Las ayudas al coche eléctrico
La industria automovilística manifiesta su preocupación debido a la interrupción momentánea de los incentivos destinados a la adquisición de vehículos eléctricos. La negativa del pleno del Congreso de los Diputados al decreto ley ómnibus propuesto por el Gobierno sitúa a esta industria en una posición vulnerable actualmente. Dicha normativa preveía extender hasta el 2026 la bonificación del 15% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) vinculada a la obtención de automóviles eléctricos. A esta situación se añade la demora del Ejecutivo al concretar los subsidios y requisitos del plan Auto+, diseñado para reemplazar al plan Moves III que operó el ejercicio anterior.
La industria automotriz resulta fundamental tanto para el tejido industrial como para los puestos de trabajo nacionales, además de impulsar el cambio energético mediante el transporte ecológico. A lo largo del último ejercicio, el ámbito de la movilidad eléctrica experimentó un notable avance en España, superando las 245.000 unidades de automóviles electrificados comercializadas. Gracias a ello se alcanzó una participación próxima al 18% en las ventas globales, una cifra que sitúa al país en niveles similares al promedio de Europa por primera ocasión. Se trata de una evolución sumamente favorable que debe mantenerse, rompiendo con un periodo previo de dudas que amenazaba la viabilidad de los vehículos eléctricos en España.
Los representantes de la industria automotriz solicitan al Gobierno la puesta en marcha inmediata del plan Auto+, integrado dentro del plan Auto 2030, así como la recuperación de la mencionada bonificación del 15% en el IRPF. Se trata de una demanda lógica y fundamental que tendría que ser escuchada en beneficio del sector automovilístico, del sistema económico nacional y de los usuarios.
Interrupción de la deducción en el IRPF y ausencia de una estrategia de seguimiento para las subvenciones.
La industria del transporte terrestre representa uno de los sectores con mayor impacto ambiental debido a la liberación de gases de efecto invernadero, factores determinantes en el calentamiento del planeta y la crisis climática derivada. Con el fin de progresar adecuadamente hacia un modelo de movilidad sostenible, resulta fundamental proporcionar garantías legales y claridad al entorno normativo que lo respalda. Debido a ello, los integrantes de esta industria recalcan la importancia de contar con una planificación constante y fiable, fundamentada en las directrices del plan Auto 2030, la cual tendría que reforzarse mediante una táctica lógica centrada en el usuario para ayudar a afianzar el mercado en un escenario caracterizado recientemente por profundas transformaciones técnicas y legislativas.
De igual modo, las asociaciones empresariales del ámbito recalcan que ha transcurrido cerca de un bienio sin subvenciones para la reducción de emisiones en los parques de vehículos pesados y autocares, por lo que una interrupción actual de los incentivos representaría un impacto negativo considerable para un sector que atraviesa una reconversión integral y está plenamente alineado con las metas ecológicas impuestas por la Unión Europea. Indican que, en estos momentos, el retraso al poner en marcha el plan Auto+ está causando el aplazamiento o la cancelación de numerosos acuerdos comerciales, situación agravada por la paralización —previsiblemente transitoria— de la bonificación en el IRPF.
El programa Auto+, de acuerdo con la propuesta legislativa que el Gobierno todavía está elaborando, contaría con una asignación de 400 millones de euros. Esta cifra coincide con el presupuesto de partida del Moves III de 2025, el cual resultó insuficiente para las subvenciones y requirió un incremento de otros 400 millones al concluir el ejercicio para atender las peticiones en espera. Es probable que durante este 2026 sea necesario duplicar nuevamente los fondos si el sector continúa con su evolución positiva. No obstante, resulta fundamental que el plan Auto+ reciba luz verde con prontitud y que, bajo cualquier circunstancia, tenga validez retroactiva desde el 1 de enero.
Resulta imperativo aclarar las dudas y brindar una estructura firme al compromiso con el transporte sustentable.
Los incentivos previstos para 2026, todavía por definirse, se otorgarían de forma directa al realizar la adquisición, en lugar de reembolsarse después como ocurre en 2025, y se enfocarían plenamente en la compra de automóviles eléctricos o híbridos enchufables. La coordinación del plan se centralizará tras varios años bajo la tutela de las comunidades autónomas, con el fin de acelerar el procesamiento de las subvenciones. Actualmente, no obstante, las diferencias de criterio entre los ministerios de Industria y de Economía están demorando su validación. Ambas carteras discuten si los nuevos apoyos financieros deberían o no penalizar a los modelos fabricados fuera de Europa. Economía, en esta línea, pretende impulsar a los constructores europeos.
De todos modos, tal como hemos indicado, resulta esencial resolver lo antes posible las dudas relativas a las subvenciones para adquirir automóviles eléctricos. La comercialización de dichos modelos se encuentra íntimamente vinculada al compromiso estratégico y productivo de España en favor del transporte ecológico que promueve el presidente Sánchez.