El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, ha trasladado este jueves al presidente del Parlament, Josep Rull, un escrito en el que el órgano traslada su malestar por unas intervenciones que se produjeron en el marco de la comisión de Drets Socials i Inclusió el pasado 28 de mayo, en la que se produjeron distintas comparecencias fruto del informe de fiscalización que había realizado el ente sobre las contrataciones en la extinta Direcció General de l'Atenció a la Infància i l’Adolescència.
En concreto, no sentaron nada bien a los miembros de la Sindicatura de Comptes las palabras de Oriol Amorós, ex secretario general de Treball, Afers Socials i Famílies. El republicano se mostró “sorprendido” porque “una síndica nombrada por un partido independentista ponga el dedo aquí [en la cuestión de los contratos]. Pero, vaya, en fin, ustedes deben saber a quién nombran”. El pleno del ente fiscalizador externo de las cuentas de la Generalitat y los entes locales defiende en su escrito dirigido a Josep Rull su “independencia” y el “rigor” de sus informes y trabajos, por lo que “rechaza la utilización de la institución por intereses ajenos a las funciones que tiene encomendadas”.
Este documento también se ha trasladado al presidente de la comisión de la Sindicatura de Comptes, Jordi Riba. La Sindicatura de Comptes busca el amparo de ambos y considera que estas manifestaciones que “atacan” a su credibilidad no se pueden repetir.
El escrito de dos páginas, aprobado por unanimidad en el pleno de este ente fiscalizador, subraya que los informes no son de un único síndico, sino de todos los miembros que componen el órgano rector de la institución. En paralelo, añade que no representan a ninguna formación política y que han sido “designados por un acuerdo que requiere una mayoría calificada de tres quintas partes de la Cámara”.
En este sentido, el documento desgrana todo el proceso de elaboración de los informes y defiende la rigurosidad y las técnicas empleadas para ello, que permiten auditorías “eficaces e independientes”. De hecho, se destaca que los informes los confeccionan “equipos de auditores especializados en auditoría pública” y, en el caso del que afecta a la DGAIA, indica que “se fundamenta en los hechos objetivos y apoyados documentalmente que tuvieron lugar durante los ejercicios fiscalizados y estos hechos se refieren únicamente a la DGAIA”.