Junts per Catalunya ha anunciado este martes que ha solicitado dos dictámenes al Consell de Garanties Estatutàries por los decretos ley que el Govern pactó con los Comuns para duplicar la tasa turística y modificar el gravamen de transmisiones patrimoniales. Así lo ha expuesto la portavoz de los posconvergentes en el Parlament, Mònica Sales, que ha denunciado que el Executiu “quiere gobernar a golpe de decreto saltándose el procedimiento ordinario”.
Desde JxCat sostienen que en ambos casos “no hay ningún motivo de urgencia que justifique que estas iniciativas se tengan que tramitar por la vía del decreto”. De hecho, consideran que en materia tributaria la normativa sostiene que estas modificaciones impositivas “no se deben tramitar así”, sino que el procedimiento legislativo correspondiente sería que se tramitara como proyecto de ley.
Para Sales, la vía elegida por el Govern “evidencia su debilidad” porque está “entregado a la política fiscal de los Comuns” y lo hace “sin escuchar a sus ciudadanos”: “No han buscado el consenso ni con los ayuntamientos ni con los agentes sociales y económicos”. En esta línea, la diputada posconvergente ha defendido que “el autoproclamado 'Govern de tothom' es en realidad el 'Govern en contra de tothom'”.
Sobre la tasa turística, lo que el Govern acordó fue duplicarlo para toda clase de establecimientos hoteleros, algo que incluye los pisos turísticos y los cruceros. En Barcelona se puede alcanzar el máximo de 15 euros por persona y noche, mientras que en el resto de municipios catalanes -además de incrementarse la tasa- se podrá aplicar el recargo municipal que actualmente solo se permite cobrar en Barcelona, que es de cuatro euros.
En cuanto al gravamen de transmisiones patrimoniales, se reformó para hacerlo más progresivo, pasando de dos a cuatro tramos e incrementando del 10 al 20% el tipo impositivo para grandes tenedores por la transmisión de inmuebles.
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En sendas solicitudes de dictámenes que Junts ha presentado, a las cuales ha podido acceder Guyana Guardian, el grupo aduce que se vulneran los “supuestos habilitantes para la utilización de la figura del decreto ley previstos” en las normas de rango superior. En concreto, hacen referencia al artículo 64 del Estatut y al artículo 86 de la Constitución. Según defienden, “la figura del decreto ley es una herramienta legislativa de carácter extraordinario, limitada y contextualizada a situaciones limitadas”.
Desde esta perspectiva, consideran que dichos decretos sobre materias impositivas “no acreditan, justifican ni demuestran la necesidad extraordinaria y urgente de legislar” mediante esta vía legislativa. Así pues, entienden “improcedente” este camino porque “solo hace falta ver la exposición de motivos y el propio contenido material del decreto ley para observar que las numerosas y heterogéneas decisiones y medidas que contiene son perfectamente adoptables por las vías ordinarias sin necesitar las extraordinarias que deshabilitan el proceso participativo de las normas”.
En paralelo, consideran que el decreto vulnera también los “límites materiales” que debe tener porque “su contenido es eminentemente el contenido de una ley de acompañamiento de presupuestos, con el objetivo de implementar normativamente medidas que alteran los gastos e ingresos de la Generalitat”.
