Los consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han decidido no reunirse con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto al resto de consejeros de este ámbito en el marco de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia que se celebra este viernes en Barcelona con el objetivo de abordar la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor ayer jueves.
Los consejeros populares de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Cantabria y La Rioja sí han viajado a Barcelona pero han declinado aparecer en la foto de grupo y entrar en la reunión del órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas en justicia alegando que en el encuentro no se prevé hablar de la financiación sobre la nueva ley de Eficiencia. Estos consejeros han denunciado que no se haya hecho un estudio al respecto y han calificado la reunión de pantomima.
En cambio, estos mismos consejeros de las comunidades populares sí que asistieron ayer a la recepción que hubo en el Palau de la Generalitat con el president Salvador Illa, el conseller Ramon Espadaler y el ministro Félix Bolaños.
En la reunión, que se celebra en el Recinto Modernista de Sant Pau, sí que han participado los consejeros de Justicia del País Vasco, Catalunya, Navarra, Asturias y Canarias.
Minutos antes de que arrancara la reunión, el ministro Félix Bolaños ha comparecido junto al conseller Ramon Espadaler. Hasta ese momento, los consejeros autonómicos del Partido Popular no le habían trasladado este plantón al ministro. Por ello, Bolaños había manifestado que, en el caso de que se confirmara, “lamentaría mucho que el PP no sea un partido de gobierno ni donde gobierna”. También ironizaba con el hecho de que “hoy para la foto no estén, pero ayer para el canapé sí”. El socialista reiteraba que justamente el único punto del orden del día era la ley para que se pudiese hablar “de cualquier cuestión” relacionada con la misma.
Ante la queja de los gobiernos del PP sobre la financiación para la aplicación de la ley, el ministro ha defendido que ya han transferido 325 millones a las comunidades para poder hacerlo. En paralelo, ha sostenido que la norma permitirá un “ahorro de costes” para la administración de la justicia, que ha cifrado en 290 millones en los próximos 10 años. Además, ha dicho que la inversión que requiere la norma es de 15 millones.
Tras esta breve comparecencia, los consejeros del PP se han reunido con el ministro para comunicarle su ausencia de la sesión de trabajo de la Conferencia Sectorial de Justicia. Con posterioridad, los siete miembros populares han explicado a los medios de comunicación su ausencia. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado que se han ido “tal como habían llegado” porque lo que han observado es que “solo se quería hacer un paripé”.
El PP critica que “se quería hacer un paripé” y niega que se haya transferido recursos a las comunidades para aplicar la ley
El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha argumentado que “el Gobierno no quería hablar de los temas fundamentales para impedir el colapso del sistema judicial español”, poniendo como ejemplos la financiación, la ausencia de modelos de referencia o que no haya un “reglamento” para la aplicación de la ley.
Los populares han asegurado que le han trasladado al titular de Justicia que puede convocar una Conferencia Sectorial “esta misma tarde si se abordan estas cuestiones fundamentales”, pero han criticado la “cerrazón y negativa” del Ministerio. Sobre el hecho de que Bolaños haya defendido que se podía hablar de cualquier aspecto de la ley, García Martín ha indicado que es un punto “muy general”. También ha acusado a Félix Bolaños de decirles que tenían un “comportamiento macarra”, a lo que él considera que es una actitud “responsable” porque piden “medios” para implementar la norma.
Los consejeros del PP sostienen, por otro lado, que “no se ha hecho ninguna aportación económica” para la ley y que los 325 millones referidos por Bolaños son fondos europeos destinados a otras carpetas.
Bolaños acusa a los consejeros populares de “gamberrismo institucional”
Minutos después de la atención a medios de los responsables de Justicia del PP en siete autonomías, el ministro Félix Bolaños ha vuelto a comparecer para cargar contra “la descortesía y el gamberrismo institucional” de los populares: “Ya son dos gotas de agua con Vox con esta actitud, prefieren el enfrentamiento y el boicot”. El socialista ha calificado de “baratas” las “excusas” de los consejeros que han plantado la reunión y ha insistido en los 325 millones transferidos a las comunidades.
Según el ministro, donde se debe tratar la cuestión de la financiación para estos aspectos es en el Consejo de Política Fiscal y Financiero, que el PP también abandonó en la última reunión. Por ello, Bolaños ve al partido de Alberto Núñez Feijóo “ajeno a las instituciones” y ha defendido que es “curioso” que justo en Barcelona sea “donde ahora el PP boicotea la normalidad institucional”: “Catalunya vuelve y los populares se van”.
También ha sido crítico con la actitud de los consejeros populares el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. A su juicio, es una actitud que “está a las antípodas del mínimo respeto, cortesía y sentido institucional”. Los consejeros del País Vasco, Canarias, Navarra y Asturias tampoco han compartido el plantón del PP por “desaprovechar una oportunidad” sobre el “reto” de implantación de esta ley. El más duro ha sido Guillermo Peláez, el responsable asturiano de Justicia: “Es un desperdicio de recursos públicos haber trasladado aquí a todos los consejeros y hacernos perder ahora el tiempo de esta manera porque buscaban una foto de rebeldía”.
La reunión ha continuado con los consejeros de Catalunya, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias, aunque sin margen para poder alcanzar acuerdos ante la falta de cuórum con las ausencias de las otras siete autonomías.
La ley entró ayer en vigor
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, considerada la mayor reforma en décadas para este sector de la administración española, entró en vigor ayer, tras su publicación en el BOE el pasado 3 de enero.
Aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 19 de diciembre, la norma busca modernizar y agilizar los procesos judiciales mediante una reorganización estructural y la digitalización del sistema. Bolaños ha destacado que esta ley marca un “momento clave” para transformar la Justicia en un servicio más ágil, cercano y eficiente.
Entre las principales medidas de la norma se encuentra la creación de los tribunales de instancia, que reemplazarán a los juzgados unipersonales. Este cambio permitirá integrar a los más de 3.800 juzgados actuales en 431 tribunales colegiados, lo que busca facilitar una distribución más equitativa de la carga de trabajo y unificar criterios judiciales.
Además, se implementarán oficinas judiciales en municipios para acercar este servicio a los ciudadanos y se potenciarán los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC), como la mediación y la conciliación, para reducir el volumen de litigios.
La norma también incluye medidas específicas para combatir la violencia sexual. A partir de octubre, los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán competencias exclusivas en estos casos, cumpliendo con el Convenio de Estambul. Para ello, se crearán nuevas plazas judiciales y se reforzarán los recursos disponibles en estas instalaciones. Según Bolaños, este enfoque integral permitirá abordar con mayor eficacia uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad española.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha comparecido junto al ministro Félix Bolaños antes del arranque de la sesión de trabajo de la Conferencia Sectorial. Espadaler ha celebrado que dicho órgano se reúna en Barcelona y ha señalado que es un “signo de normalidad institucional”. Sobre la ley, ha defendido que Catalunya quiere ser “referencia” en la aplicación de esta norma, que ha indicado que es “buena, oportuna y necesaria para transformar la justicia”.
El conseller ha explicado que firmaron hace tres días con los 14 colegios de abogados catalanes poder garantizar que los colectivos más vulnerables que tienen que recurrir a abogados de oficio por falta de recursos no queden excluidos del acceso a los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.