La secuencia es como sigue:
El Gobierno español, gobierne el PSOE o el PP, siempre ha acordado con Marruecos, pago mediante, que ese país evite la salida de pateras hacia nuestras costas y Rabat ha abierto o cerrado las puertas según su conveniencia. Pero desde hace cinco años ha crecido la ruta hacia Canarias desde Senegal y Mauritania hasta hacer insostenible la atención a los más de 5.000 menores hacinados en centros de esas islas. El Gobierno ha aplicado la receta marroquí. A cambio de dinero de España y la UE, Mauritania frena la salida de cayucos, a veces sin mucho respeto por la dignidad de los migrantes, según Human Rights Watch. El tránsito por la ruta canaria ha descendido. Sin embargo, al taponar esa vía, se ha abierto la de Argelia a Baleares.
El Gobierno siempre ha acordado con Marruecos que evite la salida de pateras hacia nuestras costas
Tiene razón la presidenta balear, Marga Prohens, cuando alerta de esa realidad, no reconocida por Frontex ni por España. Está también en su derecho de discrepar de la política exterior y migratoria de Sánchez. La vía balear parte de Argelia, cuya relación con España se truncó con el viraje de la Moncloa en la cuestión saharaui para contentar a Marruecos. Pero otros argumentos son contradictorios.
Prohens, como el resto de los barones del PP, recurrió al Tribunal Constitucional el reparto de menores dictado por el Gobierno (y ratificado por las Cortes). Ahora la presidenta rechaza su cuota de Canarias alegando que Baleares está en contingencia migratoria, o sea, que la demanda de plazas es tres veces superior a la oferta. El problema es que las disponibles eran pocas (186) y ahora ya son 680 los menores llegados a las islas. El Gobierno central ha dictado una ratio (una treintena de plazas por cada 100.000 habitantes y según la renta per cápita de cada autonomía) y Baleares debería tener 406.
En resumen, Prohens no quiere acoger a niños llegados a Canarias, pero si sigue así, necesitará que otras autonomías le echen una mano. Eso no es todo. La Comunidad de Madrid tampoco quiere menores de otras autonomías y recurrirá el reparto ante el Supremo por considerar al Gobierno central desleal, por infringir la solidaridad entre territorios... e invadir sus competencias. Todo ello mientras el PP critica al Ejecutivo central por desentenderse de los incendios. ¿Alguien entiende algo?
