Los datos sobre construcción de vivienda en Catalunya son decepcionantes. Los visados para nuevas casas en las comarcas de Barcelona han caído un 34,1% en el primer semestre del año, según alerta el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Este frenazo en la edificación no guarda ninguna coherencia con la gran demanda habitacional que registra el mercado inmobiliario y con el constante aumento de operaciones de compraventa de viviendas, en el marco de una economía en plena expansión, con aumento de la creación de empleo, y con tipos de interés a la baja. Algo muy grave falla. Hay que investigar con urgencia qué sucede y buscar soluciones de inmediato.
Construir viviendas en Catalunya, especialmente en las comarcas barcelonesas, que es donde hay más demanda, es una cuestión de emergencia social. El programa de legislatura del president Salvador Illa ha marcado el objetivo de construir 50.000 viviendas públicas hasta el 2030. Son la mitad de las más de 100.000 que se estima que se necesitarían, pero es una cifra importante. Sin embargo, el ritmo de construcción actual no acompaña; no garantizaría alcanzar esos objetivos, como se advertía ayer desde el Col·legi d’Arquitectes, pese a que se confía que en los próximos meses la situación mejore.
Hace falta una drástica agilización de los trámites administrativos para la creación de suelo urbanizable y la aprobación de los nuevos proyectos de edificación. Las administraciones públicas son a veces una gran parte del problema que frena la edificación en lugar de ser parte de la solución.
Es urgente liberar suelo y agilizar trámites para lograr los 50.000 pisos protegidos prometidos
En el conjunto de Catalunya, el descenso en la edificación de viviendas nuevas ha sido del 22% en el primer semestre con respecto al año anterior en el mismo periodo. En concreto, hasta junio, los arquitectos visaron 8.107 proyectos de inmuebles de nueva creación, de los que solo un 18% son de protección oficial (aunque este tipo de vivienda no está sujeta al visado obligatorio). Todo queda lejos de lo que serían niveles óptimos.
La Generalitat ha iniciado ya, desde hace meses, la localización de suelo urbanizable en las comarcas de Barcelona y en el resto de Catalunya. Se han detectado ya, según el Col·legi d’Arquitectes, 600 solares para poder edificar 22.000 pisos públicos, casi la mitad de los prometidos. Pero hay que ponerse ya manos a la obra, y nunca mejor dicho. A la Generalitat le corresponde dinamizar al máximo la aprobación de los planes urbanísticos y de las licencias correspondientes de construcción. Esto es algo que requiere activar la colaboración institucional con los ayuntamientos y actuar con determinación. Es igualmente importante establecer un gran pacto con el sector privado para unir esfuerzos, dar seguridad jurídica a los inversores y movilizar el máximo volumen posible de financiación. Todo ello es clave para dar un impulso drástico a la construcción de vivienda.
Resultan alentadoras las declaraciones del president de la Generalitat, que se mostró a favor de actualizar los criterios urbanísticos para adaptarlos a las necesidades del país y que la superficie urbanizable pueda tener el máximo de viviendas posible (siempre con respeto medioambiental, precisó). Illa lo dijo en una jornada del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en la que tanto el presidente de este ente y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como su vicepresidente y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, expresaron la necesidad de más inversión pública en vivienda y apostaron por articular una mayor colaboración con el sector privado para acelerar el proceso constructor.
Illa, abierto a actualizar los criterios urbanísticos para adaptarlos a las necesidades del país
La AMB tiene previsto construir más, hasta 6.000 nuevas viviendas públicas, hasta el 2030. Aun así, es claramente insuficiente para hacer frente a las necesidades habitacionales de la conurbación más poblada de todo el Estado.
La construcción de viviendas más allá de Barcelona y del resto de las localidades más tensionadas exige, asimismo, una mejora de las comunicaciones entre la capital catalana y la primera, segunda y tercera coronas metropolitanas, en las que hay más suelo disponible y, por tanto, mayores posibilidades de edificar. El planteamiento de la nueva vivienda ha de ser global. Si no se resuelve el problema de la falta de vivienda, sobre todo asequible, la sociedad catalana se juega su futuro de convivencia y de cohesión, porque ese problema habitacional hace imposible que se puedan formar nuevos hogares y que la población pueda vivir dignamente, lo que se convierte en un foco de desigualdad y de inestabilidad social. Por eso construir masiva y rápidamente nuevos pisos es una emergencia política y social. La Generalitat y los ayuntamientos deben pasar de las buenas palabras a los hechos, en colaboración con el sector privado, para dinamizar el mercado inmobiliario.