De aquellos barros, estos lodos. Las máximas cuotas de tensión alcanzadas en estos momentos entre el Ministerio del Interior y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen su origen en la destitución –a manos de Fernando Grande-Marlaska– de quien era en 2018 el responsable de la lucha contra la corrupción en la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí. Hacía poco tiempo desde que el ex magistrado de la Audiencia Nacional había asumido la cartera de Interior, cuando Sánchez Corbí envió un correo electrónico a sus subordinados, informando de que se iban a suspender operaciones en marcha por la supuesta falta de fondos reservados destinados a la unidad de élite. El coronel fue fulminado, abriendo un cisma que a día de hoy sigue siendo abismal entre la UCO e Interior. Sánchez Corbí se fue, pero muchos de sus pupilos que hasta entonces le habían acompañado en grandes operaciones como Lezo, Taula o Púnica siguen con galones inmersos en investigaciones que, ahora, afectan de lleno al Gobierno. Un avispero que el Ministerio cree que debe remodelar, tal y como está convencido de ello, pero que por ahora no se atreve a agitar.
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El malestar entre el núcleo duro del ministro con la UCO es descomunal, pese a que durante estos días Grande-Marlaska ha defendido en varias comparecencias públicas la labor de la unidad bajo la actual autoridad del coronel Rafael Yuste Arenillas. Gran parte de esa molestia reside en las continuas filtraciones a medios de comunicación sobre investigaciones que la UCO tiene en marcha. A saber, desde hace meses circula el rumor de la entrega de un presunto informe demoledor contra el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, pese a que fuentes policiales aseguran a La Vanguardia que esas pesquisas están aún en una fase realmente prematura. Sin embargo, reiteradas publicaciones sobre el asunto están dejando el poso de que el número tres de los socialistas está vinculado con el supuesto cobro de mordidas. En declaraciones a los medios, no obstante, el argumentario gubernamental pasa por dejar claro que ningún miembro del Consejo de Ministros ha señalado a la UCO como autora de ninguna filtración. También sobre la UCO sobrevuelan las dudas sobre el no hallazgo de información del interés en el móvil que le fue incautado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Guardias Civiles han denunciado “purgas” del Gobierno en la unidad que lucha contra la corrupción
En cambio, entre los uniformados de la Guardia Civil consultados se ha instalado la idea de que el PSOE pretende desprestigiar a la UCO en su intento de demostrar que el Gobierno de España está siendo perseguido judicialmente por motivos ideológicos. El lawfare. Las asociaciones de la Guardia Civil se han sumado a la tormenta para cargarla de más voltaje. Jucil, la mayoritaria en el Instituto Armado, ha elevado el tono de su discurso acusando a Marlaska de realizar una “purga sistemática” desde que llegó hace siete años a Interior. Enumerando: Manuel Sánchez Corbí, Manuel Pérez de los Cobos y Laurentino Ceña. Y ahora, supuestamente: el teniente Coronel Antonio Balas, el responsable de las investigaciones a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el hermano de este, David Sánchez. “En los últimos años hemos asistido a una serie de ceses y presiones dirigidas a desmantelar la capacidad operativa de la UCO”, señala Jucil en un comunicado.
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La tormenta no tiene pinta de que vaya a amainar. La batería de comparecencias registradas por el Partido Popular por la presunta operación socialista contra la UCO –entre ellas, las de la directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas– anticipan más agitación en una unidad desde la que aún quedan muchos informes decisivos por salir.
