Ramon Espadaler (Sant Quirze de Besora, 1963), conseller de Justícia i Qualitat Democràtica y secretario general de Units per Avançar, atiende a La Vanguardia en pleno escándalo político por los presuntos casos de corrupción que acechan al PSOE y pocos días antes de que se ponga en marcha una de las grandes reformas de la legislatura: la ley de eficiencia de la justicia, una remodelación organizativa que cambia la manera de funcionar de los juzgados.
Relación con el Govern
“Mucha gente de la antigua Convergència i Unió vota a Illa por su manera de actuar”
¿Qué implicará la entrada en vigor de la nueva ley?
Supondrá pasar de una justicia concebida en el siglo XIX a una justicia operativa para el siglo XXI. Se crean los tribunales de instancia, que rompen un esquema en el cual cada juez era una isla aislada, un compartimento estanco. La justicia será mucho más eficiente y ágil.
La ley establece que las partes tendrán que hacer una mediación obligatoria al formalizar una demanda...
Sí, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que la ley establece en los ámbitos civil y mercantil como requisitos obligatorios antes de ir al pleito. Es decir, es una presión importante a la ciudadanía en el sentido de que intenten llegar a un buen acuerdo, intenten mediar antes de poner más asuntos encima de la mesa de la justicia.
¿No supondrá un nuevo obstáculo?
En absoluto. Es un cambio de cultura, como toda la ley. Establecer la obligación de intentar la mediación antes de ir al contencioso es positivo, y entiendo que haya algunas resistencias, pero seguro que dará frutos positivos, porque no se trata solo de ser más eficiente, sino de intentar no judicializarlo todo.
A efectos prácticos, ¿el ciudadano lo notará?
El ciudadano lo tendría que notar un poco más adelante, probablemente con la agilidad. Hay un consenso por parte de todos en la idea de que la justicia está colapsada, este es el diagnóstico, y hay un grado razonable de acuerdo en que esta ley es la terapia.
La reforma
“La nueva ley supondrá romper con el esquema en que cada juzgado era un compartimento estanco”
¿Se puede pasar a una justicia del siglo XXI cuando todavía hay juzgados que van con papel y fax?
Sí, la nueva ley también establece el tema del papel cero. Aquí hay muchos deberes por hacer, pero también está la predisposición de todo el mundo a hacerlo. Todos estamos de acuerdo en que se tiene que avanzar en este camino.
Pusieron en marcha el plan de choque contra la multirreincidencia con cinco juzgados nuevos. ¿Cuándo se notarán los efectos?
En los juicios inmediatos ya se nota. Hemos reducido de ocho meses y pico a siete, y tenemos un horizonte para adaptarnos a la ley a mediados del 2027 y estar entonces ya en unos plazos razonables, en torno a un mes, aproximadamente.
Hay un compromiso de crear entre 60-70 plazas de nuevos jueces en Catalunya. ¿Peligraría si no se agotara la legislatura española?
No creo que caiga el Gobierno. El compromiso no peligra, y lo digo atendiendo a las intervenciones que escucho en el Congreso por parte de los partidos que no dan apoyo al Gobierno, que reclaman más jueces. Sería paradójico e impensable que en un escenario que no veo nos encontráramos con que estos partidos cierren el grifo.
¿Usted, como secretario general de Units per Avançar, se siente cómodo en un Govern del PSC?
Nos sentimos cómodos y útiles en el Govern, desde el cual representamos algo que no es exactamente lo mismo que el PSC. Aquí está la gracia, que ampliamos un espacio más a la derecha del PSC. Mucha gente de la antigua Convergència i Unió entiende y agradece la manera de actuar del president. Y muchos me dicen: yo no soy socialista, pero voto a Illa.
Amnistía
“Si se confirma la constitucionalidad, los jueces deben atender la voluntad del legislador”
Esta semana se conocerá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Amnistía. ¿Qué puede suponer?
Hace un año, el debate estaba focalizado en la constitucionalidad del texto. Parece que quedará aclarado. Me parece que es positivo, es un paso adelante. A veces no nos damos cuenta de que vamos quemando etapas en la buena dirección. Fueron buenos los indultos, que ayudaron a normalizar la situación, y será buena cuando se aplique plenamente la amnistía. Son elementos de mayor normalidad.
Si la constitucionalidad de la ley se confirma, ¿qué pasaría si hubiera instancias judiciales que todavía no la aplicaran?
Lo que hay que hacer es atender, una vez validada la constitucionalidad, la voluntad del legislador. Yo invitaría a releer el preámbulo de la ley, que lo que persigue es normalizar una situación que puedo estar de acuerdo con que nunca se tendría que haber judicializado. Ahora hay una oportunidad de devolver al terreno de la política lo que nunca tendría que haber salido. Deseo, primero, la constitucionalidad; segundo, que se aplique para que, tercero –lo más sustantivo–, volvamos al terreno de la normalidad política.
¿Cómo valora los casos que se están conociendo sobre dos ex secretarios de organización del PSOE? ¿El Gobierno ha hecho suficiente?
Son hechos absolutamente inaceptables desde cualquier perspectiva. Están todavía en el terreno de la presunción, pero es indefendible. El Gobierno ha actuado con celeridad, tomando decisiones drásticas, y esta es una buena manera de empezar a responder a un tema que ha sorprendido a ellos mismos y que, de alguna manera, no ayuda al hecho de que la ciudadanía entienda la política como un servicio al interés general.
¿Le preocupa que pueda afectar al Govern?
La inestabilidad nunca es buena, tanto si es a nivel de Catalunya como si es a nivel de España. Pero en el caso del Govern tenemos claro el norte y el mandato. En este sentido, nada alterará el ritmo de trabajo del Govern ni sus objetivos. A los hechos me remito: acuerdo para la empresa mixta de Rodalies o para el aeropuerto de El Prat.
Caso Cerdán
“El Gobierno ha actuado con celeridad ante unos hechos inaceptables”
El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha pedido un adelanto electoral. ¿Cómo lo ve?
No me gusta que la política dicte a la Iglesia lo que tendría que hacer, como tampoco que la Iglesia pretenda marcar el paso a la política. Creo en el respeto entre ambas esferas y en una colaboración leal y orientada al bien común.
Desde su departamento han intervenido la Fundación Cellex, que tenía que gestionar el legado del filántropo Pere Mir, por presunto desvío de fondos...
Desde el Govern queremos dirigir un mensaje de confianza hacia el mundo de las fundaciones. En Catalunya hay más de dos mil que llenan espacios a los que a veces no llega la Administración y que a menudo cooperan con esta. El Protectorado de Fundaciones es el instrumento del Govern para velar por su buen funcionamiento y, si procede, intervenirlas, siempre a instancias del juez, pero sobre todo es una herramienta para asesorarlas en retos como la profesionalización, modernización o gobernanza.
