Por primera vez, un fiscal general del Estado será juzgado a partir de hoy por el Tribunal Supremo. Su presunto delito es haber filtrado un correo a la prensa sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Puede parecer un asunto menor. Al fin y al cabo, cada día los periodistas publicamos informaciones gracias a filtraciones, incluidas las de jueces y fiscales. Para mucha gente resultará incomprensible que se juzgue ya esto y aún no al supuesto defraudador. Con ello no hay que concluir que la acusación contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, sea algo banal. Revelar datos de un particular es grave, y más si se hubiera hecho desde tan alta institución. Pero a nadie se le escapa que en este juicio confluyen muchos intereses políticos.
El Tribunal Supremo se jugó mucho de su reputación en el juicio y la sentencia del procés . Aún están pendientes resoluciones de la justicia europea que pueden avalar o poner en entredicho su actuación. Aquella sentencia agravó el enfrentamiento entre buena parte de la judicatura y el Gobierno de Pedro Sánchez, y el choque se elevó a cotas no vistas con la ley de Amnistía, recibida en el Supremo como una enmienda a su resolución que además podía abonar en Europa la impresión de que la condena fue desproporcionada.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Mientras el fiscal general del Estado es sometido a juicio, el Gobierno trata de sacar adelante cambios legales que afectan a la justicia. Entre ellos, el que pretende que sean los fiscales, y no los jueces como ahora, quienes instruyan las causas, como ocurre en la mayoría de los países democráticos, y para limitar el papel de las acusaciones populares. Esta reforma repartiría el poder ahora casi omnipotente en manos de los jueces con los fiscales. La medida está encallada por el rechazo de Junts, pese a sus lamentos por el lawfare .
En el juicio que hoy comienza, el Tribunal Supremo vuelve a estar ante un reto. Tanto si acaba en condena como en absolución, el resultado es nefasto para la imagen del Poder Judicial en su conjunto. Un fiscal general condenado daña una institución democrática esencial en el sistema jurídico. Por eso, tendrá que acreditarse sin ninguna duda la culpabilidad del acusado. Y si es absuelto, son unos cuantos los jueces que tendrían que explicar cómo y por qué se llegó hasta aquí.
