El plazo legal para la resolución de la discapacidad y también para la dependencia es de seis meses. Cito un caso real: Persona de 93 años. Su solicitud de discapacidad ha tardado 23 meses en obtener la resolución. Esa misma persona ha tardado siete meses en disponer de la calificación de dependencia y ya han transcurrido siete meses adicionales y sigue sin recibir la notificación de la ayuda que le corresponde. Su discapacidad ha sido catalogada superior al 65%, que precisa el concurso de otra persona para los actos esenciales de la vida diaria y que supera el baremo de dificultades de movilidad.
Es todo un despropósito y lamentablemente no es un caso aislado. ¿Quién asume responsabilidades por este desatino? ¿Cómo es posible que puedan incumplir tanto con los plazos legales?
Luis Ortiga Giménez
Barcelona