La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña que de por concluida la instrucción respecto del empresario Javier Pérez Dolset y le ponga a las puertas del banquillo de los acusados por vaciar su empresa, Zed World Wide. Después de ocho años de instrucción, el fiscal concluye que existen indicios suficientes para llevar a juicio a Pérez Dolset junto a otras trece personas, entre otros miembros de su familia, por presuntamente apropiarse de 23, 5 millones de euros vaciando la empresa. A esta cifra se suma otros 14 millones de euros que se habrían distraído y apropiado a través de la falsificación de facturas. Y a esto se añade un fraude a las Administraciones Públicas de alrededor de 30.000.000 euros.
Según la Fiscalía, los investigados podrían haber cometido los delitos de fraude de subvenciones, falsedad en documento mercantil, delito societario, otro de insolvencia punible, y uno de blanqueo de capitales.
Anticorrupción ha constatado “maniobras ilícitas” de Pérez Dolset, tal y como consta en el escrito presentado en el juzgado por el que se pide la transformación en procedimiento abreviado y al que ha tenido acceso La Vanguardia. El nombre de este empresario ha empezado a sonar recientemente por sus vínculos con Leire Díez, una militante del PSOE a quien se ha calificado de “fontanera” del partido para buscar información comprometida de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigaciones como la de la mujer del presidente del Gobierno o de la de los dos exsecretarios de organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Entre otras operaciones, tal y como se publicó en diversos medios, estaba la de atacar al fiscal del caso Zed.
Pérez Dolset dice ser una víctima de ‘lawfare’ o de las cloacas del Estado por la apertura de una investigación abierta sobre él en el que se le acusa de “detraer patrimonio” de Zed en su propio beneficio. Fuentes jurídicas sostienen que la campaña iniciada por este empresario es para enmarañar la investigación y así evitar ser enjuiciado alegando falsas nulidades.
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En el escrito, la Fiscalía le acusa de conseguir también un beneficio personal, falseando condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones y préstamos de diversas Administraciones Públicas por valor de 30 millones de euros. Pérez Dolset fue detenido en 2017 por orden de Anticorrupción tras presentar una querella en la Audiencia Nacional en la que se determinaba que el empresario, ante la situación de riesgo de insolvencia creada por las actuaciones de sus “accionistas rusos”, inició, junto a personas de su confianza, una serie de acciones dirigidas al desvío de fondos de Zed “para destinarlos a fines propios, con abuso de las funciones rectoras de la compañía, en detrimento de la sociedad y contribuyendo de forma relevante a la situación de insolvencia”.
Para ello, creó un “entramado societario” –recoge el escrito- ajeno al grupo Zed, “destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios, de los perjudicados la insolvencia”. Todo esto habría provocado, según la Fiscalía, la situación de insolvencia económica de la compañía.
De la investigación realizada a lo largo de estos años, Anticorrupción considera acreditado de manera indiciaria la existencia de una “facturación ficticia” de empresas del grupo con sociedades controladas por varios de los investigados, vinculados laboralmente al grupo.
Según el escrito, la emisión de estas facturas no respondió a prestaciones reales y “se realizó con el propósito de aparentar un volumen actividad inexistente o para deslocalizar fondos de dicho grupo, con la cooperación necesaria de sus empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset”.
Facturación falsa
Para la Fiscalía, entre las manipulaciones económicas dirigidas por Pérez Dolset, secundado por su círculo familiar y profesional, “se ha constatado un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtener las mismas, así como las condiciones de ejecución”. La cantidad defraudada superaría los 30 millones de euros. “ La obtención de ayudas públicas se realizó con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos ni de las subvenciones”, añade el escrito.
Las sociedades objeto de investigación obtuvieron 48,8 millones de euros de fondos públicos procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entre los años 2011 y 2015. Dicha obtención, se habría realizado mediante ficción en la concurrencia de los requisitos de concesión y mediante el incumplimiento premeditado de las condiciones establecidas en los expedientes. Estos fondos tomaron la forma de subvenciones (4.677.408 euros) y préstamos (44.161.792 euros) y se obtuvieron al amparo de ocho programas de ayudas ofertadas por la referida Secretaría de Estado.
Asimismo, dos de las empresas investigadas también obtuvieron fondos públicos por importe de 6,5 millones de euros procedentes de tres programas del Ministerio de Economía los años 2011, 2012 y 2014. Según la Fiscalía, estas ayudas tomaron la forma de subvención directa, por importe de 1,5 millones de euros, y préstamos, por 5 millones de euros.
Con el objeto de engañar a las Administraciones Públicas, Pérez Dolset, con la connivencia de otros dos investigados, crearon varias sociedades: ‘Comunicaciones Big Bay, S. L.’, ‘Bay One Ltd’, ‘Bay Two Ltd’, ‘Company 82 Technologies and Applications, S. A. R. L.’ y ‘Company 86 Technologies and Applications, S. A. R. L.’ “Fueron creadas y utilizadas con la exclusiva finalidad de simular la prestación de servicios a empresas del grupo Zed para que estas pudieran imputar dichos gastos a los proyectos subvencionados la administración, proyectos que han resultado ser inexistentes o fraudulentos”, subraya el escrito. Estas facturas ascenderían a 14 millones de euros. Además, ese dinero habría salido del grupo Zed “pasando en engrosar el beneficio de los investigados”.
