El impacto de la nueva presidencia de Trump sigue teniendo un papel estelar en los análisis geopolíticos. Los minutos de conversación en la Casa Blanca entre el presidente, Vance y Zelenski levantan acta pública de la quiebra del bloque occidental y de la voladura desde dentro de las reglas del orden internacional de los últimos 80 años. Trump y Vance, con insólita agresividad y deliberada violencia verbal, pretendieron humillar al agredido y rehabilitar al agresor Putin.
No sé si Trump va en serio con todas sus amenazas o parte de ellas quedarán inventariadas en la larga lista de alocadas fanfarronerías frustradas ante el muro de la realidad. Desde luego, en el ámbito de la inmigración y en el de los aranceles encontrará claras resistencias y respuestas perniciosas para los intereses de EE.UU. Pero vaya o no en serio Trump y haga lo que haga su Administración, quien sí debería ir en serio y sin pérdida de tiempo es la UE. Lo que empezó con la CECA en 1951 en París, como un proyecto de paz, consolidado a lo largo de las últimas décadas como un gran espacio de libertad y progreso económico y social, debe abordar ahora una profunda y urgente revolución.
Si los informes de Letta y Draghi acaban en un cajón, será la UE la que terminará en el baúl de los recuerdos
Por supuesto, en el terreno de la seguridad y no solo garantizando ayuda militar a Ucrania, sino modelando y construyendo una auténtica política europea de defensa. Pero debemos y podemos hacer más y solo dependemos de nosotros mismos. Hay un nuevo contexto al que la UE debe adaptarse incorporando las recetas de Letta y Draghi. Revisar lo que no se ha hecho bien; crear una quinta libertad que permita investigar y crear sin limitaciones; generar un mercado único de capitales con bancos y ahorro europeos; hacerlo también en el ámbito energético y en el de las telecomunicaciones; eliminar barreras administrativas y burocráticas y engendrar un marco regulatorio único acompañado de una nueva gobernanza. Y si a algunos no les gusta, mejor avanzar sin ellos que retroceder todos juntos. Si los informes de Letta y Draghi terminan en un cajón, será la UE la que acabará en el baúl de los recuerdos.
Frente a estos retos europeos, que deberían formar parte del debate político español generando un consenso lo más amplio posible, emergen, sin embargo, polémicas superficiales y enfocadas desde intereses coyunturales y partidistas. Es lo que sucede acerca de la quita de la deuda del FLA o de la delegación de competencias a Catalunya en materia de inmigración. Ambas medidas son relatadas como un éxito del independentismo por los partidos catalanes que las negociaron. Y asumidas en los mismos términos por el PP, para presentarlas como ejemplo de un Gobierno socialista “arrodillado ante los enemigos de España”. Una vez más a la greña y, como sucede desde los primeros acuerdos de CiU con el PSOE de González o luego con el PP de Aznar, Catalunya acaba siempre pagando los platos rotos, aunque acaben beneficiándose todos.
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La quita de la deuda no es para sufragar lo que Junqueras gastó cuando regentaba la Hacienda catalana. Es un parche más para cubrir un déficit fiscal que Catalunya no tiene en exclusiva y que proviene de una insuficiente financiación de la gran mayoría de las comunidades autónomas. ¡Este es el problema! Y la delegación competencial de inmigración es lo que es y no lo que a unos y a otros les conviene hacer ver que es. Y sin compartir el relato y el tono de alguno de sus dirigentes (carentes de la más mínima empatía), me parece una sinrazón activar la caza de brujas presentando a Junts como la esencia de la peor extrema derecha racista de la UE.
España tiene pendiente acometer definitivamente la financiación de sus autonomías (que son las que prestan la mayoría de los servicios a la ciudadanía) y tiene en la gestión de la inmigración (como lo tiene casi toda la Unión Europea) un reto que debe abordar desde el realismo. Despachar ambos desafíos desde la impronta de la “necesidad coyuntural” y “el fuego cruzado partidista” es un grave error que pagará no solo Catalunya, sino el conjunto de España. Añadamos a todo esto la incapacidad para garantizar el acceso a la vivienda y, a su vez, el derecho a la propiedad frente al creciente fenómeno de la ocupación. ¡Y luego seguiremos lamentando el ascenso de la verdadera extrema derecha!