El Govern deberá emplearse a fondo en las negociaciones con sus socios de investidura si quiere sacar adelante su obra de gobierno que, en lo más inmediato, pasa por la aprobación de tres decretos importantes: el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, el decreto (ómnibus) de medidas urgentes de contratación pública y el decreto para garantizar la seguridad de los campings en zonas inundables. En los dos primeros, el Ejecutivo de Salvador Illa se ha topado con las reticencias de los Comuns, y en el tercero, con las de Esquerra.
Aun así, la portavoz del Govern Sílvia Paneque, mantenía este martes el optimismo sobre las negociaciones, asegurando que aún hay tiempo para negociar y que, en el caso del decreto sobre vivienda, la posible tramitación como proyecto de ley servirá para que los grupos puedan introducir enmiendas -retrasando así su aprobación- y que estas pasen el filtro del Parlament. Y todo en un escenario en el que el Ejecutivo catalán tendrá que sacar adelante nuevos incrementos de crédito con el apoyo de los mismos partidos, tras haber aprobado el primero de 2.169 millones de euros.
La cuerda que une al Govern con ERC y Comuns se empieza a tensar. Por un lado, el Ejecutivo catalán reclama celeridad para aprobar este nuevo incremento de crédito, aunque en el PSC admiten que ni siquiera se ha empezado a negociar. “Queremos aprobarlo lo antes posible y de la manera más rápida posible”, ha reclamado Paneque en rueda de prensa. Y por otro, los Comuns han verificado que las negociaciones están “muy verdes” y que, de hecho, están dispuestos a votar en contra del decreto de vivienda y del ómnibus. Al tiempo que en ERC han advertido de lo mismo en el caso del llamado decreto de cámpings, puesto que es una norma que pone en el punto de mira este tipo de instalaciones sobre el que existe un riesgo de inundación en caso de crecida de ríos.
Los Comuns exigen al Ejecutivo catalán renegociar el decreto sobre vivienda
El portavoz de los Comuns, David Cid, ha reclamado este martes al Govern avances en la regulación del alquiler de temporada y en el mantenimiento este año de 8.000 viviendas de protección oficial (cuya condición social está a punto de caducar) si quiere contar con el apoyo de su formación para aprobar el decreto de vivienda, que sícontaría con el apoyo de ERC. Cid ha recordado al Govern que “no tiene mayoría parlamentaria” y que “si quiere que estos decretos tiren adelante y contar con nuestro voto favorable, que es imprescindible, sabe lo que debe hacer, lo sabe la consellera Paneque, y espero que estos próximos días trabajen y se pongan las pilas para llegar a un acuerdo”, ha insistido.
Paneque ha emplazado a los Comuns a introducir estas demandas en la tramitación como proyecto de ley del decreto, algo que se da por hecho después de que, a instancias de Junts, el Consell de Garanties Estatutàries recomendara dicha tramitación. “El hecho de tramitarlo como proyecto de ley efectivamente abre la oportunidad de poderlo debatir e incorporar si existe el consenso o el acuerdo que lo haga posible”, ha señalado Paneque.
En todo caso, la consellera ha evidenciado que hay “diferentes visiones incluso en ámbito jurídico” al respecto, puesto que el Ejecutivo catalán no ve claro que se pueda impedir legalmente la caducidad del régimen social de las 8.000 viviendas. Así, cuestiones como la regulación del alquiler de temporada y la posibilidad de aumentar la protección de vivienda pública, que “se ha desarrollado con recursos públicos”, se podrán abordar no solo con los grupos, sino también con sectores vinculados a la vivienda y el urbanismo, aunque Paneque ha pedido no anticiparse al trabajo parlamentario.
ERC amenaza con tumbar el llamado decreto de campings
En cambio, los republicanos ponen el acento sobre todo en el decreto ómnibus que agiliza la contratación pública, y en el de los campings. ERC asegura que solo apoyará la convalidación en el Parlament del decreto de vivienda y el ómnibus si se permite que se trabajen como proyectos de ley. En cuanto al decreto de campings, dicen estar de acuerdo con cualquier iniciativa que implica mejorar la seguridad y la protección de estas instalaciones, pero sustentan su rechazo a la convalidación en que “no se ha consultado al territorio y al sector”. Además, los republicanos aseguran que “hay otras medidas que no se contemplan y que tienen que ser consensuadas con el sector”.
