El grupo de Junts se ha quedado solo en el Parlament de Catalunya al defender la necesidad de tramitar por lectura única, de forma rápida, los cambios legales para combatir las ocupaciones delincuenciales.
Es la segunda vez en apenas unas semanas que esto sucede. En la reunión de la junta de portavoces de este martes, todos los grupos han votado en contra de utilizar el procedimiento abreviado para debatir las modificaciones que JxCat quiere introducir en la ley de Vivienda catalana y en libro quinto del Código Civil catalán con el objetivo de que las comunidades de propietarios puedan iniciar el procedimiento judicial para que se desahucie a los ocupas en caso de conflictividad y problemas de convivencia si el propietario no lo hace.
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Hace unas semanas ese mismo órgano de la Cámara catalana rechazó también emplear ese procedimiento para remitir al Congreso de los Diputados otras modificaciones legales en normativas estatales, en concreto en la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en un decreto sobre las medidas extraordinarias con motivo de la pandemia de la covid y en una norma sobre el funcionamiento de los tribunales.
Con esta otra modificación los posconvergentes pretenden que se pueda expulsar a los ocupas en un plazo de 48 horas si no pueden demostrar con un título jurídico habilitante que pueden estar en un inmueble, con una escritura de propiedad o bien con un contrato de alquiler.
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La formación denuncia que cuando abordan este asunto, tanto Esquerra Republicana como los comunes, sobre todo, pero también el PSC, se oponen a sus propuestas de manera frontal. Sin embargo, la propuesta de modificación de la legislación estatal se registró a la vez tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, aseguró este lunes que cuenta con el compromiso del PSOE para tramitar dicha iniciativa.
El hecho de tramitar la misma propuesta modificación legal tanto en la Cámara Baja como en en la Cámara catalana responde a que en caso de que la legislatura española acabe de manera abrupta y haya elecciones generales, la iniciativa no cae en saco roto y sigue viva en la siguiente legislatura. Todas estas iniciativas legislativas cuentan con el aval del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), que lleva años alertando sobre esta problemática.
En la pasada legislatura la formación ya intentó que se aprobara el cambio legal que habilita a las comunidades de vecinos para iniciar el procedimiento de las ocupaciones, pero el pleno del Parlament lo rechazó. En cambio, sí logró validar una modificación normativa para que los ayuntamientos puedan iniciar el proceso. Esta propuesta está dirigida a los casos en los que un propietario se desentiende de un inmueble ocupado, que suele suceder habitualmente con los grandes tenedores, con bancos o fondos.
