La oferta pública de adquisición de acciones (opa) del BBVA sobre Banc Sabadell entra esta semana en una fase decisiva justo un año después de haberse presentado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe emitir entre hoy y el miércoles su dictamen de aprobación o de rechazo tras haber evaluado las condiciones y el impacto de la opa en el sistema financiero español.
Son varios los factores que han influido para que la tramitación de dicha opa se haya prolongado tanto tiempo. El carácter hostil de la operación, su complejidad jurídica por la dimensión de ambas entidades, los recursos estratégicos defensivos adoptados por el Sabadell y el temor de los sectores empresariales, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, a ver limitada su financiación como consecuencia de la menor competencia bancaria. Este último es un factor que también preocupa en medios políticos. Catalunya, además, teme perder soberanía financiera tras el regreso de Banc Sabadell, que vuelve a tener la sede en su ciudad de origen después de haberla trasladado a València durante la etapa del procés para evitar el riesgo de inseguridad jurídica.
La ofensiva accionarial del BBVA sobre la entidad catalana cumple un año sin apenas avances
Si la decisión de la CNMC es negativa, ambos bancos seguirán su trayectoria en solitario, como hasta ahora. En caso contrario, la opa continuará adelante en espera, a su vez, de su aprobación o rechazo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Ministerio de Economía, que probablemente optará por elevar el asunto al Consejo de Ministros. El BBVA, en cualquier caso, confía en poder someter la opa a los accionistas del Sabadell antes de la temporada estival. Pero la incertidumbre sobre el proceso es muy elevada. Nunca hasta ahora una opa de un banco sobre otro había sido recibida con tanto rechazo político, empresarial y social como esta.
Todo indica que los trabajos de la CNMC se encuentran ya ultimados desde hace semanas. La entidad realizó a principios de mes un segundo test de mercado para valorar los compromisos adquiridos por el BBVA para garantizar el nivel de financiación actual a las pequeñas y medianas empresas que son clientes de Banc Sabadell en caso de ganar la opa. Resulta significativo, al respecto, que la mayoría de las asociaciones empresariales consultadas por la CNMC hayan afirmado que dichos compromisos no resolverán los problemas de falta de competencia y de menor financiación que una hipotética integración de ambos bancos puede llegar a causar. Tanto es así que el presidente de la patronal catalana Foment del Treball confía en que la CNMC se pronunciará contra la opa del BBVA sobre el Sabadell, ya que es una operación que, a su juicio, conllevaría la pérdida de 75.000 millones en créditos a las pequeñas y medianas empresas. Pero en la CNMV hay división todavía en torno al diagnóstico y los remedios que el BBVA debería aplicar, de modo que no hay certeza acerca de su decisión definitiva. En cualquier caso, sea cual sea su dictamen, todo indica que al final será el Gobierno quien ejercerá de árbitro definitivo. Al respecto hay que recordar que el presidente Sánchez dijo en su día que para tomar su decisión el Ejecutivo tendrá en cuenta el gran número de pymes existente en España y considerará, asimismo, la cohesión social y la territorial, en clara referencia a la necesidad de evitar una excesiva centralización geográfica.
La CNMC debe decidir esta semana si autoriza que la operación pueda seguir adelante
La opa ha sido autorizada ya por el Banco Central Europeo (BCE) y por la Comisión Europea, ya que la operación no tiene apenas incidencia en el mercado europeo ni tampoco recibe ayudas públicas. También podría ser autorizada, bajo determinadas condiciones, por la CNMC y la CNMV, y aprobada incluso por un amplio grado de consenso de los accionistas. En caso de que, gracias a todo ello, la opa saliese adelante, el BBVA se convertiría en propietario mayoritario del Sabadell. Pero un veto del Gobierno español podría evitar su fusión y haría que continuaran siendo entidades separadas para evitar un excesivo grado de concentración bancaria que penalizase a los ahorradores y a las empresas. Pero eso, a su vez, rompería la estrategia del BBVA de aprovechar las sinergias derivadas de una fusión de las dos estructuras bancarias para ganar rentabilidad y por tanto desvirtuaría el objetivo de la opa.
Es mucho lo que está en juego para ambas entidades. En una economía de mercado se abre el debate de si es correcta una intervención directa de los poderes públicos sobre las decisiones de empresas y accionistas privados. La garantía de la seguridad jurídica es fundamental para la confianza en un país. Por tanto, si opta por esa vía, el Gobierno deberá justificar muy bien su decisión sobre la base de que realmente dicha fusión bancaria es lesiva para los intereses de los consumidores y de las empresas.