El efecto devastador de los casos de corrupción es un suma y sigue. Esta vez, la justicia imputa al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 28 personas, algunas con cargos relevantes en los gobiernos de Mariano Rajoy. Los siete delitos que se le achacan son especialmente graves para quien exigió en su día a los ciudadanos españoles el cumplimiento estricto de sus obligaciones tributarias: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad documental y corrupción en los negocios. Según el auto del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, el ministro de Hacienda entre el 2000 y el 2004 (presidencia de Aznar) y entre el 2011 y el 2018 (Mariano Rajoy) fundó la empresa Equipo Económico, que canalizaba una selecta clientela de empresas gasísticas. A través de esta firma, diversas compañías arrancaron demandas al Gobierno –del que Cristóbal Montoro era miembro destacado– con eficacia y agilidad insólitas. Entre los correos electrónicos en manos del juzgado figura uno de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), que, tras no haber conseguido ciertas reformas, apunta al recurso de acudir a Equipo Económico (EE): “La vía más directa, como siempre, es pagar a este EE, que tiene contacto directos con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”.
A la espera de la actuación de la justicia, conviene recordar el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, existe un hecho que nadie discute: el ministro de Hacienda más prolongado del siglo XXI consideraba perfectamente lícito tener intereses monetarios en una firma cuyos clientes trataban de presionar a su gobierno a modo de lobby. El conflicto de intereses es obvio y agrava la desconfianza de la población hacia los dirigentes. El prestigio de los dos grandes partidos, PSOE y PP, se resiente con cada caso de presunta corrupción, para alegría de extremismos. Y la desmoralización cunde, a modo de espiral. Nadie niega a los dirigentes políticos su derecho a tener alternativas profesionales –lo contrario impediría una renovación saludable de los cargos–, pero con respeto a unos compromisos éticos elementales, entre los que figura la imposibilidad de asistir a misa y repicar las campanas. Si las leyes actuales no son lo suficientemente explícitas, convendría que lo fueran.
El PP no puede limitarse a decir que Montoroya no es militante y pertenece al pasado
El imputado se ha apresurado a darse de baja del Partido Popular, medida bien recibida en la sede de la calle Génova. Como sucedió con Santos Cerdán en el PSOE, es una actuación oportuna pero también cosmética, porque no basta con darse de baja en la militancia para borrar la importancia de sus trayectorias en los partidos que los auparon a cargos relevantes y no por espacios de semanas. Estamos ante personajes con mando en plaza y un pasado que no se puede eludir así como así por el hecho de entregar el carnet del partido. Que Cristóbal Montoro no haya tenido protagonismo en la etapa de Núñez Feijóo no autoriza al líder popular a desentenderse.
Ante la gravedad de las acusaciones sobre Montoro y parte de su equipo en el ministerio, sería de agradecer que los grandes partidos vayan más allá del “y tú más”, latiguillo que termina por perjudicarlos de cara a futuras elecciones. Una cosa son los rifirrafes –inevitables– y otra es la inacción comodona. El desfile de casos de supuesta corrupción es un espectáculo desalentador y más si se da por liquidado con un cruce de exabruptos. Estamos en un momento crucial para el sistema democrático, no solo en España, cargado de turbulencias más peligrosas de lo que creen quienes se limitan a señalar al contrincante. Si fueran conscientes de la gravedad de la coyuntura...
No basta con cruzarse exabruptos: la corrupción desmoraliza seriamente a la sociedad
La encrucijada de la corrupción exige respuestas de consenso, porque no se trata de cálculos electorales, sino de restaurar la confianza de los ciudadanos en la gobernación, bajo mínimos. De lo contrario, extremismos y abstención serán los grandes beneficiarios de un estado de cosas que impide cruzarse de brazos. Afortunadamente, la justicia y los cuerpos de seguridad –Mossos d’Esquadra y la UCO, en la investigación que nos ocupa– cumplen con su misión y están demostrando que, ante todo, son funcionarios al servicio del Estado y no de este o aquel partido. Una garantía muy de agradecer. Hacen su trabajo, algo que puede parecer muy lógico, a la espera de que la legislación pula las rendijas que permiten, por ejemplo, que un ministro de Hacienda considere natural poseer una empresa llamada a presionarle.