Por regla general la jornada laboral en España es de 37,5 horas semanales en el sector público y de 40 en el privado (todo en media anual). Se está discutiendo extender por ley las 37,5 horas al sector privado, manteniendo los sueldos. El debate es intenso y está poniendo en cuestión la estabilidad del Gobierno. Tres aspectos que destacar:
1) La propuesta establece que una jornada laboral a tiempo completo significa trabajar 37,5 horas a la semana. Sobre la jornada laboral hay dos escuelas de pensamiento. La liberal lo ve como algo que hay que dejar a la libertad contractual de empresarios y trabajadores. La protectora lo pone en el contexto de la responsabilidad pública de evitar situaciones de explotación y de facilitar grandes acuerdos sociales. Esta tiene la historia a su lado. Recordemos como en Catalunya, con la huelga de La Canadiense en 1919, triunfó para toda España la jornada de ocho horas. Ahora bien, el mundo ha cambiado mucho y no es evidente que hoy un instrumento tan poco afinado como un tope uniforme de horas por año sea la mejor forma de proteger del abuso. Por ejemplo: puede haber trabajadores que prefieran trabajar por encima de la norma un año para poder hacerlo por debajo al año siguiente. Es razonable no obstaculizarlo con normas demasiado rígidas.
2) La propuesta aumenta de golpe el salario real por hora un 6,6% en el sector privado (si un convenio no ha establecido ya una jornada más corta). La lógica económica dice que las empresas contratarán menos ya que, a igual empleo, no es creíble que la productividad aumente automáticamente en la misma proporción. Si en algún rincón de la economía pasara eso, las consecuencias para los trabajadores serían imprevisibles. Si un tendero ve que cerrando media hora antes ingresa lo mismo, quizá concluirá que puede cerrar una hora antes, o cerrar del todo y trabajar online.
3) Se establece por ley. Para el salario mínimo se entiende que deba hacerse así. Pero el grueso del resto de los salarios se determina por negociación colectiva. Es un principio que se rompe en este caso ya que se introduce –podríamos decir que por la puerta de atrás– un aumento automático que llega al 6,6%. Incorporar normas laborales en el sector público para después arrastrar al privado es una mala práctica. No tiene justificación: el sector público no está sujeto al mercado –local y mundial– de la misma forma que el privado. No es de extrañar que las patronales se rebelen.
El interés primordial de los ciudadanos de un país es que la productividad de su economía crezca de forma continuada y que eso se traduzca en crecimiento también continuado del salario por hora trabajada.
Incorporar normas laborales en el sector público para después arrastrar al privado es una mala práctica
Es bien sabido que el problema fundamental de la economía española es el estancamiento de la productividad. Reducir la jornada laboral tendrá un efecto básicamente neutro sobre la productividad por hora trabajada, aunque sobre la productividad por trabajador podría ser negativo. En estas condiciones la mejora del salario real por ley puede no ser sostenible: una dinámica de tensiones y conflictividad
hará que la negociación colectiva se endurezca y que los salarios se actualicen por debajo de la inflación, hasta que la mejora se reabsorba. Si la expectativa es de estancamiento, quizá tendríamos que preguntar a los trabajadores si prefieren implantar ahora las 37,5 horas –y aceptar en años sucesivos aumentos de salarios por debajo de la inflación, hasta erosionar la ganancia del 6,6% por hora–, o bien no modificar la jornada y mantener la actualización de precios por la inflación. La segunda opción es neutral con respecto al salario por hora, el salario por trabajador y el empleo. La primera, en cambio, puede acabar llevando al mismo salario real por hora, pero muchos trabajadores pasarán al régimen de 37,5 horas e ingresarán
menos.
En cambio, si conseguimos el objetivo fundamental –que la productividad española aumente al ritmo de la europea–, nos podremos permitir, por la vía del diálogo social y la negociación colectiva, un reparto de las ganancias que sea equitativo entre el capital y el trabajo, y también que sea el trabajador quien decida cuánto de su parte se traduce en incremento de ingresos y cuánto en reducción de horas trabajadas.
Es, creo, el camino más prudente.
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