La opa hostil del BBVA al Sabadell, mal gestionada desde el inicio por el opante, ha entrado en una nueva fase en la que el Gobierno debe analizar si confirma o modifica los compromisos que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) adoptó al darle su autorización. Ciertamente, la ley de Competencia contempla que la aprobación de procesos de concentración en el ámbito bancario corresponde a la CNMC y esta ha dado el visto bueno a la operación. Decisión que resulta difícil de entender proviniendo del organismo cuya misión principal es la de preservar unos niveles saludables de competencia en el sector bancario.
Pero independientemente de esta apreciación personal, y de acuerdo con la citada ley de Competencia y con el espíritu del legislador, no debería causar extrañeza que el Gobierno intervenga analizando la operación desde una perspectiva más amplia. No solo puede sino que debe hacerlo con una mirada más holística para proteger lo que llamamos interés general.
No solo la ley española le ampara y le obliga. El reglamento europeo sobre concentraciones empresariales también preserva la competencia de los estados miembros, cuando estén evaluando una operación de concentración, para apreciar la concurrencia de intereses legítimos más allá de los señalados por la UE. No dejan de ser sorprendentes, por tanto, algunas reacciones que siembran dudas sobra la intervención gubernamental y si esta afecta a la seguridad jurídica, cuando lo que se hace es cumplir la ley española amparada por la europea.
Se ha cuestionado también la consulta pública que el Gobierno convocó para permitir alegaciones a quienes pudieran verse afectados. No se puede negar que el procedimiento es inusual, pero es fruto de una decisión conforme a derecho. Es más, son las limitaciones impuestas por la CNMC en sus trámites de audiencia las que avalan la oportunidad y necesidad de la consulta.
La opa provoca una gran pérdida de energía que debería dedicarse a pensar en modo transfronterizo
Es ajustada a derecho, porque la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deja un margen muy amplio para realizar actos de instrucción de un proceso, entre ellos las alegaciones y audiencia a los interesados. Y es oportuna y necesaria porque la CNMC privó a entidades como Foment, Confederación de Empresarios de Galicia o la Empresa Familiar de Alicante, entre otras muchas (es decir, no solo catalanas), de presentar sus alegaciones antes de que el regulador tomara su decisión.
En consecuencia, el Gobierno deberá tener en cuenta los diversos elementos que muchísimas entidades han ido desgranando acerca de la opa hostil y que no tienen relación con la competencia ni con la solvencia. Son intereses generales que la ley induce a tener en cuenta: el impacto sobre la productividad en el probable caso de que el crédito a las pymes se redujera; el impacto de la operación en el empleo; la cohesión territorial; los intereses de los consumidores por el incremento de la concentración del crédito bancario; o el aumento de la exposición a los riesgos exógenos debido al altísimo porcentaje de margen financiero del BBVA procedente de México y de Turquía…
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Y añado a estos elementos que configuran el interés general español una consideración sobre el interés general europeo. Enrico Letta, autor del informe Mucho más que un mercado, no se cansa de repetir que “necesitamos campeones europeos, no nacionales” y que “los bancos tienen que ondear más la bandera europea que la nacional”. La propia comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, declaraba la semana pasada en el diario Expansión que “Europa necesita bancos más grandes para competir con EE.UU. y China… pensar a nivel europeo, no estar enfocado en cada estado miembro sino pensar en modo transfronterizo”.
Y esta opa, pensada a nivel nacional, está provocando una gran pérdida de tiempo y energía que deberían dedicarse a pensar en modo transfronterizo, que es lo que el interés general europeo, y por tanto el español, demanda. La existencia de campeones nacionales no asegura en absoluto que el siguiente paso sea la integración europea. La operación crearía un banco más grande, pero ello no contribuiría a fortalecer el sistema financiero español ni a mejorar la Unión Bancaria Europea.