El pleno del Tribunal Constitucional ha iniciado este lunes la deliberación sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de Amnistía y ya ha tomado la primera decisión al respecto. El pleno, con la mayoría progresista que se prevé que avale la constitucionalidad de la norma (6-4), se ha mostrado contrario a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y a esperar a que este se pronuncie para dictar el fallo que se espera para el próximo viernes.
La “opinión mayoritaria” del órgano de garantías ha sido “contraria a acudir al TJUE”, una medida que pedían tres magistrados conservadores (Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel), el PP y el Senado. Sin embargo, este lunes los magistrados no han votado, lo que harán con los distintos puntos de deliberación al final del pleno, según han señalado fuentes jurídicas.
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En el anterior pleno, dos semanas atrás, ya se analizaron dichas peticiones pero para descartar que el TC paralizara el debate sobre la amnistía a la espera de que el TJUE respondiera a las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. Entonces, el cónclave emplazó a resolver el tema de fondo en el seno de las deliberaciones finales como así ha sido.
La magistrada ponente, la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán, añadió un nuevo pasaje al borrador de sentencia para dar respuesta a dichas peticiones donde descartaba que el TC pregunte al TJUE alegando que la ley está “íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes (...) que son eminentemente nacionales”.
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Superado el abordaje de las cuestiones prejudiciales, el debate sobre la validez de la norma se retomará este martes, a partir del borrador de la vicepresidenta de esta corte, la progresista Inmaculada Montalbán, que en términos generales avala la ley que acordó borrar la responsabilidad penal, administrativa y contable en las causas del procés.
El borrador declara constitucional la práctica totalidad del texto al sostener, en esencia, que el TC no debe entrar a valorar los motivos políticos que llevaron a su aprobación en las Cortes, sino únicamente si la norma es incompatible con la Constitución.
“El concreto objetivo político que con la ley pretenda conseguir el legislador no es cuestión que incumba a este tribunal”, señala el borrador de Montalbán, quien en respuesta al PP, que achaca la amnistía a “una transacción política para asegurar la investidura”, señala que todas las leyes responden a “criterios de oportunidad política”.
Respecto a la constitucionalidad de la amnistía, la ponencia indica que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí”.
En paralelo, el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió ayer a los magistrados “decentes” del TC que no acudan a los plenos sobre el recurso de la ley de amnistía para impedir validar la norma por falta de quorum establecido en un mínimo de ocho magistrados.