Sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han comparecido hoy en rueda de prensa en el Parlament, convocados por Vox, para denunciar un eventual traspaso de las competencias de seguridad a los Mossos d´Esquadra en el control de las fronteras en puertos y aeropuertos, así como un escenario de gestión compartida. La intervención pública de estos sindicatos se produce mientras el Gobierno y Junts están negociando el traspaso de las competencias en inmigración, con el debate abierto sobre el papel de la Policía catalana en la seguridad en puertos y aeropuertos y su papel el control fronterizo.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha considerado que el momento es “grave” ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende “desmantelar” el Estado, y a continuación han tomado la palabra los representantes de los sindicatos SUP, Jupol, FEP, UFP, AEGC, AUGC y Jucil. Con tonos diferentes, el hilo conductor se ha centrado en señalar que el control de las fronteras es “una competencia exclusiva” de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya cesión podría poner “en riesgo” la seguridad de la ciudadanía. También se ha cuestionado una gestión compartida ya que, según ha señalado la portavoz de Jupol, Laura García, la Policía es quien tiene acceso a las redes de información internacionales sobre las alertas sobre terrorismo, tráfico de personas y delincuencia organizada, así como un sistema operativo diferente al de los Mossos.
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Los representantes sindicales han explicado que no han sido informados sobre las negociaciones entre el Gobierno y Junts, un escenario en el que lamentan que se ponga en entredicho su labor con la pretensión de “echarles” en el control del los puertos y aeropuertos. Por ello, han señalado que tomaran medidas legales si se produce el citado traspaso.
Las intervenciones de los representantes sindicales han tenido matices diferentes, sobre todo al evaluar el papel de los Mossos d´Esquadra en la gestión de la seguridad ciudadana. Desde la UFP se ha puesto en duda su eficacia en la gestión de la seguridad ciudadana en Catalunya, al considerar que tienen pocos recursos para las competencias que deben asumir.
