El mismo día en el que los periodistas acreditados en el Congreso se han plantado ante un altercado provocado por un activista de extrema derecha en la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, el Parlament de Catalunya ha firmado un convenio con el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) con el objetivo de “simbolizar la voluntad de combatir la desinformación y la extensión del discurso del odio”.
Hace meses que la Cámara catalana trabaja para regular la normativa de acreditación a los medios de comunicación -de hecho, es una actualización que la Mesa aprobó la semana pasada y cuyas reglas se han publicado hoy en el Butlletí Oficial del Parlament-, puesto que existe la “necesidad de blindar la labor informativa” de los profesionales de la comunicación y evitar que estos incidentes recurrentes en la Cámara Baja española puedan alcanzar a la institución catalana con la entrada de pseudomedios.
El acuerdo faculta al Consell de la Informació de Catalunya, entidad que trabaja por el cumplimiento del código deontológico periodístico, a poder asesorar al Parlament sobre la concesión de credenciales de comunicación a quien lo solicite. La normativa que validó el órgano rector de la cámara explicita las condiciones para solicitarlas, la tipología de las que se otorgan y quién puede tener acceso a las mismas.
Sin embargo, si se diera una situación en la que esta “comportara dudas en relación con los requisitos que fijan las normas, el Departamento de Comunicación puede pedir antes de que se adopte ninguna decisión un informe al CIC”. Dicho informe será de carácter consultivo y se elevará a la Mesa, que lo tendrá en cuenta antes de tomar una decisión definitiva al respecto.
Estos documentos, además, se harán públicos, así como los acuerdos que ejecute el órgano rector. En la normativa que ha recibido luz verde se señala que “el incremento importante del nombre de medios, la proliferación de nuevas formas de comunicación que no responden al concepto tradicional de medio de comunicación social y el incremento de la actividad informativa que se desarrolla en el Parlament” hacía que fuera “aconsejable actualizar estos criterios”.
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Estas acreditaciones, según el texto, se dan a “periodistas, fotógrafos y equipos de rodaje que trabajan para medios de comunicación bona fide y comprometidos con los principios éticos de la profesión periodística y con el código deontológico”.
Más allá de los informes, el convenio con el CIC -cuya extensión es de dos años y se puede prorrogar otros dos- también estipula que, en sus tareas de asesoramiento, esta organización facilitará a la Mesa del Parlament una “lista actualizada de los medios de comunicación adheridos al CIC”, que promoverán iniciativas conjuntas por el “derecho a una información veraz y contrastada” o que dará su opinión sobre el ecosistema mediático catalán para ayudar a “distinguir entre medios que cumplen los criterios de ética periodística y plataformas o canales que actúan al margen de estos principios”.
El Consell de la Informació ayudará a “distinguir entre medios que cumplen con la ética periodística y plataformas al margen” de la misma
El CIC ve “positivo” que los periodistas tengan que firmar su compromiso con el cumplimiento del código deontológico en la declaración responsable que firman para obtener la acreditación: “Sin normas deontológicas, no podemos hablar de periodismo, sino de instrumentos que degradan la vida democrática”.
La normativa para el acceso de los medios de comunicación en el Parlament, además de concretar los espacios y usos a los que tienen derecho los periodistas, también desgrana un código de conducta y prevé penalizar su incumplimiento.
En esta línea, se recalca que los representantes de los medios “no pueden interrumpir las sesiones o cualquier otra actividad parlamentaria” ni “interferir en el funcionamiento normal de las ruedas de prensa u otros encuentros informativos o tener comportamientos que perjudiquen el trabajo de otros periodistas”. Son conductas que en el Congreso se han vivido y que, de este modo, se busca “anticiparse” a estas posibles situaciones.
Se establecen normas de conducta que los periodistas deberán cumplir, pero las sanciones que conlleve obligan a una reforma del reglamento del Parlament
Si se diera algún caso en el que estas reglas se vulneraran, la Mesa “tiene que adoptar las sanciones correspondientes en función de lo que establezca el reglamento del Parlament”. Pero en este punto aún hay trabajo pendiente. La voluntad es que el régimen sancionador relativo a estas infracciones se incorpore en el reglamento para que tenga rango de ley.
Deberán ser los grupos, pues, los que se encarguen de desarrollar y trabajar en la definición de estas sanciones. Hay varios de ellos que han expresado su voluntad “manifiesta” para ello, pero la cuestión es incipiente.
El presidente del Parlament, Josep Rull, ha querido destacar el carácter “pionero” de la iniciativa: “Hemos sabido anticiparnos y entender el momento en el que vivimos, así como detectar las amenazas concretas que enfrenta nuestra sociedad”. Desde este punto de vista, Rull ha considerado que los pasos hechos por la Cámara catalana también servirán para “inspirar a otros parlamentos”.
Por su parte, el presidente del CIC, Josep Carles Rius, ha hecho hincapié en que, desde el papel “crítico” de los medios hacia el poder, ambos sí que tienen que remar juntos en la “preservación de la democracia”. “Conviene señalar a quienes utilizan el nombre del periodismo para servir a intereses espurios, porque en ello nos jugamos la calidad democrática”, ha añadido.