Trasladar el Comité Federal del PSOE, el máximo órgano de dirección entre congresos, desde Sevilla, donde iba a celebrarse este 5 de julio, en paralelo al cónclave del PP en Madrid, a la capital de España supone, tras desvelarse el primer informe de la UCO sobre las (presuntas) extorsiones y el cobro de comisiones de los dos últimos exsecretarios de Organización de los socialistas, políticos ambos del círculo más estrecho del presidente del Gobierno, aceptar que Andalucía es una plaza (política) perdida.
Estamos ante algo con mayor alcance que una metáfora. No son causas operativas ni estratégicas las que han precipitado esta mudanza (en tiempos de tribulación), que esconde una renuncia tácita. El cambio de ubicación de esta reunión, en la que se sancionarán los cambios dentro de la dirección del PSOE con los que Moncloa intenta pasar página del caso Koldo, convertido ya en el affaire Cerdán, se debe a una cuestión atmosférica.
Lanzar como candidata oficial –con unas primarias que no son electivas, sino un simple trámite– a María Jesús Montero, la mujer que puso la mano en el fuego por la honorabilidad de Santos Cerdán, hubiera supuesto interpretar una pieza irremediablemente cómica. Esto es: hacer el ridículo.
Cerdán, Sánchez y Montero, en un Comité Federal del PSOE
La situación de los socialistas es crítica. También en Andalucía, donde los sondeos señalan que el perfil de la vicepresidenta del Gobierno no entusiasma a unos votantes que, tras desvelarse el contenido de las investigaciones de la UCO, probablemente tienen escasos motivos para ir a las urnas, ya sea tanto en unos comicios generales adelantados –a los que Sánchez todavía se resiste– como en una convocatoria autonómica.
Los dirigentes del PSOE, aunque en público digan otra cosa, saben que su táctica de resistencia (a toda costa y contra todas las evidencias) no cuenta en el Sur de España con un territorio fértil ni abonado. La incógnita es si el desinterés y el hartazgo social se han transformado (o no) en hostilidad.
Más de la mitad de los andaluces, según una encuesta de GAD 3, están descontentos con la asistencia sanitaria pública, una competencia exclusiva de la Junta. Pese a manifestar esta opinión, la mayoría (absolutísima) de Moreno Bonilla no peligra. Se consolida. Es objetivamente sólida.
El Puente del Centenario de Sevilla
¿Una paradoja? Sin duda, pero también un indicio de que los deméritos de la derecha meridional no se traducen en una recuperación del PSOE en Andalucía, que no puede contribuir a la operación búnker con la que la Moncloa quiere diluir el golpe de la corrupción de sus máximos dirigentes.
Montero intenta embridar la crisis del PSOE con literatura de telenovela –“Me siento profundamente traicionada, dolida e indignada”– pero, desde hace mucho tiempo, sabe muy bien que su candidatura hace aguas.
La vicepresidenta lidia con un tsunami. No sólo porque la investigación del Tribunal Supremo esté en su germen –saldrán más noticias y serán peores–, sino porque uno de los peligros del caso Cerdán es su extensión territorial.
Juan Manuel Moreno y Ricardo Sánchez, presidente del PP de Sevilla, en el acto de su toma de posesión como delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla
El elefante en la habitación, en este caso, es el Puente del Centenario, una de las grandes infraestructuras de Sevilla, construido durante la Expo del 92 y cuya reforma, con un sobrecoste de 42 millones de euros, es la única que el Gobierno central ha aprobado en la capital hispalense en décadas, acaso porque de su ejecución dependían las (presuntas) mordidas de la red de comisionistas que conecta a Koldo con Ábalos y Cerdán.
Más de 100.000 vehículos circulan cada día sobre esta pasarela levantada a 46 metros por encima de la dársena del Guadalquivir, lo que da una idea del impacto que las noticias sobre las comisiones ilegales supuestamente abonadas por su realización pueden tener (potencialmente) en la población.
El PSOE andaluz ya no puede calificar estas irregularidades de bulo –todo el mundo puede escuchar las grabaciones en internet y sacar sus propias conclusiones– ni obviar las evidencias, que parecen ser el negro augurio del naufragio que le espera a la candidatura de Montero.
Ábalos y Susana Díaz en una imagen de archivo
La cornada del affaire Cerdán, por decirlo en términos taurinos, además de hundir las opciones políticas de la vicepresidenta en Andalucía, tiene otra trayectoria: las reacciones internas ante la crisis por el informe de la UCO.
Sectores del PSOE andaluz, todavía en privado, discrepan de la estrategia de Pedro Sánchez (que Montero secunda de forma mecánica): disculparse sin tomar ninguna medida para, acto seguido, acusar al PP de corrupción.
Salvo episodios muy concretos, como la investigación judicial que afecta a Ricardo Sánchez, presidente del PP de Sevilla, imputado en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo (Mairena del Alcor), las dos legislaturas de Moreno Bonilla no han hecho aflorar un caso equivalente al affaire Cerdán.
El PP no ha sido ejemplar en la recuperación del dinero de los ERE y tampoco ha hecho reformas que desmonten el sistema clientelar heredado de los socialistas en la Junta, como evidencia el caso Faffe, pero carece –a fecha de hoy– de una vía de agua por corrupción que inquiete a San Telmo.
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En el Quirinale existe además consenso en la idea de que, si la candidatura de Montero ya era un regalo para Moreno Bonilla, entre otras cuestiones por su papel en la negociación del concierto en favor de Catalunya, el estallido del caso Cerdán –orgánicamente dependiente de Montero como vicepresidenta del PSOE federal– supone algo así como una bendición.
Sobre todo porque la presunta red de comisionistas del PSOE podría ampliarse a otros dirigentes si empiezan a aparecer vínculos con posibles colaboradores en Andalucía, desde la Delegación del Gobierno en la región hasta dirigentes de algunas de las agrupaciones del partido.
La mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano, cuyo nombre fue una de las opciones para renovar el PSOE andaluz antes de la designación de la ministra Montero, pertenece al núcleo dirigente de los socialistas en Jaén.
Serrano no aparece en el informe de la UCO. Tampoco Eladio Garzón, militante del PSOE de Sevilla. Su relación con Santos Cerdán, no obstante, dada la damnatio memoriae que Ferraz acaba de decretar sobre su exnúmero tres, compromete al PSOE de ambas provincias, las únicas agrupaciones que conservan poder en sus respectivas diputaciones.
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Que puedan aparecer durante la investigación del Supremo éstos u otros nombres de políticos del PSOE andaluz conectados con Koldo, Ábalos y Cerdán inquieta a Montero bastante más que la petición de adelanto electoral de la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.
El predicamento de Díaz dentro de la organización andaluza es irrelevante. En cualquier caso, no sería inocente en un hipotético fraude en la primarias de 2014: sin los 12.000 avales que Andalucía aportó en ese momento al presidente del Gobierno –antes de convertirse en su adversario– nunca se hubiera producido el giro populista del socialismo hacia el sanchismo.
El problema del PSOE meridional, desde luego, ya no es la reconquista de Andalucía, su antiguo reino, perdido para siempre, sino ayudar a sostener a un Sánchez cuyas alas, igual que Ícaro, parecen haber sido devoradas por el calor del sol de la (presunta) corrupción, y cuyo verano va a ser infernal.