiene buena producción y es el principal beneficiado de esa subida.
“En un país de sequías recurrentes, los legisladores se han encargado de proteger el acceso al agua de esta minoría poderosa, aunque haya supuesto ir en contra de los agricultores y agricultoras tradicionales, mucho más numerosos y ligados al territorio”, agrega Moreno.
La PAC alimenta a grandes corporaciones
A pesar de que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) fueron diseñadas para garantizar la viabilidad de las rentas agrarias, los datos de 2024 muestran una extrema concentración de los fondos. Solo el 0,08 % de beneficiarios reciben más de 500.000 euros cada uno, el 10% del presupuesto total, dice el informe. Y, mientras los grandes reciben millones, el 60% de los beneficiarios cobra menos de 5.000 euros al año.
Muchos de estos grupos utilizan múltiples sociedades filiales, lo que dificulta la fiscalización del destino final de los fondos y evidencia lagunas en la transparencia corporativa del sistema.
La tierra no es de quien la trabaja
Las operaciones de este nuevo agronegocio consisten en el modelo “compro tu tierra y te la dejo en alquiler”, es decir, se compra la tierra a su propietario pero éste la sigue cultivando en régimen de alquiler, hasta la compra de tierra y contratación de terceros para su cultivo, o la compra de empresas del sector.
Además, esta entrada de fondos de inversión y grandes holdings empresariales está encareciendo el precio de la tierra. Por ejemplo, en zonas de olivar en regadío de Sevilla, donde se ha incrementado la expansión del olivar intensivo en los últimos años, ha subido un 24,6% el precio de la tierra entre 2020 y 2024, lo que imposibilita que los pequeños agricultores puedan competir o ampliar sus explotaciones, o que se favorezca el relevo generacional.
Concretamente en Andalucía, en 2024, 9 de cada 10 compraventas de fincas rústicas se realizaron sin hipoteca, lo que indica que el mercado está dominado por grandes capitales con liquidez inmediata.
Menos mano de obra
Los nuevos modelos intensivos y superintensivos se caracterizan por trabajos altamente mecanizados y externalizables: desde la plantación hasta la recolección con maquinaria especializada (como cabalgadoras), lo que reduce la necesidad de mano de obra y favoreciendo la entrada de capital que no necesita conocimiento agrario directo.
En el olivar, ha surgido una nueva figura de “intermediarios gigantes” (como Balam o Todolivo) que se encargan de todo: desde la mejora genética y la plantación, hasta la recogida, permitiendo que inversores ajenos al campo operen fincas como si fueran franquicias.
Los principales fondos de inversión
Canadá se ha convertido en un actor fundamental en el campo ibérico, a través de sus grandes fondos de pensiones y gestoras como Fiera Comox, PSP Investments, el fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Montada de Canadá, o de Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), el fondo de los profesores de Ontario que cuenta con un proyecto de 3.000 hectáreas de olivar superintensivo en Portugal.
Otras, como Cibus Capital, firma londinense especializada en el agronegocio, Atitlán o Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, donde su principal accionista es la Mutualidad de la Abogacía, se concentran en el olivar, el almendro y aguacate.
Y operan también otras grandes fortunas, como De Prado, cuya estrategia se basa en asegurar fincas con “safe water” (agua garantizada).
También están ISFA (Iberian Smart Financial Agro), centrada exclusivamente en el almendro superintensivo, o Lizard Agro (Familia Entrecanales), la rama agraria del vehículo inversor de los fundadores de Acciona. A través de sus sociedades AlmondPlus, han invertido más de 46 millones de euros en plantaciones de almendro en Aragón.
“Estos grandes fondos de inversión justifican su actividad alegando que tienen que responder a la “creciente demanda mundial de alimentos”. Si es por ellos, solo nos alimentaríamos de aceite de oliva, almendra y pistacho porque, básicamente, son los cultivos que tienen mayor rentabilidad, que es únicamente lo que les interesa”, explica Moreno.
Propuestas ecologistas
Greenpeace sostiene que las ayudas de la PAC deben ser para agricultoras y agricultores, no para los especuladores.
Por eso, pide la dxclusión de los fondos de inversión y holdings empresariales de las ayudas de la PAC; el reparto justo de las ayudas y condicionalidad social y ambiental; ransparencia corporativa real, e impulso del modelo de agricultura familiar y social y freno a la especulación.
Esto se debería concretar en una regulación del mercado de la tierra y acompañamiento público y local, el control de la integración vertical (cuando una sola corporación o alianza de empresas domina todos los eslabones de la cadena de valor) y freno a la creación de oligopolios
Igualmente, se propone un reparto justo y social del agua, lo que equivale a modificar los Planes Hidrológicos para eliminar las concesiones donde se benefician modelos de producción superintensiva frente al tradicional.
“También es clave avanzar hacia una reasignación de recursos hídricos que garantice el desarrollo de una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio”, dice el informe, que pide también la creación de Bancos Públicos de Agua y la rrvisión de concesiones históricas
