Colapso del sistema de transportes

Ayer ascendió a 43 el número de víctimas mortales del accidente ferroviario registrado el domingo a la altura de Adamuz (Córdoba), en la línea de alta velocidad Málaga-Madrid, cuando descarriló un convoy de Iryo, con el que diez segundos después colisionó un Alvia. La dimensión de esta tragedia es inusual y ha conmocionado al país. Pero, por desgracia, no es el único motivo de preocupación para los usuarios de transportes públicos, y en especial de los catalanes.

El martes, el servicio de Rodalies sufrió dos descarrilamientos, uno entre Maçanet y Blanes, debido a unas rocas caídas sobre la vía, sin que hubiera que lamentar víctimas, y otro en Gelida, en el que falleció el maquinista y resultaron heridos 37 ocupantes del convoy. Este último accidente fue también causado por un desprendimiento, en este caso de un muro, debido a las fuertes lluvias caídas en los últimos días. Las autoridades decidieron poco después suspender por completo el servicio de Rodalies hasta cerciorarse de su seguridad. Y, posteriormente, cortar la AP-7 entre Martorell y Vilafranca, dado que el desprendimiento que causó el accidente de Gelida afectó a la infraestructura de la autopista, lo que obligó a desviar el tráfico por vías de menor rango, un corte que podría prolongarse varios días. Todo ello, mientras los AVE entre Madrid y Barcelona circulaban en determinados tramos a menor velocidad de la habitual, alargando la duración del viaje, también en prevención de nuevos fallos. Los maquinistas, alarmados por la muerte de dos compañeros en dos días y por la poca atención prestada a sus advertencias, han convocado huelga del 9 al 11 de febrero.

Esta concatenación de accidentes y limitaciones en la estructura viaria colocan a Catalunya en una situación de crisis que empezó siendo ferroviaria y luego lo fue de movilidad en buena parte del sistema de transportes. El parón total de Rodalies, cuyo servicio se empezará a recuperar hoy, afectó ayer a 400.000 viajeros. Las dificultades en la AP-7, empeoradas con algún accidente menor, perjudicaron a sus usuarios, lo que dañó la actividad económica, educativa, familiar o social. La suma de una cosa y otra provocó además retenciones superiores a las usuales en otras vías urbanas o interurbanas.

Esta crisis es de una gravedad generalizada, dados los varios sistemas de transporte de primera necesidad que se han visto comprometidos, con los consiguientes perjuicios de toda índole. Por no mencionar la crisis de confianza ciudadana en dichos sistemas, que han acumulado en pocos días ac­cidentes e incidencias graves con frecuencia preocupante.

La primera reacción de las autoridades, que han decidido priorizar todo tipo de comprobaciones para garantizar la seguridad de los servicios, parece pertinente. Ante todo hay que evitar nuevos accidentes. Pero el coste de las interrupciones viarias es muy elevado y afecta a una gran cantidad de ciudadanos. Lo cual obliga a los servicios que ahora trabajan para subsanarlas y restablecer la normalidad a actuar con la máxima fiabilidad y también con la mayor diligencia posible.

Es probable que la coincidencia de percances sorprendentes, como el de Adamuz, con otros registrados en un servicio como Rodalies, minado por un déficit histórico de inversiones (que sin duda ha contribuido a hacerle perder en seis años el 10% de los usuarios), y todo ello sumado a un episodio meteorológico adverso, haya tenido consecuencias importantes. Pero es obvio, al menos en el caso de Rodalies, que las deficiencias han sido denunciadas una y mil veces; que las inversiones por valor de 600 millones de euros anunciadas recientemente no aseguran una mejora del servicio a corto plazo; y, en definitiva, que la presente crisis es la expresión de unas carencias de todos bien conocidas y, sin embargo, regularmente desatendidas.

Ayer, una vez dio por finiquitada la fase inicial de empatía y colaboración interinstitucional que se vivió tras el accidente de Adamuz, el PP acusó ya al Gobierno de estar desbordado, de ser imprevisor y poco transparente. Luego, por la tarde, compareció en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente. Dijo que todavía no se han podido averiguar las causas de la tragedia, y que la investigación al respecto será “compleja y requiere tiempo”. También eso nos parece comprensible. Siempre y cuando se reconozca la extraordinaria gravedad de la situación actual y se dispongan recursos igualmente extraordinarios para paliar sus consecuencias cotidianas, tan graves como lesivas.