Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido esta mañana a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para clonar el correo electrónico corporativo del exsecretario de organización Santos Cerdán por orden del Tribunal Supremo, que lo investiga por el presunto cobro de moridas tras el amaño de obras públicas. Segun confirman a La Vanguardia fuentes policiales, el operativo policial se ha extendido al Ministerio de Transportes, donde la UCO tiene el encargo de clonar el mail que usó José Luis Ábalos durante su etapa como titular de este departamento. La UCO también se ha personado en Adif y la Dirección General de Carreteras.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido este viernes a la sede del PSOE, en la calle Ferraz,
La operación policial ha tenido lugar después de que el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, como instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro y diputado José Luis Ábalos, haya dictado un auto por el que solicitaba el clonado de todos los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de los dos últimos secretarios de organización del PSOE, imputados en el Tribunal Supremo.
La UCO este viernes a la sede del PSOE, en la calle Ferraz
El auto dictado este viernes por el magistrado Leopoldo Puente, de 46 folios, recoge una batería de diligencias acordadas tras recibir peticiones de la UCO, como fuerza policial encargada de la investigación. Además de los volcados de los correos electrónicos, autoriza a la Guardia Civil a indagar en el patrimonio de Santos Cerdán.
Vía libre para investigar el patrimonio de Cerdán
Tmbién se requiere información tributaria para conocer su situación financiera
Los agentes tendrán vía libre, una vez que el pasado lunes entregó su acta de diputado perdiendo con ello el aforamiento, para investigar cuentas y productos bancarios del exdirigente socialista, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos. También se requiere información tributaria del investigado para conocer su situación financiera y la evolución de la misma.
La investigación de cuentas bancarias, tal como solicitó la UCO en su informe de 5 de junio, se extiende a cuentas y productos bancarios de cinco empresarios, que además son citados como investigados, y de sus empresas. En total, el número de cuentas bancarias que se van a investigar son cerca de 500.
Con respecto al correo electrónico de Santos Cerdán, el instructor señala que el demoledor informe de la Guardia Civil contra el exsecretario de organización habría sido facilitado a Koldo García para que dirigiera a dicho mail ciertas comunicaciones relevantes para la causa. Además, el auto señala que deberá facilitarse por el PSOE a la UCO el acceso y grabado (clonado) de cualquier otra cuenta corporativa empleada exclusivamente por Cerdán.
Declarará en calidad de investigado
El juez acepta posponer al 30 de junio la declaración de Cerdán como investigado
El instructor ha accedido, en parte, a la petición de la defensa de Cerdán, que había pedido aplazar a julio su declaración prevista para el próximo miércoles. No la pospone a julio, como pretendía el letrado, pero sí al 30 de junio “para que su nuevo abogado tenga tiempo para desarrollar su defensa eficazmente”. Eso sí, el magistrado advierte de que la declaración de Cerdán ya no será voluntaria, sino que será “preceptiva y en calidad de investigado (…), teniendo lugar tras la misma, comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él”.
El juez Leopoldo Puente explica que la competencia del Tribunal Supremo para investigar estos hechos se sustenta en el aforamiento de Ábalos como diputado, que extiende su jurisdicción a todas las personas a las que se les imputaran hechos inescindiblemente vinculados a los atribuidos al exministro. Considera que éste es el caso de Santos Cerdán quien, conforme resulta de los consistentes indicios recogidos en el informe de la UCO, “pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser éste, Santos Cerdán quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”.
Citación de los empresarios
Están llamados a declarar como imputados los cinco empresarios el 4 y 7 de julio
Asimismo, el instructor acuerda citar entre el 4 y el 7 de julio, con la condición de investigados, a cinco empresarios (Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola), como personas que, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
Añade el juez que “tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial”.
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Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO, recogida en su informe del 5 de junio, de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas, Acciona, LIC, OPR y Servinabar 2000, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de Fialdeso, fundación estrechamente vinculada a la persona del aforado en esta causa.
Pide su imputación a la Audiencia Nacional
“Indicios consistentes” contra Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero
El instructor aprovecha el auto para señalar también que el informe policial identifica también las obras que, durante el periodo en el que Ábalos fue ministro de Transportes, pudieron haber sido adjudicadas irregularmente. Con el fin de profundizar en el modo en que se produjeron dichas adjudicaciones, en el auto acuerda requerir a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para que le remitan, en un plazo máximo de quince días, los expedientes de adjudicación de diversas obras. En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).
Fuentes del ministerio de Transportes han explicado que la Guardia Civil se personó en su sede y pidió los expedientes de cinco proyectos realizados por ADIF y seis de la Dirección General de Carreteras. Además también han clonado las carpetas del correo electrónico del ex ministro Ábalos. El ministerio ha facilitado el acceso y ha entregado toda la documentación requerida. La colaboración es máxima, han subrayado fuentes del Ministerio.
El magistrado explica que, a su juicio, del informe de la UCO de 5 de junio resultan “indicios consistentes” respecto a que la entonces presidenta de ADIF Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a Ábalos, a través de Koldo, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía.
Sin embargo, considera que las conductas de estas dos personas, por ser instrumentales o accesorias a la finalidad esencial perseguida indiciariamente por el aforado, no deben investigarse en el Supremo, de modo que acuerda deducir testimonio del informe de la UCO de 5 de junio al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que resuelva, si lo considera justificado, investigar los hechos incluidos en el citado informe relativos a ambos.
Señala también el juez que en el informe de la UCO se refieren determinadas conductas, eventualmente delictivas, que pudieran haber protagonizado Francisco Javier Lorente y Miguel Moreno Purroy. El magistrado considera que en este momento no se halla vínculo alguno entre dichas conductas y los comportamientos que cabe atribuir, en términos indiciarios, a José Luis Ábalos, único aforado en la causa, por lo que también deduce testimonio para el esclarecimiento de dichas conductas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
