La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en medio de la batalla política, cruzada con intereses espurios a un lado y otro de la contienda. Recientes audios y mensajes ponen en evidencia una guerra hasta ahora encubierta entre quienes buscan trapos sucios para desprestigiar una unidad policial encargada actualmente de casos como el de la mujer del presidente del Gobierno, su hermano, o el del exnúmero 2 del PSOE José Luis Ábalos, mientras otros fichan a agentes afines de este cuerpo. Y en medio de todo esto, aparecen empresarios investigados con ganas de utilizar esta batalla para justificar sus causas particulares como presunto lawfare.
Esta semana se han conocido varios sucesos que explican el trasfondo de esta historia. El Confidencial publicaba la grabación de una conversación entre un personaje hasta ahora poco conocido, Leire Díez, una “militante” del PSOE a quien algunos círculos sitúan como la fontanera de Ferraz, sede nacional del PSOE; el empresario Javier Pérez Dolset, investigado por la Audiencia Nacional por blanqueo y fraude de subvenciones; otro empresario imputado por un tema de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn; y varios abogados. En este encuentro, se escucha que están buscando unos, y ofreciendo otros, información de Antonio Balas, uno de los máximos responsable de la UCO. “Necesito a Balas, así de claro. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado”, se escucha por parte de Díez. En esa misma reunión, grabada y después filtrada, sale otro nombre: el del fiscal Anticorrupción José Grinda, quien está detrás de la detención e ingreso en prisión de Pérez Dolset en 2017, y contra quien también se pretende ir, en un momento, en el que está a punto de llegar su procesamiento. Este fiscal es el encargado de la causa del 3% y el responsable de las principales casos contra el crimen organizado.
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En paralelo, el diario El Mundo publica una reunión entre Díez y un guardia civil implicado en el caso Koldo, a quien se le habría propuesto ayudarle a cambio de que diese información sobre sus superiores. A todo esto, se suma que El Español publica que Diez ofreció información para comprometer a este fiscal. Este medio relata que el encuentro fue organizado a través de un destacado miembro del PSOE y de Pérez Dolset, ya que Leire Díez y él estaban colaborando para ayudar a la creación de una asociación de afectados por el excomisario José Manuel Villarejo. Precisamente, el director de este medio digital vivió hace décadas una operación similar y que él señaló directamente al gobierno socialista de Felipe González.
Desde un lado de la contienda se trata de desprestigiar a la UCO y desde el otro se fichan a agentes afines
En Anticorrupción ya se impulsó una denuncia porque un periodista había hecho llegar a Grinda una advertencia para que diera información de su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de frenar una posible campaña de desprestigio contra él. Además, también se denunció tal campaña, que ya está siendo investigada. Según fuentes jurídicas, esto significa que quien forma parte de esta campaña tanto difundiendo, como compartiendo, como utilizando para extorsionar podría acabar imputado. Fuentes de la investigación sospechan de que todas estos chantajes y extorsiones pueden provenir del mismo círculo.
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En esta vorágine, el Plural publica que el pasado mes de octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fichó a Juan Vicente Bonilla como responsable de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. Según este medio, Bonilla fue fichado por el Gobierno madrileño cuando contaba con información reservada sobre el caso Koldo, que salpica a Ábalos y a su asesor por el cobro de comisiones ilegales. En un chat, Bonilla llegó a decir que “a los rojomorados los vamos a matar nosotros”.
Fuentes conocedoras de este contubernio señalan que desde hace dos años, tras el acuerdo del PSOE con Junts para sacar adelante la legislatura, se está captando gente y documentación para acreditar la existencia de lawfare en España. El partido de Carles Puigdemont reclamó a los socialistas que se reconociera la existencia de un brazo judicial que iba contra los independentistas. De este compromiso salió adelante la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la operación Catalunya, que lleva en marcha meses y podría durar toda la legislatura.
Al contubernio de intereses oscuros les une la intención de acreditar la existencia de ‘lawfare’ en España
Estas mismas fuentes explican que está todo relacionado, con intereses cruzados. Unos quieren desacreditar a la UCO, incluso ya se empieza a hablar de la “UCO patriótica”, asemejándolo a la policía patriótica de la época del ministro Jorge Fernández Díaz con Villarejo como miembro relevante de ésta. A otros les interesa desacreditar al poder judicial, con insinuaciones y afirmaciones sobre la existencia de lawfare en España, sobre todo en lo que afecta a las causas penales contra independentistas, aunque sea de corrupción como el caso 3%. En esta persecución, no solo judicial, sino política, ha ayudado Villarejo, quien con todas sus grabaciones ahora destapadas han servido para dar luz a aquella época. Y a otros les interesa ayudar en las anteriores causas a cambio de contraprestaciones, en los asuntos que les afectan judicialmente.
Perfil de Leire Díez
Un objeto volante no identificado por el PSOE
A tenor del retrato que de ella hacen unos y otros, Leire Díez viene a ser un objeto volador no identificado en la dirección del PSOE. Esta periodista y “afiliada de base” socialista, ahora en el ojo del huracán por sus presuntas maniobras contra determinados cargos de la UCO, comparte sonrisas, en su particular álbum de fotos, con Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, con Zapatero y Rubalcaba, con Ábalos y Lastra, con Patxi López o Miquel Iceta... Son fotos tomadas en mítines y actos del PSOE, de las cientos o miles que cada uno de ellos se hace con militantes en cada campaña, según alegan algunos de los aludidos. Nacida en Euskadi, Díez fue primera teniente de alcalde en la localidad cántabra de Vega de Pas. Ya en Madrid, gracias a su amistad con Cristina Narbona o Isaura Leal, logró cargos en las empresas públicas Enusa (2018) y Correos (desde 2022 hasta el año pasado). “Ni es fontanera de Ferraz ni mano derecha de Santos Cerdán”, zanjan en la dirección del PSOE, que ayer, ante la creciente presión, anunció que abrirá un expediente contra Díez. Sin aplicarle, al menos por ahora, ninguna medida cautelar como la suspensión de militancia. / J.C. Merino
