Ante el avance imparable de las soluciones basadas en inteligencia artificial (IA), la cuestión de su regulación ética se hace más imprescindible que nunca. Eso ya lo sabíamos. Sobre todo, ante las noticias de que, por un módico precio -menos de 200 euros-, cualquier se puede hacer con una IA que le proporcione todas las herramientas para realizar ciberataques, sin necesidad de tener muchos conocimientos. Además, para hacerse con estos archivos, no hace falta acudir a ningún recóndito lugar de la dark web . Se consiguen en la parte visible de internet.
Y aquí ya dejamos el terreno de la ética para adentrarnos de lleno en el de lo legal y lo jurídico, pues hablamos de la posibilidad de cometer delitos.
Por este motivo, los estados tienen que empezar a pensar seriamente en una regulación legal de la IA y de perseguir a los que la incumplan, que, además, sea lo más parecida de un país a otro, para que no existan –como sucede en el terreno fiscal– paraísos en los que se puedan alojar servidores que ofrezcan según que servicios.