La DGAIA (direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) de la Generalitat es el organismo que debe velar por la protección y tutela de los menores desamparados y que tienen un alto riesgo de marginación social. Su gestión no es nada sencilla porque debe administrar un volumen muy alto de niños y adolescentes –en torno a 9.000–, que va creciendo a medida que también se dispara la llegada de muchos migrantes menores. Este organismo ha estado siempre en el punto de mira, y la Sindicatura de Comptes, sin ir más lejos, detectó irregularidades en la contratación y adjudicación de prestación de servicios a entidades privadas del tercer sector entre los años 2016 y 2020. La DGAIA financia a muchas de estas empresas que acaban gestionando ellas directamente el servicio.
Hace unas semanas, la actual consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, fulminó a la directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, que llevaba solo seis meses en el cargo. Los motivos aún no han sido explicados y se está a la espera de una comparecencia en el Parlament. Al parecer, el motivo de fondo es que la consellera no está satisfecha de cómo funciona la DGAIA y cree que es hora de hacer una transformación mucho más radical de la organización.
Mónica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials
En este contexto, con denuncias sin concreción en las redes sociales sobre supuestos casos de corrupción y una decena de sentencias dictadas en el último año por mala gestión de los permisos de residencia de los menores migrantes, se ha desvelado el espeluznante caso de una niña de 12 años que ha sido violada en sucesivas ocasiones mientras estaba amparada por la DGAIA. El suceso se ha descubierto cuando la pequeña llevaba dos años sufriendo abusos por parte de un pedófilo de 40 años que, además, la ofrecía como mercancía sexual a otros hombres, según denuncia la Fiscalía.
El horror de esta historia va a poner el foco, sin duda, en la gestión de este organismo de la Generalitat. Puesto que al lado de nuestra casa tenemos un submundo descontrolado y desconocido, que no podemos ignorar. Igual que aplaudimos el plan anunciado el lunes por el Govern de invertir 700 millones de euros contra la pobreza infantil, haría bien la Generalitat en tomarse muy en serio este asunto.
