Neuroderechos con pesar en la era de la tecnología: qué tan fuerte y crítico es el límite, y qué tan inmoral se vuelve el no ser.
Ciencia Neo
Los sistemas de registro cerebral que permiten a los ordenadores interactuar directamente con el cerebro humano están alcanzando un punto crítico en el que las empresas pueden comenzar a ver resultados tangibles, pero aún así, el texto original no fue proporcionado.
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El cerebro está lleno de datos que pueden ser muy atractivos.
“La tecnología está a punto de descifrar los códigos de nuestro cerebro y las ventajas son tan alucinantes como los riesgos”. Así de contundente se mostraba el divulgador Rodrigo Taramona en una de sus últimas publicaciones de Instagram, justo antes de llamar a la acción: “Esta vez no podemos esperar más. Tenemos que regular el uso de nuestros datos cerebrales antes de que esta tecnología ya esté desplegada y repartida por el mundo entero”.
El motivo por el cual Taramona ha lanzado esta advertencia no se trata de fantasía futurista, sino de una realidad que actualmente avanza en ese sentido. Importantes corporaciones digitales y empresas emergentes se encuentran implementando sistemas aptos para convertir impulsos cerebrales en hechos, prever propósitos y hasta mediar en el vínculo entre la mente y los dispositivos.
Así, los mismos datos se mantienen intactos, con un formato similar y un significado equivalente, sin alterar el idioma ni introducir novedades.
Meta, por citar un caso, ha diseñado modelos de anteojos y brazaletes apoyados en sensores electromiográficos que no “leen” nociones abstractas, pero sí perciben el propósito motriz antes de que suceda la acción, lo cual permite redactar, elegir o navegar sin emplear el habla ni teclados. De igual manera, las interfaces cerebro-máquina de Neuralink o Synchron ya facultan a sujetos para gestionar equipos exclusivamente a través de impulsos neuronales, dando inicio a un enlace directo entre el intelecto y el software.
El proceso de estandarizar estos sistemas trasciende la mera suposición académica para convertirse en una realidad aceptada por la propia industria. La experta técnica y empresaria Natalia Rodríguez, creadora de Saturn Labs, admite que testó los recientes visores de Meta y verificó que la evolución no radica en la idea, sino en la ejecución: “He probado las nuevas gafas de Meta y sí, tienen buen hardware, pantallita, control con pulsera, cámara, asistente… Así que piensas: ‘¿Para qué voy a cargar con el móvil si lo llevo en las gafas?’”.
Al mismo tiempo, marca una línea roja clara frente a tecnologías más invasivas: “Lo de ‘meterme un chip’ no me convence nada porque es muy intrusivo y tengo mis dudas respecto a la salud”, subrayando que no todo avance técnicamente posible resulta social o éticamente deseable. El debate, por tanto, está servido. Está claro que todo esto no implica solo sofisticación técnica, sino un abordaje de nuestros límites biológicos y, sobre todo, un desplazamiento de nuestra última frontera: nuestro pensamiento.
La idea de meterme el chip no me convence para nada.
Por centurias, la reflexión constituyó el espacio final auténticamente sagrado. Era posible que nos supervisaran, silenciaran o penalizaran por nuestras palabras o acciones, mas no por nuestras ideas internas. El intelecto representaba aquel rincón inaccesible donde, hipotéticamente, la autoridad carecía de acceso. En la actualidad, dicho santuario comienza a agrietarse y corre el riesgo de transformarse en un recurso de información aprovechable, vulnerable ante las ambiciones comerciales, la propaganda o la gestión de la conducta.
Quizá estemos a punto de cruzar una línea al aceptar sin cuestionar que lo que se presenta como una intervención benigna es en realidad una manipulación sutil pero real de nuestras libertades fundamentales.
En ese contexto, la urgencia regulatoria que señalan iniciativas como el movimiento Derechos al Futuro no responde a un alarmismo paródico, sino a un hecho constatable: cuando la tecnología se normaliza antes de ser regulada, ya no se previenen daños, solo se administran paliativos. Interfaces cerebro-máquina, dispositivos capaces de registrar actividad neuronal, aplicaciones que prometen mejorar la concentración o detectar estados emocionales… Todo ello ya no pertenece en exclusiva al laboratorio, y el Derecho debería adelantarse —por una vez— al mercado.
Conforme a un ensayo del docente de Derecho Constitucional Federico de Montalvo Jääskeläinen, la neurotecnología facilita el acceso tanto a “acceder y leer los pensamientos de los individuos” como a “manipular las decisiones y acciones del individuo”. El especialista señala que estas innovaciones “tienen el potencial de dañar o alterar irreversiblemente el delicado equilibrio de la psique humana”. No nos referimos a una aplicación cualquiera, sino a mecanismos que intervienen en lo que nos conforma como entes morales y jurídicos.
Esta coyuntura reciente impone, por consiguiente, una interlocución difícil pero forzosa entre la neurociencia, la ética y el Derecho. “La íntima conexión entre nuestro cerebro y nuestras conductas […] genera nuevas preguntas que exigen una clara interacción entre el pensamiento ético y el neurocientífico”, apunta De Montalvo. Cuestiones que resultan impostergables y ante las cuales, tal como argumenta el autor, “los derechos humanos pueden ser el único o, al menos, el principal límite” frente a un rumbo tecnocientífico que amaga con despojar de sentido a pilares fundamentales como la responsabilidad, la libertad o el consentimiento.
La dificultad reside en que gran parte de nuestras garantías esenciales se establecieron partiendo de la premisa de que la mente resultaba inaccesible, un principio que actualmente comienza a tambalearse. “La dimensión interna de esta libertad no ha merecido especial atención por parte del Derecho […] porque el pensamiento era el último lugar recóndito del individuo”. Sin embargo, ¿qué sucede en el ámbito jurídico cuando dicho espacio pierde su condición de privacidad física?
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Por esta razón, naciones como Chile han integrado parcialmente los denominados “neuroderechos” en su esquema constitucional, al tiempo que Cantabria ha fomentado la legislación pionera en Europa dirigida a la protección de los datos cerebrales. No obstante, el propio De Montalvo añade una observación de prudencia: “No todo deseo, por plausible que pueda ser, es una imperiosa necesidad y además debe convertirse ineludiblemente en derecho”.
Para el jurista, muchos de estos neuroderechos no serían realmente nuevos, sino reformulaciones de garantías ya existentes: privacidad, integridad física y psíquica, libertad de pensamiento. El riesgo, advierte, es que el entusiasmo normativo produzca el efecto contrario al deseado, pues los neuroderechos “podrían […] actuar más como incentivos que promueven y amplían el uso de las nuevas tecnologías que como límites asentados en la cautela y en la protección de la dignidad de las personas”.
Transformar la “libertad cognitiva” en una prerrogativa legal —la facultad de perfeccionarse, optimizarse y fortalecerse cognitivamente— podría de este modo facilitar una aceptación inédita de las manipulaciones cerebrales. Y con ello, dar paso a distintas modalidades de inequidad, exigencia colectiva y la comercialización de la propia identidad. “El discurso de los neuroderechos encierra demasiados riesgos”, finaliza el escritor, incluyendo a “transformar un aparente fortalecimiento de los intereses del individuo en un debilitamiento de su dignidad”.
La cuestión radica en la imagen ofrecida por la Fundación Sentido Animal de un perro de intervención asistida
Aún mejor: reescribir el siguiente texto sin alterar su idioma, respetando escrupulosamente el idioma original en cada palabra, sin excepción alguna.