Las Claves
- María Jesús Montero presentó la reforma de financiación autonómica ante el rechazo unánime de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
- El nuevo sistema proyecta un
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, congregó ayer a sus pares de las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de exponerles el proyecto de modificación del sistema de financiación autonómica, firmado hace justo una semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente de ERC, Oriol Junqueras. Se trata de un planteamiento que el sábado pasado definimos como positivo en este espacio editorial, de manera rotunda.
La respuesta obtenida ayer por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno fue poco menos que unánime: todas las autonomías gobernadas por el PP rechazaron la reforma, argumentando que se trataba de un menú “precocinado” por el independentismo. Así se expresaron una tras otra, con similares palabras, como si su respuesta estuviera tan precocinada como la reforma que criticaban. También dos comunidades gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, se opusieron, señalando que la ordinalidad está reñida con la igualdad, aludiendo a la aspiración catalana de dejar de ser la tercera comunidad que más aporta y la novena que más recibe. Tan solo Alícia Romero, consellera de Economia de la Generalitat, se mostró favorable a la reforma.
No hay nada nuevo en este panorama. Es de sobra conocido que validar esta reforma no resultará una labor sencilla, debido a la actitud obstructiva de los populares y, asimismo, de Junts. Los primeros no están por la labor de dar facilidades al Gobierno, y mucho menos de aceptar sus propuestas. Los segundos no acostumbran a votar a favor de nada que haya sido promovido por ERC o los socialistas, ya sea de forma individual o conjunta. Ni siquiera en una situación como la presente, que implicaría un incremento de 20.975 millones de euros para las arcas regionales desde 2027, con Andalucía como la comunidad más beneficiada al obtener 4.846 millones, y Catalunya en segundo lugar con 4.686. Y todo ello a pesar de que el conjunto de las comunidades lideradas por el PP recibirían el 70% de los citados 20.975 millones.
El PP rechaza el acuerdo entre el Gobierno y ERC al considerar que ya se encontraba zanjado.
Cabe imaginar que los líderes regionales lamentan que la modificación del sistema financiero siga doce años postergada, con el déficit de recursos que ello conlleva. A pesar de ello, miembros del PP instaron ayer al Gobierno a regresar al punto de partida para proyectar una estructura inédita desde su origen. Tal postura supone, de hecho, dilatar sin límite temporal el vencimiento del actual sistema de financiación. Cuesta asimilar esta propuesta, al menos desde Catalunya, dado que el anterior pacto de financiación autonómica se cerró en el 2009 previendo una reforma en el 2014 que nunca ocurrió, acumulando este año doce de retraso. Es más, el PP ha mostrado una nula disposición para realizar esa mejora, incluso bajo la presidencia de Mariano Rajoy en el Gobierno, cuando disponían de una holgada mayoría. Las ganancias de la reestructuración que ahora impugnan con tal intensidad son claramente medibles y muy significativas.
No resulta admisible la tesis de que el proyecto de reforma sea inaceptable por arrastrar la falta inicial de haberse elaborado con el consentimiento de los republicanos. Es posible debatir sobre su origen, pero sería más razonable evaluarlo por sus resultados. Bajo esa perspectiva, es evidente que aporta ventajas tangibles para la totalidad de las autonomías. Descartarlas con los razonamientos que se utilizan supone anteponer las conveniencias partidistas al bienestar de la ciudadanía.
Es fácil imaginar los beneficios que para el conjunto de los españoles pueden derivarse de ese incremento global de 20.975 millones en el total de recursos disponibles. Y por si no fuera fácil, añadiremos que, en el caso catalán, los 4.686 millones extra equivaldrían a un 12% más de los incluidos en el presupuesto anual de la Generalitat de Catalunya. Se dice pronto.
El futuro de la propuesta en el Parlamento depende en este momento de Junts.
De todas formas, la incierta culminación del reciente modelo de financiación no está hoy tan supeditada al PP como a Junts, cuyas siete actas en el Congreso resultan fundamentales. A las dos agrupaciones, y especialmente a la de Puigdemont, deseamos señalarles que resulta legítimo perseguir avances y debatir con ese objetivo todos los pormenores que se deseen modificar. Resulta evidente. No obstante, igualmente cierto es que la visión inmediata, el cálculo estratégico y el bloqueo que dominan diversos programas políticos nos conducen hacia efectos perjudiciales para la totalidad de la población. Y no parece probable que dicha actitud atraiga a más electores hacia las siglas que mantienen esos planteamientos.