Podemos ha rechazado este martes la proposición de Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración acordada entre el PSOE y Junts. La secretaria de organización de la formación, Ione Belarra, ha sido especialmente contundente en su valoración del pacto llegando a calificar a la formación de Carles Puigdemont como un “partido antiinmigración”. La postura de Podemos es capital dado que, con la actual composición del Congreso, el voto en contra de sus cuatro diputados de Podemos podría poner en peligro la aprobación de la iniciativa en el Congreso.
Desde la formación morada han dejado claro que la proposición de ley no contará con su apoyo. “Lo que es urgente en nuestro país es la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular de regularización de personas inmigrantes, que lleva un año esperando, y no esta cesión de competencias a Junts, cuyo único objetivo es competir con la ultraderecha catalana”, han señalado fuentes del partido.
Los de Ione Belarra tienen tomada la decisión de votar en contra de la proposición de ley cuando ésta sea sometida a votación en el Congreso de los Diputados. Lo que, al tratarse de una ley orgánica y requerir de la mayoría absoluta del pleno del Congreso -situada en 176 diputados de un total de 350- para ser aprobada, obligaría al PSOE a granjearse el apoyo de PSOE y/o Vox.
En este contexto, Belarra ha cuestionado con qué apoyos espera el PSOE sacar adelante el acuerdo. La secretaria general de Podemos ha reiterado que su partido solo discutirá una descentralización de competencias cuando Junts “demuestre que no está en posiciones abiertamente racistas”. No obstante, considera que esto no sucederá, ya que, según ella, la formación de Puigdemont pretende utilizar estas competencias para competir con Aliança Catalana “por ver quién es más racista”.
El rechazo de Podemos es unánime dentro de la formación. El secretario de Organización, Pablo Fernández, ha calificado el acuerdo entre PSOE y Junts de “pacto racista” y ha insistido en que sus votos no serán favorables. “Lo urgente es la aprobación de la ILP de regularización extraordinaria, que lleva un año esperando”, ha subrayado.
El procurador en las Cortes de Castilla y León ha expresado su preocupación por el respaldo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al acuerdo. En declaraciones a Canal Red, ha advertido que Sumar está suscribiendo “políticas regresivas que van en contra de las personas migrantes”.
Podemos también ha puesto en duda las garantías ofrecidas por Díaz respecto al respeto de los derechos humanos dentro del pacto. “Una vez que las competencias están en manos de Junts, no hay forma de controlar su cumplimiento”, han advertido desde el partido.
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Podemos, no obstante, no ha sido el único socio de investidura en marcar distancias con el PSOE. Más Madrid e Izquierda Unida han dejado entrever cierta incomodidad. Los primeros señalan que el pacto es un “mal precedente” si deriva en una competición entre las comunidades autónomas por quien aplica políticas más xenófobas.
Mientras que los segundos se han dejado una escapatoria por si el debate discurre por derroteros de corte racista al desgranar que su apoyo está supeditado a que toda transferencia a las comunidades autónomas se base en el “respeto absoluto a los derechos humanos” y a los tratados internacionales en materia de migración y asilo.
Por otro lado, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, se ha mostrado partidaria de la cesión competencial pero ha reclamado que se incluya en el texto la clausura de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El pacto entre PSOE y Junts
PSOE y Junts han registrado en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
